EL BAR DE PEPE
Joaquín Hernández
{mosimage}El Tribunal Constitucional nos ha dado una lección de cómo llevar a la práctica la ansiada Justicia “exprés”, una rapidez inaudita en solventar los problemas en competencias constitucionales entre la Ley de Consultas de la Generalitat Catalana y el Estado Español nos ha llevado a esta reflexión.
Comparar el caso de Escocia con el de Catalunya es un error. Es cierto que los escoceses no tienen ni el 30% de las competencias que el Gobierno español ha transferido al Gobierno catalán pero no es menos cierto que los ingleses nos han dado, nuevamente, una lección democrática difícil de entender en esta dictacracia que tenemos que soportar los españoles, todos los españoles, es decir todos los pueblos que formamos esto que aun se llama España.
Negar el deseo de una parte de un pueblo en decidir, democráticamente, su futuro no es ni más ni menos que negar la esencia misma de toda democracia que se precie: el pueblo es soberano y dueño de su propio destino.
¿Pero qué es lo que ha negado el Tribunal Constitucional, qué dice el texto de Ley de Consultas de la Generalitat? El tema es el siguiente:
La ley va a permitir, por ejemplo, que la gente decida si su ayuntamiento debe construir un pabellón o una biblioteca; si acepta extracciones de gas en su costa; o si se amplía la prohibición de usar animales salvajes en los circos a los domésticos.
¿Quién las puede convocar?
Pues el presidente de la Generalitat, el Parlament, los ayuntamientos, las diputaciones y los consejos comarcales, siempre dentro de sus competencias. Además, también las pueden impulsar los ciudadanos, recogiendo un mínimo de 75.000 firmas.
Es importante destacar que se trata de consultas y no de referéndums, con lo que el resultado no será vinculante.
Pueden participar los catalanes mayores de 16 años que vivan en Cataluña; los apuntados en el registro de catalanes en el extranjero; ciudadanos comunitarios que lleven más de un año viviendo aquí, y gente de otras nacionalidades con tres años de residencia legal.
Estas limitaciones para los extranjeros pueden relajarse en los distintos decretos de convocatoria. La ley tiene en cuenta varias modalidades de voto: la presencial, la anticipada por correo o por depósito, y, cuando la logística esté lista, también la electrónica.
Pues si la consulta soberanista no es vinculante, o sea no sirve para nada o sólo para saber cuántos catalanes y residentes en Catalunya querrían seguir perteneciendo a España y los que al contrario preferirían una independencia de los países catalanes del contexto del Estado Español ¿Dónde está el problema?
Prohibir por prohibir argumentando inconstitucionalidad de la citada Ley de Consultas es otro grave error de Rajoy que, apoyado por el Partido Socialista Obrero Español, pagaremos todos, catalanes y no catalanes, simpatizantes o no. Estamos imponiendo la Ley del más fuerte basándonos en una Constitución que a todas luces debemos reformar por el bien de todos. Sigo insistiendo que España necesita un nuevo orden político y social donde sea el pueblo el que pueda decidir libremente, no sólo cada cuatro años, sobre cuestiones fundamentales de su vida, no podemos dejar, al deseo de poderes fácticos y oscuros, nuestras vidas. ¿Es constitucional que no se tenga en cuenta la voluntad popular y se decida salvar a un sector de la banca mafiosa y corrupta a costa del pueblo recortando derechos constitucionales de todos los españoles? ¿Es constitucional la Ley Hipotecaria y los desahucios cuando el propio Tribunal de Justicia Europeo considera ilegal dicha Ley? ¿Si es constitucional el derecho al trabajo, la salud y la vivienda por qué no se cumple la Constitución en ese aspecto? ¿Qué clase de Constitución tenemos los españoles que permite vender nuestro país a intereses espurios argumentando el “bien común” y el “interés general”?
España, toda la península Ibérica, incluido portugueses, tenemos graves problemas que resolver. La miseria y el hambre nos rodean amenazando acabar con nosotros y el futuro de nuestros hijos, cambiemos lo que tengamos que cambiar en signo positivo. Poner mordazas en las bocas de la gente solo conducirá a la rebeldía del pueblo, a la insumisión, a la desobediencia civil y al desastre. Tanto si es si como si es no los pueblos tienen derecho a su autodeterminación, que simplemente es el derecho del pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, su desarrollo económico y socio cultural y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad.
No convirtamos a los catalanes en mártires de la dictacracia, eso es muy peligroso.