La ACD solita a la fiscalía que amplíe la investigación sobre el caso corredor y la imputación de nuevos delitos a los implicados

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{mosimage}SB-Noticias.– En un documento entregado esta semana la Asociación Comarcal Democrática ha puesto de manifiesto irregularidades  que entiende que podrían ser indicios de delitos que habrían sido cometidos por el alcalde de La Laguna y otros miembros de la corporación municipal, el mundo empresarial  y la Policía Local.

En la primera de las tres partes del documento ponen en evidencia que el alcalde podría incurrir en usurpación de funciones, intrusismo y prevaricaón al mediar en la contratación de personal de la empresa URBASER no solo por ser alcalde con dedicación exclusiva sino por  no pertenecer legalmente a ninguna agencia de colocación, además de haber suplantado a otros órganos municipales que son los encargados de tener bolsas de trabajo y colocar a los parados.

El texto también refleja la necesidad de investigar las relaciones entre el empresario Amid Achid y Fernando Clavijo y el resto de la corporación lagunera, los motivos de la aparición y desaparición de los aparcamientos en el proyecto del nuevo mercado, así como la coincidencia de estos hechos con las llamadas interceptadas entre el alcalde y el empresario y la influencia que estas podían tener sobre el concejal Miguel Ángel Gonzales, el Administrador del Mercado y los comerciantes asistentes a la reunión del 20 de noviembre de 2014 en la casa de los capitanes, donde se decidió la retirada de los aparcamientos del proyecto para reinstaurarlos tres semanas después.

La última parte del documento da la alarma sobre la posibilidad de que Fernando Clavijo hubiera mantenido la costumbre que insinúa el auto de usar a la policía en beneficio suyo y de sus allegados y amigos durante su etapa de Concejal de Seguridad Ciudadana, y que con el tiempo hubiera premiado con privilegios anómalos a los agentes que llevaban a cabo dichas irregularidades.

En este sentido pone en el centro de atención al hasta hace poco Jefe de Policía Local de La Laguna, Pérez Siverio, que a pesar de carecer de la formación requerida para el puesto ascendió a él mediante un decreto del alcalde que apelaba a la Dispensa de Grado para darle una categoría que no le correspondía. La Dispensa de Grado fue una técnica usada por muchos municipios para que sus funcionarios pudieran obtener en 6 meses titulaciones equivalentes a de 3 a 5 años de carrera, pero que se dejo de usar y ha sido anulada en muchos de ellos porque constituye una infracción penal tanto para el que la concede como para el que la recibe, y que ya había sido declarada ilegal por el tribunal constitucional antes del nombramiento de Siverio.

También la propia justicia canaria se había pronunciado en contra hace más de diez años, y ahora la Asociación Comarcal Democrática solicita a la fiscalía que indague en asunto para averiguar si a través de estas Dispensas de Grado el alcalde se estaba asegurando no solo de pagar los servicios prestados, sino de tener en los principales mandos a los más dispuestos a seguirle ciegamente incluso por encima de lo que exige y permite su profesión, desde en los asuntos de acoso a determinados locales mientras se hacía la vista gorda con otros, hasta la cuestión del trato discriminatorio a determinados colectivos ciudadanos y la expulsión de edificios públicos de los ciudadanos más críticos con la gestión del ayuntamiento.

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