Vicenç Navarro. El Plural
{mosimage}El libro de Thomas Piketty Capital In the Twenty-First Century ha creado un gran revuelo, pues ha documentado lo que, por cierto, otros economistas (pertenecientes a asociaciones de economistas heterodoxos) habían indicado en sus escritos: la enorme concentración de la propiedad del capital que ha ido ocurriendo en gran parte de los países capitalistas desarrollados.
La bien merecida fama del libro es porque detalla cómo ha ido ocurriendo, aun cuando, sorprendentemente, no analiza con detalle las causas políticas de esta enorme concentración, como ha sido el desarrollo de las políticas públicas neoliberales iniciadas por el Presidente Reagan en EEUU y por la Sra. Thatcher en el Reino Unido, y ampliamente implementadas a los dos lados del Atlántico Norte, donde esa concentración del capital ha adquirido niveles sin precedentes.
Es lógico que la mayoría de críticas al libro hayan procedido de medios como el Wall Street Journal (que lo ha definido como un panfleto comunista), portavoces del capital financiero. Y en España, los mayores críticos han sido los economistas conocidos por sus sensibilidades liberales y ultraliberales, de los cuales hay una gran densidad en los medios de información y persuasión.
Hay que señalar, sin embargo, que ha habido también críticas desde posturas de izquierdas, que acentúan que Piketty se ha centrado en el mundo del capital sin relacionarlo con la evolución del mundo del trabajo, viendo la acumulación y concentración del capital como un proceso autónomo, sin conectarlo con el deterioro de las condiciones (incluyendo las salariales) del mundo del trabajo. Este deterioro ha sido muy marcado, también desde los años ochenta. Así, Jack Rasmus, en su informe sobre la situación del mercado de trabajo en EEUU publicado a raíz del 1º de mayo (ZCommunications, 01.05.14) señala que el declive salarial durante las recesiones ha sido mayor y que el crecimiento de los mismos salarios fue menor durante el periodo 1980-2009 que durante el periodo anterior 1950-1980, contrastando con el comportamiento de las rentas del capital, que crecieron espectacularmente durante todo el periodo. De ahí que las rentas del trabajo (como porcentaje de la renta nacional) descendieran en EEUU, pasando de ser el 55,6% en 1983 a un 52% en el año 2007, cuando se inició la crisis, cayendo en picado a partir de la recesión, alcanzando solo el 49,1%. Las rentas del capital subieron de manera que al final del periodo bajo estudio ya habían sobrepasado a las rentas del trabajo (lo mismo ha ocurrido, por cierto, en España).
En realidad, la crisis significó un descenso espectacular de las rentas del trabajo. Y, con ello, de la renta familiar promedio, que perdió un 10% de su capacidad adquisitiva. Ha habido una elevada destrucción de los puestos de trabajo bien pagados (14 dólares por hora), siendo sustituidos –los mismos puestos de trabajo- por otros con salarios de casi la mitad, 7,64 dólares.
Y la pregunta que Piketty debería haberse hecho y no se hizo es: ¿existe una relación entre la enorme concentración del capital y de sus rentas en los últimos treinta años -acentuada durante estos años de recesión- y el gran descenso de las rentas del trabajo? Y la evidencia muestra claramente que sí existe. En realidad, el primer fenómeno no se explica sin el segundo. Como indiqué en un artículo anterior (“La explotación social como principal causa del crecimiento de las desigualdades”, Público, 01.05.14), el crecimiento de la productividad explica que se haya continuado creando riqueza. Pero el enorme poder del capital –sobre las instituciones políticas- explica que la mayoría de la riqueza haya ido a los primeros –a los propietarios y gestores del capital- y no a los segundos –a los trabajadores.
Las políticas públicas derivadas de este hecho deberían ir mucho más allá de lo que propone Piketty, el cual se centra en un gravamen muy notable de las rentas del capital a nivel mundial. Esta medida, que muchos han considerado como necesaria pero un tanto utópica, debería ir acompañada de medidas encaminadas a incrementar las rentas del trabajo, con un aumento considerable de los salarios y del gasto público social orientado a las clases populares, medidas olvidadas, cuando no reprimidas, en los centros de decisión gubernamental, tanto en España como en la Unión Europea.