Afirman las afecciones por este tipo de asistemáticas suponen un problema muy grave para miles de personas en el municipio
{mosimage}SB-Noticias.– El portavoz del Comité Local de Sí se puede en La Laguna, Rubens Ascanio Gómez, asegura que los ámbitos asistemáticos del Plan General, concretamente las asistemáticas 3 (A3), implicarán un coste de más de 58,4 millones de euros para las personas afectadas, tal y como se reconoce en la página 19 del estudio de sostenibilidad económica del PGO.
El documento del PGO indica que con las asistemáticas de tipo 3 el Ayuntamiento tendrá que invertir unos 22,5 millones de euros, mientras que los vecinos y vecinas deberán pagar más de 58,4 millones de euros, “unas cantidades que nos hacen sospechar de un fuerte incremento de estas cifras, ya que los propios documentos recogen que estas cantidades cubiertas por la administración no serán más del 10% del total de las mismas, lo que daría una cantidad total que nos parece un auténtico disparate”. El portavoz ecosocialista asegura que teniendo en cuenta esta documentación, la inversión que deberán asumir los residentes supera a la cantidad que pagará en Cabildo, unos 39,6 millones de euros.
Las afecciones por este tipo de asistemáticas suponen un problema muy grave para miles de personas en el municipio, una cuestión que según Ascanio, “no se está informando correctamente en la Gerencia de Urbanismo, que ha optado por no hacer el más mínimo esfuerzo informativo en el actual proceso de exposición pública”. Recuerda que por el momento han detectado este tipo de asistemáticas en multitud de espacios, destacando las existentes en los caminos de San Fracisco de Paula, del Medio, Las Mercedes, Jardina, El Pino, San Diego, Vereda Chica, La Villa, San Lázaro, La Cañada, Garimba, Lomo Solís, Pico Bermejo, Arico, el entorno de la calle Manuel de Vera o la Urbanización Collazos.
“El Gobierno municipal de CC-PSOE está pidiendo que algunos residentes paguen la urbanización del municipio, mientras que a los promotores y otros amigos se les adjudican asistemáticas 2, pagadas por la administración pública”, manifiestan.
En la formación ecosocialista entienden que como el resto de titulares de fincas del conjunto del municipio los vecinos y vecinas de estos ámbitos ya costean sus correspondientes impuestos (fundamentalmente del IBI, y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica), y es la propia administración pública municipal la que gestiona estos impuestos, y junto a otras ingresos determina a través de sus presupuestos en qué invertirlos. “Si con los impuestos de los vecinos se han costeado inversiones que han supuesto una mejora sensible en otras partes del municipio carece de lógica que se les obligue a costear una actuación que conlleva obras ordinarias, incluso costeando la obtención del suelo”, explican.
Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías, concejales de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, han exigido hoy al alcalde, José Manuel Bermúdez, la destitución inmediata y fulminante del edil delegado de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, después de que la Junta de Gobierno ordenara hoy la paralización del cobro de la tasa de cementerios.
Esta medida, que fue solicitada con carácter de urgencia por Sí se puede la semana pasada –desde que se tuvo constancia del cobro–, cuestiona las declaraciones del concejal Arteaga, que en todo momento justificó el cobro de esa tasa, pese a que, como ha denunciado la organización ecosocialista, se lleva a cabo ilegalmente, pues es un funcionario con habilitación estatal, y no una empresa privada, quien debe cobrarla.
Además, un informe del Ayuntamiento señala que Cetensa, como adjudicataria del servicio de cementerios, tiene que mantener el equilibrio financiero sin establecer una tasa de mantenimiento. Sin embargo, Arteaga ignoró el criterio de los técnicos municipales y repitió insistentemente la semana pasada que el cobro era correcto, en una defensa de la empresa Cetensa que a Sí se puede le resulta cuando menos chocante en un representante público.
Arcila y Frías piden la destitución de Arteaga “por su manifiesta incompetencia en la gestión de los servicios públicos y por velar por los intereses de las empresas privadas que los desarrollan antes que por el interés público”. Además, el edil lleva todo este mandato desoyendo a los técnicos en relación con el asunto de los cementerios y ocultando durante años informes municipales, “y aquí llueve sobre mojado, porque está ocurriendo lo mismo que se ha hecho respecto a Emmasa, con el añadido de que no han sido tenidos en cuenta acuerdos plenarios que exigen una auditoría a Cetensa”, añadieron los ediles.
La gestión del caso cementerios por parte de Bermúdez y su equipo ha sido una auténtica chapuza, según Sí se puede, un extremo que queda nuevamente de manifiesto por la improvisación con la que ha actuado el alcalde, aprobando en el Pleno una ordenanza para el cobro de una tasa con el voto de CC y PSOE y ordenando hoy a Cetensa paralizar su cobro una vez que esta comenzara a hacerlo.
Este modo de actuar se hace también patente con recientes declaraciones del alcalde en las que dijo que la tasa cuyo cobro ha quedado paralizado es una tarifa, “algo totalmente incorrecto, y no sabemos si lo hace por ignorancia o con la pretensión de crear confusión entre la población –señalaron hoy los ediles–. Las tasas son tributos y no puede cobrarlas una empresa privada, ni siquiera con autorización municipal”.
“Nosotros venimos manteniendo desde hace tiempo –añadieron– que Coalición Canaria no es un partido nacionalista, sino multinacionalista, porque en lugar de defender los intereses de los ciudadanos protege a las grandes empresas a las que ha entregado los servicios públicos esenciales de la ciudad –afirmaron–; y ahora el propio Bermúdez nos da la razón al decirnos que Cetensa hace exactamente lo mismo que Sacyr-Vallehermoso desde que se hizo cargo de la gestión de Emmasa”.
