Santiago Pérez
{mosimage}Respeto a quienes crean que el petróleo puede ser algo bueno, incluso la gran panacea para esta tierra.
Pero rechazo cómo se han autorizado las prospecciones y estoy convencido de que, si la actividad petrolera se convirtiera en algo importante en la vida del Archipiélago, los efectos negativos superarían con creces a los positivos.
Y no pienso solo en la defensa de la naturaleza canaria: pienso también en la contaminación que se produciría en el medioambiente social e institucional tan frágil como el de Canarias. Por eso mi posición ha sido siempre: NO al petróleo.
En el primer capítulo parlamentario (2005) de esta larga historia de las prospecciones defendí –cuando no se sabía si CC, aliada entonces del PP, se subía o se bajaba de las plataformas petrolíferas– que el Estado tenía más que sobradas competencias para conceder las autorizaciones a Repsol; pero que no debía hacerlo unilateralmente porque afectaría a competencias fundamentales de la Comunidad canaria. El más elemental entendimiento de un sistema de naturaleza federal exigía y exige resolver este asunto mediante acuerdo, porque las competencias no se pueden separar con bisturí. Es la lealtad federal, esa que tantos invocan sin creer en ella.
Ahora, en plena dialéctica centralismo/victimismo, queda cada vez más claro lo que Soria y Paulino vienen buscando: que estés con uno o con el otro. Ya casi no hay espacio para defender medioambiente, canariedad, democracia y federalismo (o Estado autonómico si lo prefieren), desde la propia lógica de una Constitución y de un pacto político concebidos para la convivencia entre las personas y los pueblos de España.
Recordando a Enmanuel Sieyés, durante la etapa más turbia de la Revolución Francesa, a veces cuando es de noche sólo cabe esperar a que amanezca.
Impugno directamente el Pauliscito, porque es un fraude de ley. En realidad, un fraude contra una constitución democrática. Y me entristece comprobar cómo se están manipulando el amor a esta tierra y las exigencias de participación política de tantas personas de buena voluntad.
Es un fraude de ley porque el tándem Paulino/Spínola está diariamente jugando al filo de la navaja de lo que permite una mediocre Ley canaria de fomento a la participación ciudadana, para conseguir un objetivo directamente contrario a los principios y garantías democráticas de los pueblos civilizados, que son los que la Constitución reconoce y protege.
Porque vienen anunciando a los cuatro vientos que el resultado de un procedimiento orquestado por el Gobierno de cabo a rabo, empezando por la pregunta, expresará la voluntad del pueblo canario “vinculante políticamente para el Gobierno canario” (¡y hasta para el gobierno estatal!).
Es decir que la respuesta de quienes se inscriban en un censo controlado por el Gobierno, después de una campaña sin garantías de respeto al pluralismo, y emitan su opinión/voto ante ¿colegios electorales? dispuestos por normas gubernativas, cuyos resultados serán escrutados y proclamados bajo la inapelable autoridad del propio Ejecutivo, se deberá respetar COMO voluntad del pueblo canario expresada en un referéndum.
¿Cómo se puede atribuir al pueblo canario un pronunciamiento sin haber sido convocado como cuerpo electoral, en el que ni censo, ni procedimiento están bajo la responsabilidad de una autoridad electoral independiente del gobierno convocante, y toda la convocatoria y cada una de sus fases sin la menor garantía judicial?
Muchas veces he pensado en los últimos años que la gente de mi generación que no se comprometieron en serio en la lucha antifranquista, teniendo edad para hacerlo; los que no hicieron nada más que “correr ante los grises” ocasionalmente, y luego han desempeñado importantes responsabilidades en la democracia, tienden a considerar frívolamente la democracia como un mero juego de cartas en el que, con tal llegar y seguir en el poder, las trampas valen.
En el corre-corre de permanente ejercicio del poder no han tenido tiempo de pensar un poco en la democracia, en cuáles son las reglas que deben ser preservadas a toda costa. Ni de tomar en cuenta enseñanzas de la historia que no deben caer en el olvido: cada vez que se tolera que los fines se impongan a los medios, cada vez que los demócratas y la gente de buena voluntad arropan un fraude democrático porque coinciden con los gobernantes “en el fondo del asunto”, sientan un precedente que más temprano que tarde se convertirá en arma de los enemigos de la democracia. Y quienes aplaudieron el primer atropello habrán fabricado la coartada para el segundo y quedarán inermes ante sus consecuencias.
Y me gustaría que esto lo desmintiera el taciturno Vicepresidente, que no sabe de Derecho pero sí de Historia.
Porque la democracia es un modo de convivencia al que definen precisamente los procedimientos, las garantías.
Y en la madrugada resuena un eco en el caserón lagunero, tan viejo como Montesquieu: “C´est un expérience éternelle que tout homme qui a pouvoir, est porté á abuser”.
Santiago Pérez, ex portavoz socialista en el Parlamento de Canarias y profesor de Derecho Constitucional. La Laguna, 4 de octubre de 2014, el año del pauliscito.