Spínola presenta el borrador de decreto que regulará las consultas ciudadanas, que será publicado en el BOC este miércoles
{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
SB-Noticias.- El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del gobierno de Canarias presentó en rueda de prensa el borrador de decreto que regulará las consultas ciudadanas, antes de que mañana se publique en el BOC para su fase de exposición pública, un decreto que afirma no se hace solo para llevar a cabo la consulta sobre las prospecciones, sino que pretende regular consultas generales, sobre asuntos de máxima trascendencia para las islas.
Hernández Spínola explicó que se trata de un proyecto que pretende regular consultas a la ciudadanía sobre cuestiones concretas, de interés general, con competencias de la comunidad autónoma, desarrollado en base al contenido de la Ley del fomento de Participación Ciudadana, concretamente en su artículo 20.
Para acallar críticas, dejó claro desde el principio que el gobierno de Canarias no elabora este proyecto de decreto por una consulta específica, como podría ser por ejemplo con la problemática de las prospecciones, por tanto, no se trata de regular una convocatoria específica, sino que valdrá para llevar a cabo cualquier consulta que el Gobierno considere de máxima relevancia, pues será el ejecutivo, a través de un decreto del Presidente, el que formule la consulta.
El consejero, que se teme cualquier treta del gobierno del Estado del PP para ralentizar el proceso de consulta, garantizó que el ejecutivo regional a ser muy escrupuloso con el cumplimento de la legalidad, para lo cual se precisará de los informes pertinentes de los servicios jurídicos del Gobierno, así como del Consejo Consultivo de Canarias, órgano que vela por el estricto cumplimiento de la legalidad.
Recordó que se llega a esta opción porque el Estado no ha dejado más remedio al Gobierno canario, ya que recuerda que el ejecutivo regional pidió al Estado que se permitiera llevar a cabo un referéndum, sin que hasta la fecha se haya dignado a dar una contestación oficial, faltando al respeto a las instituciones de las islas, pero sobre todo pisoteando el sentir de la ciudadanía, a la que no se permite que se exprese libre y abiertamente.
Agotada la vía constitucional, el gobierno de Canarias ha optado por la vía de la consulta, que será “escrupulosamente” legal, puesto que el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía permite hacer consultas a la ciudadanía sobre cuestiones trascendentales para la comunidad autónoma, de manera que aunque sobre las prospecciones Canarias no tenga competencias (que son estatales), sí que las tiene en materia de Turismo y Medio Ambiente, y será por ahí por donde se orientará la consulta con mucha probabilidad.
Según Spínola, el Gobierno trabaja para conseguir un modelo más transparente y participativo, porque eso es lo que reclama la ciudadanía a las instituciones públicas, de manera que con este decreto se conseguirá dotar el Ejecutivo de una herramienta clara y efectiva para pulsar la opinión general de la sociedad canaria sobre cuestiones de suma importancia, como puede ser las prospecciones, pero también es un mecanismo para que los ciudadanos sepan qué opina la sociedad isleña en su conjunto sobre determinados asuntos.
Varios pueden ser los mecanismos para llevar a cabo una consulta, desde sondeos, a encuestas o preguntas directas, que parece la vía más práctica para este tipo de consultas generales, pero a su vez, contará con una pregunta o varias, cuyos términos en todo caso los establecerá el Presidente del Gobierno a través de un decreto, que tendrá que ser publicado 30 días naturales antes de que se lleve a cabo la consulta.
El consejero dijo que aunque el resultado de la consulta no será vinculante, no cabe duda de que los gobiernos tendrán que acatar el resultado por cuestiones meramente políticas, no en vano es muy complicado que el pueblo exprese su opinión sobre un asunto y sus representantes políticos no le hagan caso: “Espero que el Estado paralice las prospecciones si la consulta rechaza los sondeos, porque nadie se puede oponer a las exigencias de los ciudadanos”.
COMUNICADO DEL GOBIERNO
El Gobierno expone a información pública la normativa para realizar consultas ciudadanas
El proyecto de decreto prevé la combinación de la vía telemática y la presencial para la emisión de opinión, aclara que el resultado no es vinculante y reserva a un decreto del presidente los detalles de cada convocatoria
El Gobierno de Canarias combina la emisión de opinión por vía telemática y presencial para el desarrollo de las consultas ciudadanas mediante preguntas directas, cuyo texto será definido y aprobado por el Consejo de Gobierno sobre asuntos de competencia autonómica. El consejero de Presidencia Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, adelantó hoy los detalles generales que regularán el proceso de consulta ciudadana, previsto en el artículo 20 de la Ley de Fomento a la Participación Ciudadana. A partir de mañana, el proyecto de decreto estará en fase de información pública para recopilar las sugerencias y mejoras que la ciudadanía presente para mejorar el texto que aún puede ser sometido a cambios.
Esto implica que el Ejecutivo autonómico habilitará urnas en sedes administrativas por toda Canarias y desarrollará un aplicativo informático para hacer viable la emisión de opinión vía telemática para realizar las consultas a la ciudadanía, previstas en el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía. La opinión emitida por cada ciudadano que quiera participar telemática o presencialmente en el proceso será secreta y existirán herramientas para garantizar que sólo se emita una opinión por persona, ya sea física o jurídica.
Spínola aclaró que "el sistema de consulta a la ciudadanía que propone Canarias es Constitucional y respeta todo el ordenamiento jurídico vigente". El Gobierno de Canarias avanza en el desarrollo normativo necesario para hacer efectiva la consulta ciudadana referida al petróleo tras "el desprecio a Canarias mostrado por el Gobierno de España que ni siquiera ha contestado a la petición de referéndum cursada formalmente por el Gobierno de Canarias", explicó el consejero de Presidencia.
Pese a que el resultado de la consulta ciudadana no tiene carácter vinculante, el consejero aseguró que "tiene enorme efecto político porque será muy difícil que un Gobierno se oponga a lo que la ciudadanía ha expresado por este sistema sobre un tema en concreto". De hecho, el consejero de Presidencia aclaró ya de antemano que "el Gobierno de Canarias asume como si fuera vinculante, pese a que no lo es formalmente, el resultado que se dé en la primera consulta ciudadana que tendrá como asunto de fondo las prospecciones de petróleo en las costas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura".
El proyecto de decreto prevé la creación de una comisión de control, integrada por tres funcionarios de carrera y tres representantes de la ciudadanía inscritos en el Registro de Participación, que serán elegidos por sorteo. El ejercicio de estas tareas será en todo caso voluntario. Esta comisión velará por el cumplimiento de la normativa durante el proceso y resolverá las reclamaciones que pudieran presentarse.
El texto atribuye al Consejo de Gobierno de Canarias la capacidad para decidir los términos exactos de la pregunta o preguntas directas que se sometan a consulta, y concreta que será un decreto del Presidente donde se determine para cada convocatoria la fecha, plazos, lugares, dirección de correo electrónico para la emisión de opinión.
El consejero de Presidencia destacó que con estos proyectos de decreto "el Gobierno de Canarias continúa dando pasos ciertos hacia un nuevo modelo de Democracia, más transparente y participativo, tal y como exige la ciudadanía". Para Hernández Spínola, con este sistema de consulta ciudadana se logra un doble objetivo. "El Gobierno cuenta con una fórmula clara y objetiva para conocer la opinión de la ciudadanía respecto a asuntos de gran relevancia para el presente y futuro de la comunidad autónoma canaria, y a la vez, los ciudadanos y ciudadanas de Canarias contamos con un método que nos posibilita expresar formalmente nuestro criterio individual para definir una opinión colectiva sobre asuntos de especial interés y sensibilidad", expuso.
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El PSOE lleva al Congreso la pugna para frenar las prospecciones en Canarias
El grupo parlamentario socialista ha presentado este lunes en el Congreso una proposición no de ley para intentar de frenar las prospecciones petrolíferas en Canarias y ha pedido al Gobierno que detenga esa iniciativa y que escuche la oposición de los canarios a la misma.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, acompañada por la secretaria general del PSOE de Lanzarote, Dolores Corujo, ha registrado la proposición no de ley en la que los socialistas piden que se revoque la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable a las prospecciones frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
La declaración favorable fue aprobada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el pasado 29 de mayo tras más de dos años de debate
El planteamiento del PSOE incluye la suspensión de la tramitación de cualquier otra DIA hasta que se cierre el expediente sobre la inclusión del espacio marino del Sur y Oriente de Fuerteventura y Lanzarote en la lista de Lugares de Interés Comunitario (LIC)
Según los socialistas, el Gobierno bloqueó la tramitación de ese expediente hasta las prospecciones recibieron el visto bueno ambiental, de modo que se ha ignorado la necesidad de determinar las posibles afecciones de las prospecciones a esos lugares de interés comunitario.
Sostienen que el hecho es "inexplicable" cuando la dirección política responsable de ambos expedientes es la misma, dentro del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, por lo que concluyen que ha habido una "voluntad predeterminada" del Gobierno.
La portavoz parlamentaria ha recordado la oposición frontal del Gobierno canario, de los cabildos, de todas las instituciones y, lo más importante, "de todo el pueblo canario" a estos sondeos para la búsqueda de petróleo frente a las costas de las islas.
Soraya Rodríguez ha prometido que el PSOE no va a parar de presentar iniciativas en contra de estas prospecciones y en contra de la actuación "unilateral en contra de todos" de un gobierno que tiene legitimidad, pero al que ha recordado que el Ejecutivo canario o los de los cabildos insulares también la tienen.
A su juicio, el Ejecutivo "debe parar y debe escuchar a la gente que está en la calle manifestándose contra las prospecciones".
En términos similares se ha expresado Dolores Corujo, quien ha advertido de que la batalla contra las prospecciones acaba de empezar y se tomarán todas las iniciativas políticas, jurídicas y legales que sean necesarias.
Corujo ha tachado de "lamentable" la actitud del Gobierno en este asunto, máxime cuando el principal responsable de las prospecciones es un ministro canario, el de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria.
La dirigente isleña ha confiado en que el Gobierno acceda a la consulta que ha propuesto el presidente canario, Paulino Rivero, y los ciudadanos puedan expresarse "con una sola voz" contra esta práctica.
