Santiago Pérez, ex portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias y en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.
{mosimage}No sé cuántos canarios participarán en el referéndum de Paulino Rivero y José Miguel Pérez. Yo no. Y no porque esté a favor de las prospecciones petrolíferas –a las que me opongo–, o porque esté de acuerdo con que este asunto lo decida unilateralmente el Estado –a lo que me opuse tajantemente en varios debates parlamentarios, cuando nadie sabía aún lo que pensaba un Paulino Rivero socio parlamentario en el Congreso del Gobierno Aznar que concedió las licencias a Repsol, y mucho antes de que a José Miguel Pérez se le ocurriera lo de aceptarlas “con los ojos cerrados”–, sino porque creo que con los procedimientos democráticos no se juega. Y con la Constitución, tampoco.
No hace falta haber seguido muy de cerca la tramitación de la rimbombante Ley canaria de fomento a la participación ciudadana (2010), a la que presenté como portavoz socialista una enmienda de totalidad, para saber que como fruto de los duros reparos jurídicos del Consejo Consultivo y de las críticas que hicimos los socialistas al Proyecto de Ley del Gobierno de CC (al que llamé Plan Riveretxe), la Ley salió notablemente devaluada respecto a las pretensiones iniciales de regular una modalidad de referéndum, “convocando al cuerpo electoral” decía el proyecto (art.23.3 del Proyecto).
El artículo 20 de una Ley que no desarrolla el derecho fundamental de participación política, sino el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones de las Administraciones Públicas (que es otro derecho, pero no fundamental), habla de recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general “de competencia autonómica” mediante sondeos, encuestas y otros procedimientos, entre los que no se especifica ninguna modalidad de referéndum, ni de plebiscito de cualquier clase.
Sin embargo, el inimitable Spínola ya ha dejado establecido que el resultado del artilugio pseudodemocrático que se traen entre manos “no es vinculante jurídicamente, pero políticamente ningún gobierno podrá ignorar la voluntad de los canarios”. Es decir, no es un referéndum; pero su resultado será como el de un referéndum: no vinculante jurídicamente para el gobierno, pero sí políticamente (¿también para el gobierno estatal?).
Van a utilizar el resultado como si reflejara la posición y la voluntad del pueblo canario sobre la pregunta que se le formule.
Esta convocatoria es un engendro jurídico y una degradación de la democracia. Un engendro jurídico, porque es un referéndum camuflado en fraude constitucional. Y porque, a través de un Decreto, pretenden desarrollar lo que la Ley no reguló, resucitando en su espíritu y, casi, en su letra las ensoñaciones nacionalistas que Paulino metió en el Proyecto de Ley pero el Parlamento desbarató.
Y una degradación de la democracia pluralista y de sus garantías esenciales.
Vamos a ver: ¿por qué la pregunta la va a fijar Paulino y no el Parlamento, como para el caso de un referéndum consultivo del art. 92 de la Constitución (art. 6 de la LO 2/1980, reguladora de las distintas modalidades de referéndum)? ¿tienen miedo a un debate parlamentario sobre la pregunta? ¿cómo se va a atribuir al pueblo canario el resultado de una consulta a la que no se convoca al cuerpo electoral, sino en la que participarán quienes se inscriban en un censo organizado por el Gobierno? ¿qué garantías tiene un procedimiento que no se desarrolla bajo una autoridad independiente, como son las Juntas Electorales, cuya función es velar por el respeto al pluralismo y a la legalidad? ¿y el papel de los medios informativos, especialmente los de titularidad autonómica bajo la dependencia no de la Junta Electoral, ni siquiera del Parlamento, sino del Gobierno que los usa a diario como herramienta propagandística? ¿y las incidencias y reclamaciones –el proyecto de Decreto dice que serán resueltas por una “Comisión de Control paritaria”, contra cuyos acuerdos cabrá recurso ante el órgano convocante, el propio Gobierno–? ¿y las garantías a la hora de emitir el voto –porque de eso se trata políticamente, ya que se deposita en una urna aunque a las papeletas las disfracen de formulario–?
¿Alguien cree que los canarios que, por la razón que sea, creen que las prospecciones son buenas para las Islas van a participar en este plebiscito trucado, contribuyendo a legitimar su resultado?
Yo no le reconozco ninguna confiabilidad en la defensa del patrimonio natural del pueblo canario, ni en la defensa de derechos democráticos, a un gobierno que degradó la protección de las especies amenazadas de nuestra fauna y flora, amañando un Catálogo de Especies con la exclusiva finalidad de construir algunas cuestionables infraestructuras. Ni tampoco a un gobierno que se negó a discutir en el Parlamento, rechazando su toma en consideración, una Iniciativa Legislativa Popular (que sí es expresión del derecho constitucional de participación política) contra el Puerto de Granadilla firmada por 52.000 canarios. O que trató de sabotear la tramitación parlamentaria de otra ILP, la ahora tan celebrada Ley Canaria de Educación, firmada por 36.000.
Pero sobre todo: permitir que un Gobierno, el que sea, se invente un plebiscito al margen de la Constitución para atribuir su resultado al pueblo canario es un gravísimo precedente que atará para siempre a quienes lo bendigan.
Porque si personas y partidos o asociaciones de convicciones democráticas y honestamente comprometidas con la defensa de nuestra tierra aceptan ahora este engendro porque comparten el rechazo –por ahora– del Gobierno y de Coalición Canaria a las prospecciones, ¿cómo podrán oponerse en el futuro a la utilización del mismo procedimiento por el gobierno de turno para legitimar vaya usted a saber qué aventuras y en beneficio de qué intereses?
En realidad, Coalición Canaria (entonces aliadas del PP aquí y allá, en la Península) perdió la oportunidad de oro de impugnar las prospecciones, cuando Aznar las concedió a Repsol, promoviendo un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional para exigir que el gobierno estatal no tomara unilateralmente decisiones que afectaban a importantes competencias de nuestra Comunidad Autónoma. Pero no lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque estaban de acuerdo. Y pretendían meramente negociar contrapartidas. Esto no me lo contaron: lo vi en vivo y en directo.