La moción aprobada exige al Gobierno del Estado que respete los Derechos Humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla
El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado una moción de rechazo a las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del 3 de octubre que considera estas prácticas ilegales.
La moción presentada por el grupo de gobierno insta al Gobierno de España a acatar la sentencia del Tribunal Europeo y poner fin inmediatamente a esta práctica así como a respetar los derechos humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla y la puesta en marcha de las medidas oportunas para garantizar la adecuada atención a las personas que cruzan la valla, proporcionándoles asistencia jurídica y lingüística, la posibilidad de solicitar asilo y de recurrir su expulsión, tal y como establece la legislación en la materia.
También señala la necesidad de poner en marcha medidas de vigilancia y control para que no se produzcan devoluciones en caliente en alta mar, teniendo en cuenta las dificultades añadidas del entorno de la detención y entrega a autoridades policiales de otro país y la indefensión e imposibilidad de las personas integrantes de las embarcaciones para expresar los motivos de su huida o su estado de salud.
El 3 de octubre de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por la demanda de dos jóvenes procedentes de Mali y Costa de Marfil que fueron expulsados de Melilla en agosto de 2014. Según el Tribunal, esta devolución supone una violación del Protocolo 4 y del artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al tratarse de una expulsión colectiva sin posibilidad efectiva de recurso judicial.
El Gobierno insular ha agradecido el trabajo de las organizaciones sociales como CEAR, Médicos del Mundo, la Asociación Migrando y Amnistía Internacional, entre otras, que luchan por los derechos de las personas migrantes y que estuvieron presentes en el pleno en el momento de la aprobación de la moción. Algunas de ellas, como las de CEAR, formaron parte de la demanda que dio lugar a la sentencia del Tribunal Europeo.