Antonio Aguado Suárez
La necesaria regeneración de la democracia debe contemplar muchos aspectos, pero sobre todos los que más directamente afectan a las clases medias y trabajadoras, mediante la consecución de más libertad y justicia social, por mediación de un adecuado y oportuno Estado del Bienestar. En este sentido, se debe encuadrar el derecho de la ciudadanía a ser debidamente informada en tiempo y forma por la Administración y empresas públicas y privadas que, prestan servicios esenciales y en su caso, contemplar y resolver las reclamaciones o demandas judiciales que se les interpongan.
No es de recibo que, aún esté vigente la Ley 39/2015 del 1 de octubre sobre el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (el llamado silencio administrativo), haciendo caso omiso a quienes pretendan defender sus legítimos derechos. Existe el positivo (debería ser el único), que resuelve a favor del demandante, pero predomina el negativo cuando transcurridos, tres meses a partir de la solicitud no se ha notificado como suele ocurrir, decisión alguna al interesado.
Todo esto es como consecuencia de que nuestro país está hiper burocratizado, y la burocracia es muy poco efectiva. Inexplicable, si tenemos en cuenta que, contamos con el doble de funcionarios públicos que la media europea y, en consecuencia, la Administración debería ser más ágil y eficaz. Sin embargo, en inspectores de trabajo ocurre lo contrario y disponemos de la mitad (uno por cada 23.300 trabajadores), con relación a la Unión Europea (uno para 12.000 empleados). Esta falta de medios, explican por qué España se encuentra a la cabeza de siniestralidad laboral con 6,6 muertos en relación a los 4,8 de la UE por cada 100.000 trabajadores respectivamente.
Eso sin contar la labor que podrían estar realizando, para evitar las extorsiones de muchos desaprensivos empresarios a sus trabajadores, como las denuncias relacionadas con la economía sumergida incluyendo no darles de alta y horas extras no remuneradas. Encima, los inspectores de trabajo (lo mismo que los de hacienda), con las sanciones impuestas por infracciones (3.520 según las estadísticas del año 2022), que supusieron 17 millones de euros en multas, auto financian sus sueldos o remuneraciones.
Aunque en agosto de 2022 se aprobó una nueva Ley de Desclasificación de Documentos del Estado, pero se contempla de forma muy tenue y sigue en gran medida vigente y predominando la del año 1968, pues los gobiernos son los que tienen la potestad de decidir al respecto. Así se hace prácticamente imposible, conocer lo sucedido en la Historia contemporánea de nuestro país, cómo por ejemplo, todos los entresijos y lo ocurrido antes y durante el 23f.
El IMV (Ingreso Mínimo Vital) demuestra la inoperancia de la Administración, para con todas las garantías llevarse a efecto. Se implementó en junio de 2020 y sus objetivos eran erradicar la pobreza y la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad, Se estimaba beneficiaría a 850.000 familias, equivalente a 2,3 millones de personas, estando un millón en pobreza extrema. En la actualidad lo percibe 557.405 hogares y 1,6 millones de personas. Cifras alejadas de los objetivos establecidos, todo como consecuencia del exceso de burocracia que, ha imposibilitado lograr su percepción, a personas que están en su derecho y otras muchas, empezaron a recibirlo pero con bastante retraso. Hay diferentes modalidades, pero la cuantía media es de 500 euros por titular.
La vivienda es uno de los más graves problemas del Estado y, debe hacérsele frente desde esta posición, pues afecta a gran parte de la población. En España la media de edad de los jóvenes para poder emanciparse de sus familiares es de 30 años y lo consiguen solo el 17 %, mientras en la UE es de 26 años y lo logra el 82%. Incomprensible que habiendo un déficit de 600.000 viviendas para adquirir o alquilar por jóvenes y mayores, y contando con un parque de 1.400.000 viviendas desocupadas, esto no se haya tenido en cuenta para encontrar la necesaria y pertinente solución.
En este sentido, se viene incumpliendo el artículo 47 de la Constitución que declara: “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Este mencionado artículo de la Constitución marca las pautas a seguir, pero debe llenarse de contenido con las leyes necesarias y oportunas para que se pueda llevar a efecto.
La vivienda viene siendo objeto de gran especulación, lo que hace muy difícil su acceso bien sea en la modalidad de compra o renta. Intolerable que familias como consecuencia de crisis y problemas económicos, teniendo créditos hipotecarios con entidades bancarias y por no poder hacerle frente a sus pagos, sean desahuciadas de sus viviendas y sin alternativa habitacional. Con el agravante de tener que continuar pagando la hipoteca al banco, pues inexplicablemente no se contempla la devolución o dación en pago.
Los servicios socio sanitarios, tendrían que ser transferidos con todos sus recursos a la administración más cercana, como son los ayuntamientos y que, a través de éstos, se les preste las atenciones necesarias a sus vecinos mayores y dependientes, mediante viviendas o residencias situadas en sus entornos familiares más cercanos.
Si realmente se pretende regenerar la democracia, hay que hacerlo abordando y resolviendo los muchos y muy graves problemas que tienen la clase media y trabajadora, pero sobre todo las personas más humildes y desfavorecidas.