Continúa el proceso judicial por el caso Parque Marítimo

El abogado, denunciante ante la Fiscalía de las presuntas irregularidades y negocios ilícitos que han tenido lugar en el Parque Marítimo, ha aclarado que, en estos días y hasta el próximo lunes, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz se está tomando declaración a altos funcionarios y Jefes de Servicio del Ayuntamiento de Santa Cruz así como al arquitecto redactor del Estudio de Detalle, particularmente sobre la presunta falsificación de dicho documento, que después fue anulado en los tribunales y que se requería con carácter preceptivo para poder legalizar los negocios que, de forma ilícita, se han venido desarrollando durante años en el Parque Marítimo

La segunda causa penal que se sigue, ha señalado Campos, se refiere a la presunta malversación de caudales públicos que se cometió en el parque marítimo y al   presunto tráfico de influencias por la presunta presión que se hizo sobre una funcionaria, responsable de la concesión de la licencia que se requería para legalizar los negocios del parque marítimo, una Jefa de Servicio que se negó a firmarla, como se le pedía, y que fue  presionada, como ella misma declaró ante la policía, para que cambiara su decisión.
 
Con respecto a la malversación de fondos, Felipe Campos ha recordado que ya  la Intervención General del Estado, en Madrid,  emitió un informe en el que, partiendo de los datos de las propias empresas explotadoras, decía que se habían malversado 400 millones de pesetas en un corto período de tiempo.

Y en relación con las presuntas presiones sobre la funcionaria Jefa de Servicio, una vez se constató por las distintas personas del Ayuntamiento que la funcionaria no estaba dispuesta a dar licencia, el Cabildo, de forma extraña e indebida, se subrogo en las competencias. La licencia no se concedió, Luis Gil, el empresario del Parque Marítimo, recurrió y perdió en los tribunales, “porque efectivamente, ha añadido Campos, en la zona de piscinas no podían hacerse fiestas ni eventos”. La funcionaria, como ella misma había anticipado en sus declaraciones que ocurriría, fue cesada y desapareció tras 12 años de trabajo en el Ayuntamiento.

“Por eso están modificando el Plan Especial, para poder hacer lo que durante ocho años se ha hecho de forma ilegal” El lavacoches, el MacDonald y el padel eran obras ilegales que se ejecutaban en suelo público, por lo que se requería un Estudio de Detalle, que hicieron, pero como era difícil hacerlo con las exigencias del plan especial, lo falsificaron y eso es lo que se ventila en la causa penal en la que se ha practicado testifical hoy”, ha indicado Campos

El abogado confía en que estas denuncias, con independencia de que acaben o no en condenas, sirvan para que algo cambie.