Unid@s se puede lamenta la ausencia de responsabilidades políticas en los vertidos en la costa de Valle de Guerra que forman parte de la multa de las autoridades europeas
La mala gestión del agua coloca a La Laguna entre las 17 localidades de la sanción de Bruselas por vertidos contaminantes al mar
A día de hoy el el Consejo Insular de Aguas de Tenerife no ha aclarado convenientemente lo que se hizo con los 600.000 euros anuales que el Ayuntamiento de La Laguna pagaba para depurar esas aguas y tampoco se ha tomado la más mínima responsabilidad política
Siete años después de que el Tribunal de Justicia de la UE condenara al Estado español porque en 2001 aún había 37 ciudades mayores de 15.000 habitantes que no depuraban correctamente sus aguas, el ejecutivo comunitario se cansó de esperar y levó de nuevo al Estado ante el tribunal comunitario debido a que en ese momento 17 de esas localidades todavía seguían sin tratar sus aguas correctamente sus aguas negras. La CE ahora pide que se ejecute la sentencia y se imponga una sanción de al menos 12 millones de euros, más una multa de 171.217 euros diarios, más una multa coercitiva de 10,95 millones de euros por cada nuevo semestre de retraso desde este miércoles y hasta que se ejecute totalmente la sentencia de 2011.
La costa de La Laguna es una de las afectadas que aparece entre esas 17 localidades, debido a los vertidos continuos que se han realizado por la mala gestión realizada de la Depuradora de Valle de Guerra. Idaira Afonso, concejala de Unid@s se puede, recuerda que su grupo ha denunciado en varias ocasiones la existencia de informes del propio Gobierno de Canarias, concretamente “los realizados por la empresa Civica Ingenieros SL, en los que se afirma que frente a los 4.500 metros cúbicos diarios que llegan a la depuradora de Valle de Guerra, solo 2.500 se trataban correctamente, mandándose el resto al emisario submarino con un tratamiento primario que no cumple las normativa”.
Afonso destaca que parte de los 2.000 metros cúbicos por día vertidos sin un tratamiento secundario, son de La Laguna, que envía unos 1.500 m3 diarios, según el informe, una media de 1.250 m3 diarios de media según el área de Aguas, procedentes de la zona de Valle de Guerra, Tejina, Ortigal y Guamasa. El resto de aguas tratadas proceden de Tacoronte (1.700 m3 diarios) y Tegueste (1.300 m3 diarios). Esta ha sido la realidad durante años, “una realidad que sigue pesando antes las autoridades europeas, que no perciben avances, a pesar de los múltiples anuncios de los responsables del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de tener solventado este problema con la nueva inversión ejecutada en el año 2017”.
La edil de la confluencia lagunera señala que el efecto continuado de estos vertidos provocó, según los informes, valores excesivamente elevados de contaminación marina por aguas fecales, mayores a 20.000 UFC/100 de bacteria E-Coli, debido a la escasa profundidad para el caudal de vertido, por lo que dependiendo de las condiciones del mar afecta a zonas de baño costeras. “A día de hoy el el Consejo Insular de Aguas de Tenerife no ha aclarado convenientemente lo que se hizo con los 600.000 euros anuales que el Ayuntamiento de La Laguna pagaba para depurar esas aguas y tampoco se ha tomado la más mínima responsabilidad política sobre un ejemplo claro e internacional de mala gestión evidente e incumplimiento con la normativa”.
La edil indica que en la costa es perceptible el efecto de estos vertidos continuados de aguas con escaso tratamiento, que no cumplen con lo contemplado en el Real Decreto-Ley 11/95 de 28 de Diciembre, que transpone la Directiva 91/271/CEE, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Además cree que “con este tipo de informaciones evidencia un maltrato al medio ambiente, pero también se afecta al nombre de La Laguna y al esfuerzo de la gente que vive del mar en nuestro municipio, que acaba siendo afectado por la mala gestión del Cabildo insular y del Ayuntamiento, que evidentemente no han hecho la tarea a la hora de evitar estos vertidos”.
“Es un escándalo que en esta nefasta gestión ambiental de un recurso tan importante como el agua, con un incumplimiento sistemático y continuado de la normativa europea, ningún responsable político de Canarias dé explicaciones o asuma responsabilidades, al final es el conjunto de la ciudadanía la que tendrá que abonar una multa multimillonaria mientras se les mantiene los sueldos a los gestores de este desastre”, finaliza.