Manuel Marrero Morales. Coordinador General de Intersindical Canaria
{mosimage}Nos tienen acostumbrados nuestros representantes políticos a múltiples promesas electorales, que luego incumplen, así como a no permitirnos participar más allá de depositar un voto que los apoye cada cuatro años. El derecho a decidir es un derecho democrático reclamado de manera creciente por la ciudadanía, a la par que reprimido desde posiciones autoritarias y recentralizadoras del gobierno estatal del PP. La derecha recalcitrante no ha abandonado los viejos 'tics' del Franquismo y considera que lo recorrido en el Estado de las Autonomías tiene que revisarse bajo los criterios recentralizadores del "una, grande y libre".
Nuestro modelo económico, que debiera ser debatido socialmente, nuestro Fuero, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, está más al servicio de las minorías empresariales que de los intereses generales. Algunas de sus figuras, como la Reserva de Inversiones Canarias, ha devenido en un continuado fraude de ley sin que parezca que haya responsables que lo impidan y persigan. Y tanto el Gobierno de Canarias como el empresariado están configurando la nueva modificación del REF, a espaldas de la sociedad canaria.
Nuestro modelo medioambiental, con Gobiernos sucesivos de CC-PP-PSOE, ha traído consigo en las últimas décadas un progresivo deterioro de gran parte de nuestro territorio y, en especial, de nuestras costas, ocupando algunas de nuestras tierras más fértiles con cemento y piche. Desastres como los Puertos de Arinaga y Granadilla, proyectos como el de Tindaya, cierre del anillo insular por el norte de Tenerife, Mamotreto de Las Teresitas y adjunto pelotazo urbanístico y otras actuaciones son el claro ejemplo de desarrollo insostenible potenciado desde el tándem político-empresarial que nos gobierna.
Por tanto, D. Paulino Rivero y D. José Miguel Pérez, que defienden esta consulta sobre las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Canarias y, por supuesto, D. José Manuel Soria, que actúa como un probo empleado de REPSOL, no son ni aliados ni defensores de la mayoría social de estas islas. Los intereses espúreos que les llevan a enfrentarse son ajenos y contrarios a nuestros intereses.
Está claro que el Gobierno Canario tiene el derecho y el deber de velar por los intereses de la población canaria y, entre ellos está también la defensa del medioambiente, factor determinante para el mantenimiento de nuestra primera industria, el turismo. Y las prospecciones y posible explotación de petróleo y/o gas en aguas próximas a Canarias no sólo son un peligro potencial sino también real para nuestro hábitat y nuestra economía.
Entre nuestras señas de fragilidad, cabe reseñar: En torno a 2.100.000 habitantes que vivimos sobre 7.447 km² y una densidad de 284,46 hab/km² y a los que se añade cada mes un millón más de visitantes. Una sociedad con el 32.7% de población en paro y más de 800.000 personas bajo el umbral de la pobreza. Unas islas, cuya agua potable, en gran parte procede de plantas desaladoras. Un sector primario agonizante. Una boyante industria turística, cuyos beneficios aumentan para el empresariado a la par que disminuyen las condiciones de vida y trabajo para la población empleada en dicho sector. Jamás unos pocos habían ganado tanto a costa de los trabajadores y trabajadoras, que nunca habían perdido tanto y en tan poco tiempo.
El Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, tras mantener un encuentro con representantes institucionales, partidos políticos y colectivos ciudadanos, ha anunciado la pregunta que se pretende formular el 23 de noviembre a la ciudadanía en una consulta sobre las prospecciones petrolíferas y, en este sentido, apuntó que esa cuestión consistirá en conocer la opinión de los canarios respecto a: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".
El Presidente Rivero, acuciado por otros motivos y no precisamente porque se haya convertido al ecologismo, ha lanzado este envite al Gobierno del PP, que intentará buscar todos los subterfugios posibles para impedir la consulta. Si el Constitucional tardó unas horas en pronunciarse sobre la consulta catalana es probable que ahora la consigna sea la contraria, la de la dilación. Y ahí es donde D Paulino tendrá que demostrarnos hasta dónde está dispuesto a llegar. Si tenemos la legislación favorable (Ley de Participación Ciudadana, votada por cierto en el Parlamento Canario por CC y el PP del Sr. Soria en 2010 y enmendada por el PSOE, que manifestó su desacuerdo con que apareciera el término 'referéndum') y la consulta se desarrolla dentro del marco competencial canario, cumple los requisitos legales y por tanto no hay excusa que valga para retrasarla o no celebrarla.
Que no se pretenda con esta pregunta matar dos pájaros de un tiro: que la población canaria se pronuncie y que, a la par, apoye los desmanes en materia de modelo económico y medioambiental impuesto en Canarias. No vamos a admitir gato por liebre.
Vamos a decir claramente No a las prospecciones que dañan nuestro medioambiente y, por consiguiente, al turismo, nuestra mayor fuente de trabajo; pero ese NO se hace extensivo a todos los desmanes y atropellos medioambientales cometidos por los respectivos gobiernos canarios, donde siempre ha estado Coalición Canaria, y ese NO va dirigido también a una patronal del turismo que subyuga a las personas que trabajan en el sector con salarios de miseria, contratos en precario y condiciones laborales decimonónicas, apoyados por la reforma laboral del PP.
Por tanto, en defensa del Derecho a Decidir que nos asiste a la ciudadanía, el 23-N, con o sin permiso de Madrid, diremos NO. Y antes, el 18 de octubre, a las 18.00 horas volveremos a ocupar las calles del archipiélago. Aquí vivimos, aquí decidimos.
