Las personas que integramos el colectivo VCAU (Viejas Cascarrabias Anarquistas Unidas) reunidas en Las Palmas de Gran Canaria al calor de la concentración que un grupo de pensionistas convocó en la capital insular en defensa del sistema público de pensiones, queremos felicitar a cuantas personas se concentraron el 24 de octubre en San Telmo.
El Capital viene atravesando una crisis desde hace tiempo polimórfica. Entre las estrategias que toma para intentar superar una de sus dimensiones críticas -la económica- acrecentar el belicismo y las guerras es una importante. De esto que decimos existen pruebas demasiado evidentes: en 2025 (nos recuerda el SIPRI) se daban en el planeta conflictos armados que implicaban a poblaciones de algo más de cincuenta países. Y los presupuestos bélicos a nivel mundial (el gasto militar) ese año se acercaban a 2,8 billones de dólares. Para entendernos con cifras tan bestiales: por cada ciudadano del planeta se gastan algo más de 2.900 dólares/año en armamento.
Pero también el Capital emplea otra estrategia que se ha ido haciendo más evidente durante las últimas décadas, con la emergencia del neoliberalismo; para superar la caída de la tasa de ganancia, “la caída del valor como plusvalor” , el Capital procura revertir la tendencia desposeyendo. Lo que hace a través de diversos mecanismos: la privatización y mercantilización de bienes públicos es uno de ellos.
Meter el pico en la bolsa de las pensiones es el sueño líquido de los buitres carroñeros y los banqueros. Según el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social, entre un 12 y un 13% del PIB en España se destinan a pensiones. (Se incluyen en esa bolsa las pensiones de jubilación, las de viudedad, las de incapacidad permanente, las de orfandad y las de favor familiar).
En España, cada vez que se acercan elecciones generales, los grupos políticos hablan de pensiones; unos más claramente que otros se pelean para decirnos a la ciudadanía que el sistema público de pensiones (que disponemos gracias a las cotizaciones a la Seguridad Social de las trabajadoras, trabajadores y empresarios)
atraviesa por malos momentos.
Nos lo dicen casi desde que, en referéndum, se aprobó la Constitución española de 1978. Y ello, pese a que el artículo 50 de la carta magna, dice: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.”
Además, el artículo 41 consagra un régimen público de seguridad social para todos; así, nos dice: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.”
Para argumentar ese empeño de las organizaciones políticas, al servicio del Capital, en dificultar cada vez más el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, un pequeño repaso a la historia reciente nos resultará ilustrativo.
Ya en 1985 (siete años después de aprobada la carta magna) con el señor X en la presidencia del país, se sacó adelante la Ley 26/1985 de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social. Una reforma que endurecía las condiciones para el acceso a las pensiones, elevando el periodo de cotización y ampliando los años de cómputo; contra tal norma se convocó la primera Huelga General (el 20 de junio de aquel año) desde la Guerra Civil.
Aquella huelga obligó al gobierno a establecer por ley la revisión automática de las pensiones con el IPC. Una medida que tumbó M. Rajoy cuando, durante su tiempo de desgobierno, introdujo el “factor de revalorización”; a él le dedicaremos una nota más adelante; sigamos así en orden cronológico.
Tras incorporarnos al club europeo neoliberal (la Comunidad Económica Europea, hoy llamada UE) y al club mundial terrorista de la OTAN, el señor X aún tuvo tiempo para admitir un informe que proponía uno de los grupos políticos que le prestaba apoyo en aquellos momentos: los conservadores catalanes de CiU, la federación de partidos al servicio del empresariado aglutinado alrededor de Foment del Treball Nacional.
El informe versaba acerca de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de él surgió el Pacto de Toledo; un marco de recomendaciones que, acordadas en el Parlamento, serviría de guía para las reformas del sistema público de pensiones a lo largo del tiempo.
La primera materialización de Pacto de Toledo vino con el genocida de las Azores que gobernó España durante los años más “esplendorosos” de la burbuja inmobiliaria en el país (“de aquellos polvos estos lodos”). Llevó por título la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social.
Una ley apoyada por los sindicatos y por los partidos políticos del arco parlamentario -con las excepciones de IU y de los partidos autodeterministas de las comunidades históricas-.
Con esta ley cambiaba el modelo; de un sistema público de pensiones se pasaba a otro construido sobre dos pilares: unas pensiones públicas complementadas con “pensiones privadas”. Se iniciaba el desmantelamiento del sistema público de pensiones. Porque, además, a través del Pacto de Toledo, en aquel momento, se daba otro hachazo a la cuantía de las pensiones pues se ampliaban los años para el acceso (de 10 a 15 años) incrementándose la base reguladora de la pensión en siete años más.
Y en esas estábamos “la mar de bien” -al decir de los gobernantes- hasta que llegó la primera gran crisis mundial del neoliberalismo; y con ella… “a pagar, pueblo”.
La Troika (¿recuerdan?) impuso duras condiciones al gobierno de Zapatero (que se bajó los pantalones e inclinó sin rechistar). A partir de 2027 las personas se jubilarán con 67 añitos. Además, el periodo para calcular la base reguladora de la pensión pasaba de 15 a 25 años; y se aumentaba de 35 a 37 los años de trabajo/cotizados necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Incluso, en 2011 el gobierno de Zapatero congeló por primer vez las pensiones.
Preparó, sin duda con cariño y reforma constitucional exprés mediante, la transición para la llegada de M. Rajoy; todo un portento. Este adelantó el llamado “factor de sostenibilidad”, impulsado por Zapatero para 2027, a 2019, lo que suponía más recortes para los nuevos pensionistas. E introdujo el ya mencionado “factor de revalorización”: la canasta de la compra sube y sube; las pensiones solo lo hacían un 0,25% anual. De alargarse en el tiempo la medida, algunos estudiosos plateaban que la reducción del poder adquisitivo del pensionista medio alcanzaría un 30%.
Tales despropósitos espabilaron a las y los afectados quienes, inicialmente en Catalunya y en Euskal Herria, comenzaron a denunciar tamaños atropellos. Se fueron produciendo múltiples denuncias y fuertes movilizaciones en diversos territorios creándose, entre otros, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria
(MPEH), el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP) y el Movemento Galego pola Defensa das Pensións (MODEPEN).
En 2016, en pleno acoso contra los derechos económicos y sociales de las personas en España impulsados por M.Rajoy y su desgobierno, se crea la COESPE en un intento, por ahora exitoso, de aglutinar las diversas sensibilidades en torno a este tema de pensiones que, hoy, en España, afecta directamente a algo más de diez millones y medio de personas.
Y que en resumen, defiende-defendemos -gobierne quien gobierne- un sistema público de pensiones basado en la solidaridad intergeneracional. Rechazando de plano cualquier intento de privatización del mismo, sea vía capitalización (“mochila austríaca”, como sustituta de la indemnización a los trabajadores despedidos; “Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) en Euskal Herria, las “Administradoras de Fondos de Pensiones”, en Chile),… o cualesquiera otros inventos que el Capital saca de la chistera para, grupos políticos y publicidad mediante, imponerlos a la ciudadanía… que no quiere ser estafada.
De todo eso hablábamos hoy algunas viejas cascarrabias. Y mientras debatíamos apareció Juana (una cascarrabia con enorme clase) informándonos de un artículo publicado en varios medios de comunicación (véase aquí y aquí) y firmado por la compañera Ma del Carmen Talavera. Nos sorprendió el enfado que exuda la columna; máxime a nosotras, Viejas Cascarrabias, que nos unimos para defender lo público, entendido como lo común; lo que es o debe ser de todas.
Nos parece que no hay asociación en Canarias que pueda proclamarse portadora de las esencias de un colectivo que, en esta tierra nuestra, acoge a más de 384.000 personas.
Y en la defensa de todas ellas cabemos hasta la última: organizadas a través de movimientos, plataformas, sindicatos, partidos políticos (incluyendo el grupo político con el cual Ma del Carmen simpatiza) o bien a título individual. Todas.
Sí es verdad que, al menos nosotras, no estamos por la labor de dirigir nada; no somos la vanguardia de nadie; pero tampoco estamos por seguir a pastor alguno a ningún redil: “Ovejitas y cabritas… al monte”.
Por eso, vamos a seguir apoyando a las personas en movimiento denunciando, luchando y enfrentándonos (pese a nuestra vejez) contra los atentados cada vez más graves del Capital sobre los desposeídos de esta bendita tierra canaria. De protagonismos ya tenemos bastante y más en estos previos electorales.
Para acabar y como recordatorio, hoy (como ayer y mañana) seguimos defendiendo:
1. Pensiones dignas y suficientes (que en importante cuantía aún no lo son).
2. NO a la precariedad y la miseria laboral (bastante presente en Canarias)
3. NO a un sistema de pensiones entregado (como pretenden diversos partidos políticos) al negocio de bancos, aseguradoras y fondos buitres.
¡¡Nos vemos el próximo 11 de noviembre en las calles!!
¡¡A por la HUELGA GENERAL!!
Viejas Cascarrabias Anarquistas Unidas.
