{mosimage}Ramón Trujillo. Coordinador de Izquierda Unida Canaria.- El aumento del pánico a la democracia en el Partido Popular explica la propuesta de reforma electoral para que gobierne el partido más votado en los ayuntamientos. La ley fabricará mayorías absolutas no otorgadas por la ciudadanía e impedirá las mociones de censura por mucho que desbarre un alcalde. Se le podrá regalar una alcaldía al PP cuando, por ejemplo, obtenga el 35% de los votos, aunque el 65% restante se reparta entre partidos de izquierdas. Una mayoría ciudadana de izquierdas podrá ver un gobierno del partido que representa a una minoría social de derechas.
En todo caso, lo que garantiza la nueva ley es el ataque a la pluralidad y el fomento del bipartidismo precisamente cuando pasa por su peor momento. Y es que el bipartidismo siempre acude al rescate del bipartidismo. A fin de cuentas, la reforma de la Ley electoral realizada por el PSOE, en 2010, garantizó que el PP obtuviera la mayoría absoluta del Congreso cuando carecía del respaldo de la mayoría absoluta de los votantes. Y de aquellos polvos vienen estos lodos.
El déficit democrático tiene consecuencias negativas para el día a día de los peatones de la historia. Pues no ha sido precisamente la calidad de nuestro sistema democrático lo que nos ha llevado a liderar la desigualdad entre los países de la Unión Europea. Sino que, una vez más, se ha cumplido el axioma formulado por un antiguo juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos: “podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas cosas”.
El Gobierno que recorta derechos y condiciones de vida tiene que recortar democracia porque sus políticas no son el reflejo del poder del pueblo. Por eso han aumentado los decibelios de la demagogia y quieren recortar el número de parlamentarios para recortar el pluralismo y salvar sus recortes. José Ramón Bauzá, presidente de Baleares por el PP, quiere hacer “un ERE” y recortar de 59 a 43 los escaños del Parlamento balear. El presidente pepero de Galicia quiere reducir el número de parlamentarios gallegos de 75 a 61 y su partido quiere recortar el número de escaños de 99 a 79 en las Cortes Valencianas y de 33 a 25 en La Rioja. Esperanza Aguirre va más allá en la ambición liberticida y recomienda el sistema de circunscripciones uninominales británico. En 1983, el Partido Liberal consiguió el 25% de los votos en Gran Bretaña, pero sólo el 3.5% de los escaños. Este sistema podría salvar al bipartidismo español. O quizá ya no.
La presidenta pepera de Castilla-La Mancha ha modificado el Estatuto de Autonomía para que el Parlamento tenga entre 25 y 35 escaños, en vez de entre 47 y 59. El pretexto es ahorrar dinero, pese a que ya había dejado sin sueldo a los parlamentarios. Y, al dejar sin salario a los diputados, ahorró 748.000 euros al año, mientras gastaba 7,3 millones de euros anuales en 149 altos cargos y asesores. El objetivo no era ahorrarse dinero, sino ahorrarse la democracia. De hecho, el Consejo de Europa ha criticado la supresión de los sueldos, pues en tal caso la política tiende a quedar en manos de la gente rica. El Consejo también afirmó que la reducción del número de diputados es una “grave limitación de la representatividad democrática”.
El bipartidismo le tiene auténtica alergia a las reformas democráticas que garantizan el igual valor de cada voto, limitan la financiación privada de los partidos y sus fundaciones, establecen mecanismos de democracia directa y garantizan el máximo pluralismo en los medios de comunicación de titularidad pública. Por eso, sus reformas democráticas se limitan a cuestiones que saben que no modifican el control del poder del dinero sobre el poder político (primarias, listas abiertas, limitación de mandatos, etc.) y, de paso, cuando pueden, aprovechan el “impulso reformista democrático” para colar algún machetazo a la democracia. Resulta patético ver al PSOE canario anunciando primarias y ocultando que quien las gane se beneficiará de uno de los sistemas electorales más antidemocráticos del mundo.
El bipartidismo le tiene auténtica alergia a las reformas democráticas que garantizan el igual valor de cada voto, limitan la financiación privada de los partidos y sus fundaciones, establecen mecanismos de democracia directa y garantizan el máximo pluralismo en los medios de comunicación de titularidad pública. Por eso, sus reformas democráticas se limitan a cuestiones que saben que no modifican el control del poder del dinero sobre el poder político (primarias, listas abiertas, limitación de mandatos, etc.) y, de paso, cuando pueden, aprovechan el “impulso reformista democrático” para colar algún machetazo a la democracia. Resulta patético ver al PSOE canario anunciando primarias y ocultando que quien las gane se beneficiará de uno de los sistemas electorales más antidemocráticos del mundo.
Lo sucedido en Italia es un aviso para navegantes. Por una parte, el Movimiento 5 Estrellas canalizó el descontento popular para, con posterioridad, hacer que su inacción desactivara ese descontento. Por otra parte, el “progresista” Matteo Renzi, que llegó al poder aupado por un proceso de primarias muy mediático, promulgó una ley electoral que fija una barrera del 8% de los votos para que los partidos accedan al Parlamento –y del 12% en el caso de las coaliciones- y, además, se establece que a quien supere el 37% del voto se le regala hasta un 15% de los escaños. A ello se suma la ley dictada por su antecesor, Enrico Letta, que suprime la financiación pública de los partidos a partir de 2017. Así que, por una parte, los partidos políticos quedarán en manos de las grandes empresas y, por otra, las barreras electorales impedirán el crecimiento de alternativas ciudadanas. En suma, se ha establecido un régimen autoritario con elecciones, gracias a la gestión de la frustración ciudadana a través de las toneladas de demagogia vertidas desde la antipolítica.
Los gobiernos de coalición son absolutamente normales en los países democráticos. Es más, favorecen la transparencia y dificultan la corrupción. De hecho, en España, entre 2000 y 2010, el 44% de los casos de corrupción municipal se produjo en municipios gobernados por el PP y el 31.2% en los gestionados por el PSOE. En el mundo real, nos encontramos con que el 78.5% de los municipios es gobernado por mayorías absolutas y no existen problemas de gobernabilidad. El único objetivo de la propuesta de reforma electoral del PP es recortar aún más la democracia para garantizar la perpetuación de sus recortes sociales.