La jueza rechaza archivar la causa contra Antonio Manuel Acosta y otro alto cargo después de que la Fiscalía y la acusación popular denunciaran graves irregularidades y vulneraciones de la Ley de Costas en la autorización del complejo turístico.
Escucha aquí la entrevista a Guacimara Fuentes en Radio San Borondón
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La investigación judicial sobre la tramitación del proyecto turístico Cuna del Alma continúa abierta. La magistrada instructora ha rechazado las solicitudes de sobreseimiento y archivo presentadas por el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Manuel Acosta Felipe (Coalición Canaria), y por el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental, Valeriano Díaz Castro. Ambos altos cargos permanecen en calidad de investigados desde el pasado 10 de noviembre.
La resolución judicial se produce después de que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular, ejercida por la Asociación Puertito Libre, se opusieran al cierre de las diligencias y reclamaran la continuación del procedimiento, en el que aún restan pruebas periciales por practicar. Con este auto, decaen las expectativas trasladadas desde el entorno político de los investigados sobre un pronto archivo de la causa.
En declaraciones a Radio San Borondón, Guacimara Fuentes, miembro de La Gaveta 20A, celebró la contundente decisión tanto de la Fiscalía como de la jueza de rechazar de plano el archivo y sobreseimiento de la causa por el proyecto Cuna del Alma. Fuentes explicó que la resolución judicial mantiene abierta la investigación al existir diligencias pendientes solicitadas por la acusación popular —ejercida por la Asociación Social y Ecologista Puertito Libre— y contar con un informe pericial policial que calificó de «demoledor». Asimismo insistió en la importancia de frenar las obras y proteger el Puertito de Adeje, subrayando que, pese a la «inmensa destrucción» visible en el terreno, el enclave libre de cemento sigue siendo un soporte vital para el equilibrio ecológico de las zonas colindantes incluidas en la Red Natura 2000, como el Sitio de Interés Científico de La Caleta y la playa de Diego Hernández.
Incompatibilidades con la Ley de Costas
El escrito de oposición presentado por la Fiscalía incorpora las conclusiones de una pericial judicial que acredita importantes vulneraciones de la normativa estatal de Costas dentro de la zona de servidumbre de protección. El dictamen técnico divide las irregularidades detectadas en dos bloques:
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- Edificaciones alojativas: Los peritos concluyen que los cuartos de instalaciones y las piscinas privadas de las unidades T2-XL 01 y 02 forman parte de construcciones destinadas a residencia o habitación. Este uso está expresamente prohibido por el artículo 25.1.a de la Ley de Costas en la franja de protección, sin que se cumplan los requisitos excepcionales para su autorización.
- Restaurante y túnel de servicio: El informe determina que el edificio proyectado para restaurante y sus infraestructuras anexas tampoco encajan en los supuestos permitidos por la ley en esa área. Además, señala que no ha quedado acreditado que el túnel de servicio carezca de un trazado alternativo fuera de la zona protegida.
Graves objeciones de la Fiscalía sobre la tramitación
Más allá del análisis técnico, el Ministerio Público cuestiona con dureza la actuación administrativa de los dos cargos investigados. Según el escrito fiscal, el informe técnico que constaba en el expediente era desfavorable y ambos responsables eran conocedores de ello.
La Fiscalía reprocha que la resolución administrativa que dio luz verde al proyecto omitiera el sentido negativo de dicho documento. Asimismo, advierte de que en el expediente se dio por recibido un informe preceptivo en materia de Biodiversidad cuando, en realidad, el organismo competente únicamente había remitido una solicitud de documentación complementaria para poder elaborarlo.
Para el fiscal, estas omisiones no fueron un mero error formal, sino que tuvieron como finalidad «conceder una autorización que debió ser denegada».
Próximos pasos de la instrucción
Tras conocerse la decisión de la jueza, las organizaciones y particulares personados en la causa han valorado el auto como un avance necesario para esclarecer cómo se autorizó un complejo que contaba con reparos técnicos dentro de la propia Administración de Costas.
El procedimiento continuará ahora con la práctica de las diligencias pendientes y las nuevas pruebas periciales acordadas, con el objetivo de depurar tanto la actuación de los actuales investigados como las posibles responsabilidades de otras administraciones implicadas en la tramitación del proyecto.