{mosimage}Con motivo del Día Interancional del Orgullo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales), que se celebró este sábado 28 de junio, Amnistía Internacional recuerda que la homosexualidad sigue siendo ilegal en más de 80 países y en diez de ellos puede incluso conllevar pena de muerte.
En el entorno más cercano, en Europa, un total de 20 países exigen la esterilización de las personas transgénero para conseguir el reconocimiento legal de su identidad de género.
"Las personas transgénero siguen sufriendo acoso, intimidación y violencia", denuncia Amnistía, al tiempo que recuerda "buenas noticias" como la aprobación en Dinamarca el pasado 12 de junio de una ley que permite a las personas transgénero solicitar la documentación oficial correspondiente a su identidad de género sin necesidad de que les diagnostiquen un trastorno mental ni de someterse a operaciones quirúrgicas causantes de esterilización irreversible.
Además de a nivel legal, las personas transgénero sufren persecución en forma de agresiones e incluso asesinatos. Entre 2008 y 2014 se cometieron un total de 1.509 homicidios de personas transgénero documentados en 61 países, y muchos países siguen sin incluir en su legislación este tipo de discriminación para prevenir los crímenes de odio, señala Amnistía.
En España, Amnistía reconoce "los avances de los últimos años" como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, exige la eliminación de cualquier requisito médico y psiquiátrico para el cambio legal de género, siguiendo el ejemplo de Dinamarca.
Por otra parte, la organización hace hincapié en los datos proporcionados por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que indican que siete de cada diez personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales ocultan su orientación sexual o su identidad de género durante su etapa escolar.
En ese sentido, AI insiste en que la inexistencia en España de contenidos obligatorios sobre homofobia y educación sexual -entre otros derechos humanos- en el currículo educativo tras la aprobación de la nueva ley de educación (LOMCE) puede contribuir a que no se visibilice el principio de no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Amnistía menciona en particular al continente africano, donde 36 países tienen leyes que penalizan la homosexualidad. Es el caso de Nigeria y Uganda, que en 2014 han endurecido las leyes que ya criminalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo. Como consecuencia de la aprobación de esas reformas, Amnistía Internacional tiene constancia de que se están produciendo con alarmante frecuencia ataques violentos, detenciones arbitrarias y actos de tortura y otros malos tratos contra personas LGBTI sin que el Estado haga nada por impedirlo.
También preocupa a Amnistía la situación en Camerún, donde la violencia, las detenciones arbitrarias y los encarcelamientos debido a la orientación sexual real o aparente están "a la orden del día". Por ello, Amnistía Internacional ha lanzado, a través de su centro de activismo www.actuaconamnistia.org, una ciberacción para exigir al Gobierno del país que reforme el Código Penal que criminaliza los actos homosexuales de tal manera que constituyen un delito penado con hasta cinco años de prisión.
Además, existen otro tipo de amenazas para las personas LGBTI. Amnistía Internacional hace hincapié en que los países que persiguen o impiden el acceso a información objetiva sobre diversidad afectivo sexual a sus ciudadanos y especialmente a los menores de edad; y los que permiten que líderes religiosos, medios de comunicación y autoridades políticas lancen discursos de odio que crean un clima de persecución y homofobia entre la población, también están violando los derechos sexuales y reproductivos.
"Esto supone una violación grave de la libertad de expresión para las personas LGBTI", indica Amnistía. En ese sentido, y a pesar de la derogación de la Ley que prohíbe la Propaganda homosexual en San Petersburgo, ésta sigue vigente para toda la Federación Rusa. También son alarmantes otros proyectos de ley similares en los países del este de Europa como Bielorrusia.
Amnistía Internacional, que este año ha lanzado la campaña Mi Cuerpo Mis Derechos, para exigir a los gobiernos que pongan fin al uso ilegítimo de la legislación penal para controlar la sexualidad y la reproducción, señala que las mujeres son las principales víctimas de este tipo de violencia. En el caso del colectivo LGBTI, mujeres transgénero y lesbianas sufren con especial crudeza violencia y discriminación.
"La obligación de los Estados no es la de imponer leyes opresivas, sino la de proporcionar información, educación y servicios y poner fin a la impunidad y a la violencia que sufren las personas LGBTI", ha señalado Esteban Beltrán.