Tras la celebración del Seminario Derecho a una vida deseada, digna y saludable, en el que participaron representantes y cargos electos de las instituciones canarias
{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
SB-Noticias.– La sede del Parlamento de Canarias acogió este viernes el Seminario Derecho a una vida deseada, digna y saludable, convocado por la Plataforma por el Aborto libre, legal, seguro y gratuito, dirigido a cargos electos de las instituciones canarias (de nivel autonómico, insular y municipal), que a lo largo de este curso político han presentado mociones e iniciativas en defensa del derecho a decidir de las mujeres en sus respectivos ámbitos de intervención.
La finalidad de este Seminario ha sido compartir el análisis que la Plataforma hace en este momento de la gestión política del regresivo anteproyecto de ley del aborto de Gallardón, visibilizar la posición contraria a la Ley del Partido Popular, ante la posibilidad de su aprobación en Consejo de Ministros, y reafirmar el compromiso democrático declarado anteriormente, tal y como explicaron en una rueda de prensa los portavoces del colectivo.
La Plataforma por el Aborto libre, legal, seguro y gratuito rechazó la reforma de Gallardón, que pretende aprobar el Gobierno del PP, por considerarlo restrictivo y retrógrado, vulnerando derechos fundamentales de las mujeres, al entender que la maternidad debe ser una decisión de las mujeres, consciente, libre, asumida, aceptada y deseada.
Mari Bolaños, portavoz del colectivo, recordó que la decisión de ser madre o interrumpir un embarazo pertenece al ámbito privado de cada mujer y no puede ser una imposición ni desde el punto de vista penal ni moral, al tiempo que la libertad de decidir sobre el propio cuerpo supone un derecho humano fundamental, e impedirlo es una gravísima vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, que deja al Estado español fuera de la normativa internacional sobre estos derechos.
Recordó a Gallardón que quitar a las mujeres la capacidad de decisión supone convertirlas en ciudadanas de segunda,tuteladas por la Iglesia y el Estado, por tanto, un atentado contra la democracia, cuya existencia implica que un Estado plural y aconfesional debe atender al interés general de la sociedad y legislar de acuerdo a una ética civil para no imponer ideas religiosas al conjunto de la ciudadanía.
Rechazan la contrarreforma de la Ley del aborto, porque las mujeres tienen derecho a que se les respete su autonomía, su dignidad y su libertad moral, derechos recogidos en la Constitución, toda vez que el derecho a la vida no es un derecho abstracto, se desarrolla vinculado a otros como el derecho al cuidado, a la alimentación, a la vivienda, a la salud y a la vida digna.
Dijo que las prohibiciones no reducen el número de abortos, pero sí aumentan los abortos clandestinos y de riesgo, especialmente para las mujeres con pocos recursos económicos y para las jóvenes, y las salidas al extranjero para abortar allí donde la legislación lo permite, poniendo sobre la mesa un fato escalofriante, no en vano se calcula que cada año fallecen en el mundo 47.000 mujeres y 5 millones más quedan con enfermedades graves a consecuencia de la necesidad de recurrir a abortos ilegales e inseguros.
Para el colectivo, la legalización del aborto no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, pero sí obliga al Estado a desarrollar políticas que permitan respetar la decisión de cada mujer, de acuerdo a su conciencia y circunstancias, sin injerencias y en condiciones adecuadas, dejando claro que se trata de un proyecto de reforma de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de profundos tintes ideológicos, misóginos y clasistas, que sitúa al Estado español a la cola de Europa, con una de las legislaciones más restrictivas, inseguras e injustas.
Por todo ello, en nombre de la Plataforma, Bolaños exigió la retirada de este Anteproyecto y que no se modifique de manera restrictiva la actual Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, al tiempo que reclaman que se produzca un cambio legislativo en el que el aborto deje de estar tipificado como delito y pase a estar regulado como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad.