
Piden al Gobierno que se implique para afrontar el Real Decreto que obliga a los ayuntamientos a pagar derechos de autor por cada libro que se preste en las bibliotecas municipales
{mosimage}SB-Noticias.- “Los presupuestos locales ya son bastante exiguos como para hacer frente al pago en solitario de este canon. Sin ayuda estatal, las bibliotecas municipales están condenadas a vivir asfixiadas o, incluso, al cierre”, señala la concejala socialista Chani Ruiz.
El Real Decreto 624/2014, que entró en vigor el pasado mes de agosto, establece, como en el resto de la UE, un canon por préstamo bibliotecario para compensar a los autores cuyas obras son consultadas en las bibliotecas públicas. Sin embargo, ese Real Decreto carga sobre las administraciones locales que gestionan bibliotecas, sobre todo los ayuntamientos, el pago de este canon sin ninguna compensación extra. “Este canon va a gravar más aún la precaria situación de las bibliotecas municipales españolas, y más concretamente las de Las Palmas de Gran Canaria. La implantación del canon contribuye aún más a complicar la supervivencia de las bibliotecas, una supervivencia que consideramos imprescindible para garantizar el derecho universal de acceso a la cultura”, defiende Ruiz. La concejala coincide con las asociaciones de bibliotecarios de Canarias que han denunciado que la entrada en vigor de este Real Decreto ocasionará que las administraciones públicas dediquen menos recursos a comprar libros o a abrir nuevas bibliotecas. “Por eso, y con el objetivo fundamental de garantizar el libre acceso a la cultura, el Gobierno de España debe de consignar en 2015 una partida destinada a pagar este canon a todas las bibliotecas municipales”, añade la edila socialista.
Estima el Grupo Municipal Socialista que el Real Decreto no ha tenido en cuenta la situación de precariedad presupuestaria de los municipios ni de sus bibliotecas, por eso es necesario que el Gobierno de España acuerde una serie de medidas de acompañamiento que garanticen la aplicación eficaz de la norma. “Ya hemos denunciado en varias ocasiones que la política cultural del PP, tanto en esta ciudad como en toda España, es la de buscar la rentabilidad económica, la de sacar beneficios. No se puede gestionar la cultura con mentalidad de contable y tampoco se puede aprobar un decreto que deja a los ayuntamientos embargados para hacer frente a un canon para el que no estaban preparados. El Ministerio de Cultura debe de responder favorablemente a esta petición o mucho nos tememos que las bibliotecas municipales empezarán a cerrar en cascada. Entre la falta de ayudas, y las sentencias que obligan a derribarlas, el PP se ha convertido en el enemigo número uno de las bibliotecas públicas”.



