Santiago Pérez
{mosimage}{mosimage}Entrevista a Santiago Pérez
Cuando alguno se envalentona a hacer propuestas –o simples ocurrencias– sobre asuntos complejos, es un ejercicio recomendable el de imaginarse cómo funcionarían las cosas al día siguiente. De suprimir la COTMAC, claro. Me parece un buen punto de partida, la constatación reiterada de que buena parte de la corrupción se cuela en la estructura política por la planta baja, es decir por los ayuntamientos y demás entidades locales.
En mi opinión, la causa fundamental de ese fenómeno es el impresionante déficit de control de la legalidad de los acuerdos de los ayuntamientos. La Administración municipal disfruta de todas las prerrogativas de las Administraciones Públicas, y por ello sus acuerdos –ya sea aprobando normas o actos de ejecución– gozan de la presunción de legalidad y son inmediatamente ejecutables.
¿Pero quièn ejerce el control de la legalidad, ya que la autonomía locales una autonomía en el marco de la Ley? En realidad, nadie.
El control previo, no lo pueden ejercer eficazmente ni la Secretaría ni la Intervención, ya que su status se ha visto debilitado en las dos últimas décadas por la presión del sindicato de alcaldes, la FEMP, sobre los gobiernos estatales de turno. Ni sus Informes de legalidad son vinculantes, ni disfrutan de la independencia imprescindible para controlar a los gobiernos municipales que, a su vez, deciden sobre aspectos muy importantes de la vida profesional de esos funcionarios.
De hecho, la reciente reforma de la Ley de Régimen Local para fortalecer tímidamente la independencia de secretarios e interventores de las entidades locales, ha sido duramente contestada por los alcaldes.
El control a posteriori tampoco lo efectúan en serio ni la Administración del Estado ni la de las Comunidades Autónomas, ya que lo ejercen discrecionalmente y teniendo en cuenta a menudo el color político del gobierno municipal.
El Ministerio Fiscal, a denuncia de parte. Parte interesada en denunciar puede ser la oposición, las asociaciones ciudadanas o los propios vecinos, a título individual. Pero ni la propia Fiscalía podría digerir esa función, ni las unas ni los otros tienen el deber legal, ni disponen de medios para controlar una actividad que se traduce diariamente en cientos, miles de normas y resoluciones que se aprueban y se ejecutan, creando situaciones prácticamente irreversibles. Y, con una frecuencia inadmisible en un Estado que se dice de Derecho, ilegales y hasta delictivas.
El Gobierno de Canarias y la COTMAC no formulan los planes generales de ordenación. Esto corresponde a la autonomía municipal. Pero sí controlan el cumplimiento por parte de los ayuntamientos de la legalidad de ordenación territorial, urbanística y ambiental, en la que hay que incluir el planeamiento de ámbito territorial superior al municipal (Directrices regionales, Planes Insulares de ordenación), antes de aprobar definitivamente los Planes Generales.
La legislación y el planeamiento son muy complicados en nuestro Archipiélago, aunque pero esa maraña legislativa no nació por generación espontánea, sino que fue aprobada por sucesivos gobiernos (casi siempre de CC y PP), cuyos dirigentes esgrimen ahora el eslogan de la “simplificación” como si fuera un mantra. Por cierto: la crisis económica y sus efectos sobre el desbocado sector inmobiliario de estos lares, les sirve de coartada perfecta.
Mi opinión es que la excesiva complicación legal –que acaba dificultando la certeza del Derecho y la seguridad jurídica– y la “simplificación” producen idéntico efecto pernicioso: incremento de la discrecionalidad y quiebra de la igualdad ante la Ley. En realidad eso es la querencia del sistema de poder establecido en Canarias desde hace más de un cuarto de siglo y lo que continuarán intentando, a pesar de las nuevas consignas. Ejemplo práctico de ello son los Proyectos de Ley tramitados en esta legislatura bajo la divisa de la simplificación y clarificación, que han sido criticados rotundamente por el Consejo Consultivo, porque ni simplifican ni clarifican nada. O, sin ir más allá, el Proyecto de inversiones estratégicas, que lo único que pretende es incrementar la discrecionalidad del gobierno de Canarias, al que atribuyen una patente de corso para saltarse el planeamiento. Como el Consejo Consultivo ha remachado: sustituir la cultura de “planeamiento”, sobre la que se asienta todo nuestro sistema legal, por la de proyecto. En realidad, sustituir el principio de que toda transformación del territorio necesita tener cobertura en el planeamiento, por la de simplemente necesitar una autorización gubernativa.
Imaginémonos ahora qué pasaría en Canarias con 81 ayuntamientos aprobando definitivamente, por su propia autoridad, los PGOs.
A parte de convertir cada Isla en una pieza de patchwork, en una manta trapera, la ejecutividad inmediata de esos Planes Generales produciría transformaciones irreversibles en el territorio y en nuestros recursos naturales.
A no ser que se estableciera un procedimiento de justicia provisional en el que se atribuyera a una autoridad supramunicipal el deber estricto de recurrir cada Plan que incurriera en ilegalidad, se le proporcionaran recursos humanos y técnicos para hacerlo y, sobre todo, la impugnación tuviera automáticamente efectos suspensivos. Es decir, se trocara la presunción de legalidad en presunción de ilegalidad, cuando existan Informes que cuestionen la legalidad del nuevo Plan. Pero entonces, ese órgano sería algo muy parecido a la actual COTMAC, aunque actuando en un contexto jurídicamente más complicado, especialmente para los agentes económicos, a los que la aprobación “definitiva” del Plan habría creado expectativas que quedarían frustradas, al menos hasta que hubiera Sentencia definitiva.
De todos modos, un sistema así es hoy por hoy casi impensable.
El problema que empieza a tener alguno, acostumbrado a actuar más a golpe de frases publicitarias más que con conocimientos y argumentos, es que puede haber acabado creyendo que todo el monte es orégano. Y proponiendo a diario fórmulas simples y demagógicas para resolver asuntos complejos.
O que, en la misma disertación y sin mosca , recite una salmodia contra las prospecciones y proponga una medida de consecuencias devastadoras sobre el territorio y los recursos naturales de Canarias. Este Archipiélago tan nuestro, aunque algunos hayan llegado a creerse que es suyo, de ellos.