Colectivos sociales denuncian que después de dos años, se sigue vulnerando el derecho a la salud

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El 1 de septiembre de 2012 se modificó el acceso al derecho a la salud de un alto número de personas. Dos años después, no se han tomado las medidas necesarias para garantizar el derecho humano a la salud

{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa

SB-Noticias.- Acciónenred-Canarias, Amnistía Internacional, Cáritas, CEAR, Coordinadora Canaria por la Sanidad y la Salud Pública, Plataforma Yo Sí atiendo y Médicos del Mundo; manifiestan que el 01 de septiembre se cumplen dos años de la entrada en vigor de los reales decretos ley 16/2012 y 1192/2012, que rompen con el modelo sanitario universal, equitativo y cohesionado, al que todas las personas teníamos derecho.

En dichos decretos se modifican las condiciones de acceso y garantía para personas migrantes (en situación administrativa irregular y regular), personas menores de 26 años en situación de desempleo; además de que se imponen copagos farmacéuticos y de servicios secundarios, se limita el acceso a servicios básicos, los traslados no urgentes en ambulancia, las prótesis, las sillas de ruedas o alimentos especiales, se vincula el derecho a la asistencia sanitaria a las cotizaciones laborales (…). Situaciones que se agravan en las personas vulnerables, en exclusión social o en riesgo de padecerla.

La Orden 15 de abril, de 2014, que instaura/impone precio a una sanidad anteriormente universal y “gratuita” (pagada en gran medida, con los impuestos gravados en todos los bienes consumidos por la población residente en el territorio nacional) ha favorecido la brecha de desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios, entre quienes pueden re-pagarlos y quienes no cuentan con los recursos económicos suficientes.

En estos dos años, especialmente en el año 2013 -en el marco del primer año de entrada en vigor de los decretos-, hemos denunciado y manifestado que no se han puesto medidas que supongan una mejora en las condiciones de acceso y garantía por parte el Gobierno de Canarias. Las organizaciones firmantes hemos propuesto medidas de mejora desde la realidad de nuestras organizaciones, pero no han sido ni implementadas ni escuchadas desde el ámbito político. Hoy, dos años después nos reafirmamos en que las situaciones se han agravado más aún.

Ciertas medidas, como la exigencia de compromisos de pago en los servicios de urgencia de algunos centros de salud puede estar teniendo efectos disuasorios. Medidas que son denunciadas sin ninguna consecuencia, tanto por las personas usuarias en los propios centros de salud, como por aquellos profesionales adscritos a los mismos.

Dicha situación se agrava con una disparidad de criterios a la hora de implementar la prestación de la asistencia sanitaria. También constatamos desconocimiento y desinformación, de la que también son víctimas, no sólo la ciudadanía en general, sino también el personal administrativo, profesionales sanitarios y no sanitarios de los diferentes Centros de Salud.

Por todo lo anterior, denuncian:

Que tras la entrada en vigor de los RRDD-LL 16/2012 y 1192/2012, son ya más de 45.000 personas residentes en Canarias las que han dejado de ser atendidas de forma normalizada.

Que tras dos años de diálogos y negociaciones, se sigue sin dar solución a la merma del disfrute del derecho humano a la salud que supone que haya personas que no puedan costear el precio de los medicamentos sin que la administración dé alternativas. Esto pone en entredicho la premisa y el discurso político sobre “acciones de prevención de la salud”.

Que el Servicio Canario de Salud establece la Orden de 16 de agosto de 2013, como medida especial en materia de “promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la prestación de asistencia sanitaria, dirigidas a personas extranjeras no autorizadas ni registradas como residentes en territorio español, que carecen de recursos económicos suficientes”, la cual sigue sin cumplir su objetivo principal.

Que el Gobierno de Canarias ha afirmado que estuvo, está y estará en contra de la reforma sanitaria, y que bajo estas afirmaciones de la titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, las organizaciones sociales vislumbramos un inicio de cómo se podría tender a la universalización sanitaria, sin embargo se continúan adoptando medidas y aplicando criterios restrictivos y excluyentes.

Las organizaciones firmantes consideran:

Que es responsabilidad de los poderes públicos promover un modelo de atención sanitaria que responda de manera integral y universal a las necesidades de las personas que residen en Canarias.  

Reclamamos la vuelta al principio de universalidad de la Sanidad, como derecho humano universal e inalienable; por lo que exigimos la derogación inmediata de las medidas que han contribuido al deterioro y ruptura de la asistencia sanitaria universal.

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