Considera que la Ley es equiparable al Catálogo de Especies Protegidas, hecho a la carta para facilitar el puerto de Granadilla, pero aplicado al conjunto de los recursos naturales
{mosimage}{mosimage}Audio de las declaraciones
SB-Noticias.– Para la Federación ecologista, se trata de una compleja maraña jurídica redactada únicamente para acabar con la protección de los recursos naturales y vaciar de contenido a la Consejería de Medio Ambiente, con el único fin de eliminar obstáculos a los planes urbanísticos y a las infraestructuras, según puso de manifiesto en declaraciones a la prensa ante la sede de la Administración en Santa Cruz de Tenerife Yasmina Encinoso.
Asegura que la federación ecologista hará todos los esfuerzos a su alcance para trasladar la gravedad de esta nueva Ley porque acaba con la protección de los recursos naturales de las islas, pero además vaciará de contenido a la Consejería de Medio Ambiente, de forma que todas sus funciones quedarán relegadas a un plano meramente consultivo, sin que ni siquiera sea de obligatorio cumplimiento el hecho de pasar por ahí.
La portavoz ecologista insiste en que la Ley acabará con normativas de vital importancia, como por ejemplo las directrices, que son las que indican cómo se desarrolla toda la normativa que regula la ordenación del territorio y del Medio Ambiente, todas las disposiciones que tengan que ver con contención del crecimiento, con protección del territorio, con limitación de la capacidad de acogida de nuevas infraestructuras, de ordenación del transporte público y otras cuestiones de este tipo, incluida la moratoria turística.
Explicó la portavoz ecologista que la Viceconsejería de Medio Ambiente, en donde se encuentran los técnicos cualificados para emitir juicios sobre si un proyecto, un plan o una infraestructura afecta al territorio, a partir de ahora va a carecer de sentido, por lo que Ben Magec entiende que José Miguel Pérez, consejero de Sostenibilidad y líder de los socialistas canarios, está vendiendo a esta administración sin ningún tipo de problema a Domingo Berriel, que será quien ostente las competencias y, por tanto, será el que tenga el poder de decisión sobre las infraestructuras y sobre los planes generales y parciales.
Tras insistir que gracias a que Pérez vende su parcela en el Gobierno, Berriel será quien tenga el poder para decidir en este sentido, ya que la Viceconsejería de Medio Ambiente perderá todo protagonismo, lo cual es grave, pero advierte que lo es más aún el hecho de que todo el desarrollo urbanístico podrá caer en manos de empresas privadas, desde el diseño de las propuestas iniciales de un Plan, el trámite de consultas públicas, la aceptación de las alegaciones, la valoración de las alternativas, así como la emisión de declaración de impacto ambiental y no funcionariado público, que se debe al estricto cumplimiento de las normas, porque su cargo se debe al interés público.
Serán por tanto personas que trabajan al servicio de una empresa privada, serán quienes hagan estos trabajos y como es lógico, no van a trabajar por el respeto a los valores medioambientales, ni por el interés general, sino para beneficiar a aquellos que les contraten, por lo que se puede afirmar que el territorio queda totalmente desprotegido, gracias entre otras cosas a que José Miguel Pérez, que siempre fue muy crítico con Domingo Berriel, hasta que se hizo compañero del consejo de Gobierno, ha cedido todo el poder a ese consejero, que siempre se ha caracterizado por potenciar el desarrollismo a ultranza, sin importarle lo más mínimo el Medio Ambiente ni los recursos naturales.