El Gobierno canario avisa de que «no» van a incumplir la ley para hacer la consulta de las prospecciones

{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, ha avisado este jueves de que "no" van a incumplir la legislación vigente para hacer la consulta popular sobre las prospecciones prevista para el 23 de noviembre, si bien está a la espera de que el Ejecutivo central se pronuncie al respecto, tras el dictamen que realizará el Consejo de Estado hoy.

"Apoyamos la consulta popular y apoyamos respetar la ley. Creemos que la consulta popular se va a hacer porque no hay motivo alguno para que el Tribunal Constitucional (TC) la anule; si se produjera cualquier incidente jurídico con respecto a la consulta, ya analizaríamos las causas y las consecuencias. No la vamos a incumplir –la ley–", apostilló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno cuestionado si el Ejecutivo canario apoyaría otra consulta popular sobre los sondeos que pretenden realizar las organizaciones ecologistas si el Gobierno central recurre la del Gobierno autonómico.

Rodríguez incidió en que el Gobierno de Canarias respeta las leyes, apuntando que tiene una hoja de ruta con la que "va a seguir adelante, siempre dentro del estricto cumplimiento de la legalidad", insistiendo en que si se plantea "alguna cuestión de legalidad" la estudiarán y se dará respuesta, "siempre dentro del marco legal". De todos formas, afirmó que valoran "mucho" que colectivos sociales "se preocupen" en este sentido.

Rodríguez también ha señalado que "no saben nada" del dictamen contra la consulta canaria sobre prospecciones del Consejo de Estado, ya que indicó que normalmente no se hace público, sino que se envía directamente al Consejo de Ministros.

Por otro lado, en relación a las declaraciones del presidente canario, Paulino Rivero, citando a empresas con acciones en Repsol y que tienen inversiones en el archipiélago, Rodríguez ha puntualizado que el Ejecutivo regional "no se ha planteado ninguna acción concreta".

De todos modos, matizó que Rivero "se limitó a describir un hecho real, si se encuentra petróleo y se lo lleva gratis Repsol, los principales beneficiarios van a ser sus accionistas, los canarios no vamos a ver ni un duro".

Asimismo, citó la actual Ley de Minas para afirmar que cuando se concede "una licencia de investigación, junto a la licencia, tiene los derechos de explotación de lo que encuentre al 100 por 100. No como en Noruega, que el 66 por ciento del petróleo es propiedad pública y es propiedad de los noruegos".

En este sentido, respecto a las críticas que ha recibo Rivero de los empresarios canarios por esas declaraciones, Rodríguez subrayó que el "problema es que no lo entendieron".

PREOCUPACIÓN

Por otro lado, respecto al anuncio de la empresa turco-británica Genel Energy que confirmó la localización de petróleo en el pozo Sidi Musa-1, ubicado frente a las costas de Marruecos y a unos 200 kilómetros de las Islas Canarias, Rodríguez recordó que el Gobierno regional ha solicitado al Estado que exija a Marruecos la "máxima garantía de seguridad" si finalmente se explota.

Aún así, el viceconsejero regional de Presidencia matizó que donde se ha localizado petróleo en Marruecos "está en aguas poco profundas", mientras que las que se quieren realizar en aguas cercanas a Canarias "está en aguas muy profundas, y el nivel de riesgo no es el mismo y ni siquiera parecido; el riesgo es mucho mayor," de ahí que reconoció que preocupa la posibilidad de que se produjera un derrame en el país vecino.

Finalmente, y en relación a la reunión solicitada por Rivero al Rey Felipe VI, afirmó que no han recibido respuesta.

 

Mostró su oposición a un texto que, entiende, adolece de vicios formales y materiales que lo hacen gravemente lesivo para los ciudadanos residentea en Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy impugnar el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberalización del dividendo digital.

El Gobierno mostró su oposición a un texto que, entiende, adolece de vicios formales y materiales que lo hacen gravemente lesivo para los ciudadanos residente en la Comunidad Autónoma de Canarias, además de tener incidencia negativa en materia de competencia compartida entre el estado y Canarias.

En concreto, varios son los motivos por los que el Gobierno ha decidido impugnar el citado Real Decreto:

– Así, por un lado, el Gobierno de Canarias entiende que el Real Decreto hace un defectuoso cumplimiento del trámite de audiencia del procedimiento de elaboración.

– Al mismo tiempo, considera que se produce una posible colisión de títulos competenciales propios del Estado y de la Comunidad Autónoma en materia de comunicación audiovisual.

– En tercer lugar, el Real Decreto ignora el mandato recogido en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, que insta a tener en consideración, en el proceso de cobertura, las especiales circunstancias que concurren en Canarias como región utlraperiférica, "de modo que las coberturas alcanzadas por el servicio público de la televisión digital terrestre sean equivalentes a las de las restantes comunidades autónomas". El Gobierno de Canarias considera no solo que este mandato de cobertura mínima no es observado, "sino que, por la vía de los hechos, endosa tal responsabilidad a las administraciones públicas en general, lo que en la práctica solo se puede entender como las administraciones locales y autonómica".

– Además, el Gobierno de Canarias considera impugnable la omisión de la delimitación de las obligaciones de cobertura en ámbitos inferiores al de la licencia que contiene el Real Decreto. Una situación que "hace materialmente imposible para las administraciones que no otorgan las licencias, pero que se ven compelidas a ello (según la disposición adicional 8ª del texto legal), conocer cuáles son los límites territoriales exigibles a los prestadores del servicio en virtud de sus licencias.

– Igualmente, el Gobierno de Canarias entiende que el Real Decreto hace "inobservancia" de la situación creada por la Decisión de la Comisión Europea en junio de 2013, que determinó que "el Reino de España había otorgado ayudas ilegales, por contravenir el principio de neutralidad tecnológica, habiendo privilegiado a la televisión digital terrestre sobre el satélite u otras alternativas al extender la cobertura mediante programas públicos".

Por otro lado, el Gobierno de Canarias ha tratado sin éxito obtener una respuesta del Ministerio con respecto a las cuestiones planteadas, por lo que ha tomado la decisión de interponer un recurso judicial contencioso-administrativo, con el fin de declarar la invalidez del Real Decreto 805/2014, así como la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado si fuera conveniente.