{mosimage}{mosimage}Entrevista a Felipe Campos
DA.- La Sección Segunda de la Sala Contecioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado el recurso interpuesto por la Plataforma Contra la Instalación de Plantas de Asfalto en el Valle de Aridane para impugar la aprobación del Plan Insular de Ordenación de La Palma (Piolp) y, más en concreto, lo referente a la zona industrial del Callejón de La Gata, donde inicialmente se iban a instalar dos plantas de esta naturaleza, que con la lucha en los tribunales de este colectivo consiguieron que se eliminaran.
Señala el citado auto, después de analizar varios fallos judiciales sobre esta materia, que el “legislador autonómico, no cosideró procedente seguir manteniendo dentro de su normativa competencial , la aplicación de la distancia única de 2.000 metros referida en el reglamento de 1961, por pretender articular otras medidas más adecuadas a cada caso concreto”, refiriendo esta cuestión a los artículos de la Ley 1/1998 que ya prevén respecto a cada situación los mecanismos en forma de la adopción de medidas correctoras atendiendo a cada caso concreto.
En cuanto al hecho de que el Plan Insular no concreta los usos pormenorizados que pueden implantarse en esta zona industrial, otro de los motivos de la demanda, la sentencia señala que esta función le corresponde al Plan General del municipio, de ahí que “la distancia a núcleos de población no es posible medirla sin conocer su ubicación exacta”.
La Plataforma también recurrió el Plan Insular porque, a su juicio, incumplió la participación pública con el informe de sostenibilidad ambiental. Pretensión que también rechaza la sala al entender que los demandantes no concretan a qué información o participación se refieren, ni cuáles son las modificaciones sustanciales que obligarían a realizar un nuevo trámite de información pública.
Igualmente, ante la demanda de que en dicho informe de sostenibilidad no se han identificado los efectos que puede ocasionar sobre el medio ambiente la creación de una gran zona industrial en el municipio de Los Llanos de Aridane, sin mencionar los previsibles efectos contaminantes y su afección sobre la salud, la sala aclara que esta afirmación “no es exacta” dado que para esta área es de aplicación una serie de determinaciones ambientales sobre los usos industriales de carácter geenral y de aplicació directa.
por último, cabe destacar que ante esta sentencia puede plantearse un recurso de casación ante la Sala Contencioso – Adminitrativo del Tribunal Supremo, “pero solo si el recurso pretende fundarse en la infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido”. El auto no impone costas.
