Afirma que el lobby canario hotelero va en contra de la voz de los hoteleros españoles que han afirmado recientemente que la regulación del alquiler vacacional beneficia a todos
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SB-Noticias.- Javier Valentín, abogado de la Asociación Canaria por la Regulación del Alquiler Vacacional, valoró en La Trapera de Radio San Borondón el ataque que Ashotel y CCOO Canarias ha lanzado hoy en contra de que se regule este sector, con la excusa de que daña la imagen turística de las islas en el extranjero, y afirma que no es una sorpresa para el colectivo que la patronal turística actúe de esa forma, porque quieren quedarse con todo el pastel turístico.
En cuanto a la postura de CCOO Canarias, indicó que la Asociación está absolutamente dispuesta a tenderle la mano a ese sindicato, como a cualquier otro agente sindical, en tanto en cuanto entienden que a CCOO se le ha dado por parte de Ashotel una información totalmente sesgada y nada coherente con la realidad del alquiler vacacional.
En este sentido, dijo que la Asociación está buscando que el gobierno de Canarias regule el alquiler vacacional, de manera que se defienda a los pequeños propietarios, canarios como cualquier que llevan trabajando toda una vida para tener una propiedad y que por múltiples razones tienen que alquilarla por temporadas y añade que la mayoría de personas que se acogen a esta fórmula subsisten y no pierden sus propiedades gracias a que alquilan la propiedad a turistas.
“Estamos absolutamente convencidos de que CCOO no está en contra de pensionistas o parados que usan esta fórmula para llegar a fin de mes”, afirmó Valentín, para asegurar que las desafortunadas afirmaciones del presidente de Ashotel responden sin lugar a dudas al desconocimiento, porque así queda claro cuando afirma que la regulación del alquiler vacacional destruye miles de puestos de trabajo en las islas, cuando los datos objetivos echan por suelo tales patrañas, no en vano el alquiler vacacional lleva practicándose en Canarias desde hace décadas y ni se ha cerrado un hotel por este motivo, ni se ha destruido ningún empleo por esta razón.
El letrado puso sobre la mesa un informe sobre el mercado de hoteles realizado por expertos catalanes en julio de 2011, teniendo en cuenta que Cataluña es la única comunidad autónoma que a día de hoy ha regulado este subsector, queda claro que desde que esa autonomía reguló el alquiler vacacional en 2010, la ocupación hotelera y el trabajo en el sector están creciendo más de un 9%, luego no es verdad lo que aventura sin datos objetivos el presidente de Ashotel y respalda, sin contrastar, CCOO Canarias.
Trabajadores y patronal de hostelería se oponen firmemente a la legalización del alquiler vacacional en Canarias. Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife) ha logrado recabar los apoyos de 11.236 empleados del sector para luchar juntos contra la regulación de esta actividad.
El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, ha asegurado que “bajo el disfraz de comercio colaborativo con el que se pretende vender esta actividad peer to peer (P2P) se esconden verdaderos negocios encubiertos que no pagan ningún tipo de impuestos”.
Asimismo, entre los motivos que esgrimen en contra de la regulación están la protección del empleo legal, la imagen de las islas que puede verse perjudicada como destino turístico y la posible caída de precios en establecimientos legales.
Marichal y el secretario general de Fecoht-CCOO, Manuel Fitas, sindicato mayoritario de hostelería en Canarias, han conseguido apoyo a través de misivas de 88 comités de empresa de establecimientos turísticos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y Lanzarote y harán llegar sus reivindicaciones a Paulino Rivero, según han hecho saber en rueda de prensa.
El presidente canario anunció hace alrededor de un mes, tras una reunión con la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) en la que se mostró muy receptivo, que estudiaría las peticiones del sector con el fin de regular la actividad. Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Canarias quien debe decidir si atender a un sector que gestiona alrededor de 54.000 viviendas vacacionales en las islas o las peticiones de la patronal.
