Recuerdan estos expertos que cada año aparecen una media de seis especies nuevas en Canarias.
DA.- Un colectivo de biólogos, perteneciente al Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, consideró ayer en un comunicado que los últimos gobiernos en el Archipiélago “han hecho dejación de funciones en la conservación de la biodiversidad de las Islas”, al considerarla “a menudo un obstáculo en el desarrollo, a consecuencia de una escasa planificación e información, y se ha intentado bordear la legalidad con interpretaciones forzadas”.
“La máxima de esta práctica”, según este grupo de profesionales que habla en nombre del Colegio de Biólogos, “fue la aprobación en 2010 del Catálogo de Especies Amenazadas existente, sin ningún consenso profesional, académico, ni social, con gran revuelo mediático en nuestra Comunidad Autónoma, a pesar de lo cual nada se ha movido desde entonces”.
Con el cambio de Gobierno de la legislatura que ahora finaliza, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo de Canarias organizó en abril de 2013 una reunión que tenía como objetivo depurar los criterios para la evaluación de especies amenazadas, con el fin de llevar al Parlamento el nuevo catálogo prometido en las elecciones. “Pero, dos años después y finalizada su legislatura, la realidad es que no habido ningún avance, y aquel revuelo social, político y mediático ha quedado en nada”, exponen estos científicos.
A su juicio, los programas de recuperación de especies en las administraciones públicas canarias “carecen de una financiación adecuada y el nuevo Catálogo de Especies Amenazadas prometido no ha visto la luz; incluso, en la única iniciativa clara que ha contemplado el Gobierno en biodiversidad, como fue crear con fondos públicos (300.000 euros) la base de datos de Biodiversidad Canaria-Atlantis, presenta problemas y no presta el servicio requerido”.
Sin embargo, “desde el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias” consideran “fundamental esta herramienta para el conocimiento y para la correcta gestión de la biodiversidad canaria, así como para la actualización periódica del catálogo, como hemos transmitido a los distintos gobiernos en diversas ocasiones”. De hecho, afirman, este Colegio “se ofreció a su difusión y uso entre los profesionales, pero no se nos ha tenido en cuenta, y la realidad es que languidece, y su acceso público es restringido, tosco y sin procedimientos jurídicos transparentes”.
Sostienen estos biólogos que “de forma demagógica, algunos políticos han usado la biodiversidad como estandarte, cuando la realidad es que no han ejercido sus funciones en esta materia”. “Un claro ejemplo”, según apuntan en el comunicado, “lo tenemos en las polémicas plataformas petrolíferas que tanta tinta hicieron correr, pues el conocimiento que teníamos de los fondos profundos y su biodiversidad era prácticamente nulo, y tuvo que venir una fundación privada norteamericana a hacer un estudio de los fondos porque aquí en Canarias, islas oceánicas, no invertimos en este tipo de cosas”.
Con ocasión, mañana, 22 de mayo, del Día Mundial de la Biodiversidad, y cercanos a unas elecciones, el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias “hace un llamamiento a la sociedad del Archipiélago y a los políticos en particular para exigir al próximo Gobierno las inversiones que exigen los estudios de biodiversidad, los planes de conservación de especies y la gestión de los espacios protegidos; y todo ello contando con los profesionales, en el marco de la transparencia y la participación efectiva, porque el desarrollo sostenible implica alcanzar un equilibrio entre intereses sociales, económicos y ambientales”.
“Atrás queda el intento” de una Ley de Biodiversidad
“Atrás queda el intento de crear una Ley de Biodiversidad en 2014, en la que se proponían medidas interesantes para la conservación, entre ellas un Instituto de Biodiversidad Canario y de la Macaronesia, y que hubiera permitido aumentar el conocimiento científico de las especies y hábitat, y adoptar medidas de gestión adecuadas”, lamentan en su comunicado los miembros del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias. Desde su punto de vista, “son reiterados los incumplimientos de los mandatos legales, como la Ley 2007 del Patrimonio de la Conservación y de la Biodiversidad, que da prevalencia a la conservación de la biodiversidad por encima de la ordenación territorial; los planes de ordenación de los recursos naturales, que incumplen algunas administraciones canarias; la obligación de la Comunidad Autónoma de mantener la Red Natura 2000 en un estado de conservación favorable, incumpliendo las obligaciones que le incumben y que ha sido motivo de multa por la Unión Europea”. Citan también las sentencias del Tribunal Constitucional “por incumplimiento de la normativa básica estatal del Catálogo de Especies Amenazadas, la insuficiente dotación de personal funcionario para cumplir los servicios ambientales que exige la legislación”.
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