Cinco sindicalistas de IC se enfrentan el próximo martes a un año de prisión

Mostraron una pancarta contra la reforma laboral en la sede de la patronal

{mosimage}SB-Noticias.- El próximo martes, 29 de julio, cinco mujeres, sindicalistas de Intersindical Canaria, serán enjuiciadas en Las Palmas de Gran Canaria, tras haber desplegado hace dos años una pancarta con la leyenda "Las mujeres canarias contra la reforma laboral" en la sede de la Confederación Canaria de Empresarios. La acción pacífica de protesta tuvo lugar coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer trabajadora. El fiscal solicita un año de prisión para cada una de las militantes de Intersindical.

Lucy García, Guacimara Vera, Pino Monzón, Aisha Hernández y Asunción García, son las compañeras procesadas por "allanamiento de local", "lesiones", y "delitos sin especificar", según reza textualmente en la citación a juicio emitida por el Juzgado de lo Penal nº 6 de Las Palmas. Resulta sorprendente la relación de imputaciones enumeradas cuando los locales visitados son una sede social de acceso público, no se produjo durante la ocupación ningún acto de violencia física, y por otro lado, se hace mención a presuntos delitos que ni el juez ni el fiscal han sido capaces de precisar durante la instrucción del caso. Estas circunstancias hacen del enjuiciamiento una farsa judicial sin precedente que para Intersindical Canaria tienen como único objetivo criminalizar la protesta social y atemorizar a la población, utilizando como "cabezas de turco" a las cinco compañeras para tal objetivo.

Se da además la circunstancia que la instructora del caso y quien decide el procesamiento fue la jueza Victoria Rosell, miembro destacada de Jueces para la Democracia, Rosell llegó a manifestar durante una conferencia sobre la libertad de expresión impartida en la ULL que, aunque no era partidaria de procesar a las mujeres, se había visto obligada a hacerlo por las muchas presiones recibidas. Esta confesión de la jueza añade nuevos motivos para calificar el procesamiento como un desvarió judicial que confirma la progresiva campaña gubernamental y judicial para reprimir las libertades públicas, y que en Canarias, como podemos observar, han traspasado ya la línea roja de lo admisible en una Estado de derecho.  

Hasta 40 organizaciones, de Canarias, del Estado español e internacionales han mostrado su solidaridad con Intersindical Canaria y las cinco mujeres procesadas y han exigido el sobreseimiento del caso con la retirada de cargos. Igualmente el ayuntamientos de La Laguna la pasada semana aprobó una resolución en la misma línea, remitiendo tal resolución al Congreso y Senado Español. El grupo de gobierno del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene previsto hacerlo el próximo lunes, según ha adelantado el portavoz de Coalición Canaria.