En contestación al artículo titulado «Chira-Soria debe paralizarse de inmediato por incumplir la normativa europea», firmado por Antonio González Viéitez, Julio Cuenca y Eduardo Martín y publicado en La Provincia el nueve de febrero, un diario digital publicó una semana más tarde, el día quince, un artículo con el siguiente titular: «Los activistas contra el Salto de Chira saben desde hace más de un año que la central no es ilegal hasta que Europa diga lo contrario».
A continuación, respondemos:
1.No es usual que las polémicas periodísticas se crucen entre dos medios de comunicación distintos. Además, en este caso se contesta un artículo de opinión publicado por La Provincia no con otro artículo de opinión, sino con un artículo hecho por la propia dirección del digital. Así, mientras La Provincia sirve como plataforma de opinión, el digital toma partido y se sitúa como la otra parte del debate.
2. Para facilitar el entendimiento de la polémica y dejando al margen pormenores jurídicos, la situación es la siguiente: en contra de aquellas opiniones que indicaban que Chira-Soria era legal porque así lo había declarado el Gobierno de España, hoy está constatado que fue el propio Gobierno quien se dirigió a la Comisión Europea solicitando que se aplicase la excepción del artículo 54, tanto en cuanto reconocía que esa opción quedaba fuera de sus competencias.
3. La situación actual es de espera, de expectativa de status jurídico. Y puede decantarse hacia la aprobación de la excepción, en cuyo caso el proyecto Chira-Soria sería legal, o rechazarla, en cuyo caso el proyecto sería ilegal. Es decir, que hasta que la decisión no se publique en el Diario Oficial de Unión Europea, todo queda en un limbo. Por tanto, el proyecto de Chira-Soria no es ilegal; pero tampoco es legal.
4. ¿Entonces, cuáles son las ilegalidades que deberían obligar a paralizar el proyecto Chira-Soria? Está claro. Tomar decisiones como si el proyecto estuviera legalizado. En concreto:
a) Concesión del uso de las presas a Red Eléctrica por parte del Cabildo.
b) Autorización administrativa del Gobierno de Canarias para permitir el inicio de las obras.
c) Concesiones a Dragados y a Tedagua para la ejecución de la desaladora, los túneles de acceso a las cavernas, la compra de las turbinas y los equipos eléctricos, la ejecución de las pistas de acceso a las diferentes zonas de obra, la remodelación de los muros de las presas, etc.
d) Las obras de ejecución iniciadas en febrero de 2022 y que todavía siguen en marcha.
5. En cualquier caso, este debate jurídico no debería alejarnos del fondo de la cuestión. Que no es otro que el intento del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de asumir y apoyar la creación de una especie de monopolio eléctrico privado en Gran Canaria, dejando en manos de la transnacional Red Eléctrica de España (durante medio siglo prorrogable) la posibilidad simultánea de gestionar y almacenar energía. El diario digital se permite la licencia literaria y engañosa de llamar a REE «empresa semipública», cuando su porcentaje de participación pública es del 20%. ¿Se atreverían a afirmar que Caixabank es una banca semipública, puesto que su porcentaje de participación pública es del 18%?
6. Como ya venimos indicando reiteradamente, nuestro modelo energético alternativo debería fundamentarse en:
a) Evitar macroproyectos propios de una fase anterior del crecimiento económico y poner en pie un sistema descentralizado, multipolar, de red de redes, mucho más adecuado a la era que nos toca vivir.
b) Evitar entregar nuestros fastuosos recursos energéticos primarios a transnacionales, porque ahonda en nuestra dependencia estructural. Recordando que en la isla de Gran Canaria, el 95% de la potencia renovable instalada está mayoritariamente en manos de capital transnacional. Hecho que se debería revertir.
c) Defender con pasión, inteligencia y equilibrio toda nuestra biosfera. Porque no tiene sentido invadir sin ningún respeto la naturaleza en nombre de las energías renovables.
d) Todo ello, apoyando los autoconsumos y conservando en manos públicas el control de los centros neurálgicos de todo nuestro sistema energético. Para que los auténticos beneficiarios seamos todos los canarios.
Antonio González Viéitez, Julio Cuenca Sanabria y Eduardo Martín Almeida