La plataforma Derecho al Techo critica que el juzgado ejecutara el lanzamiento remitiéndose a un auto anterior a la aprobación del nuevo Real Decreto-ley 29/2026
El desalojo forzoso de una madre y sus dos hijos menores de edad en el barrio capitalino de Pedro Hidalgo ha desatado las críticas de los colectivos sociales. La plataforma Derecho al Techo ha denunciado que la administración de justicia ejecutó el lanzamiento sin ofrecer una respuesta expresa y motivada a las últimas solicitudes de suspensión provisional presentadas por la defensa de la familia afectada.
Según la documentación aportada por el colectivo, la jueza María de los Milagros Vilan Santos dictó la orden basándose en un auto anterior con fecha del 9 de septiembre. Sin embargo, la plataforma subraya que los días 1 y 8 de octubre se registraron nuevos escritos que obligaban a revisar el caso bajo un marco normativo distinto, los cuales no obtuvieron una contestación específica.
Invocación de nueva normativa
La solicitud de suspensión del 8 de octubre invocaba la protección provisional contemplada en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 29/2026. Esta legislación, aprobada de forma posterior al auto judicial de septiembre, faculta a los órganos judiciales a paralizar cautelarmente los lanzamientos mientras se evalúa su aplicación definitiva en hogares vulnerables.
Desde Derecho al Techo argumentan que «incorporar un escrito al expediente no equivale a resolver su contenido» y recalcan la necesidad de diferenciar entre la falta de título posesorio de la vivienda y el derecho fundamental a que se examine una protección legal sobrevenida. A juicio de la organización, la presencia de menores de edad requería una respuesta de especial urgencia, expresa y motivada, antes de proceder a dejar a la familia en la calle.
El informe de vulnerabilidad, rechazado
A la falta de respuesta judicial se suma la polémica en torno al informe de vulnerabilidad de la familia. El documento, elaborado por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fue presentado formalmente en el registro del juzgado antes de que acudiera la comitiva. Asimismo, miembros del colectivo intentaron entregarlo en mano a los funcionarios judiciales desplazados al inmueble, quienes se negaron a recepcionarlo.
La plataforma social ha reclamado un cambio drástico en los protocolos judiciales para que las solicitudes de amparo a familias vulnerables se examinen de manera «efectiva e individualizada» antes de ejecutar cualquier lanzamiento. «El derecho a la vivienda y la protección de la infancia no pueden quedar reducidos a un mero trámite administrativo; las garantías legales deben aplicarse antes de que una familia pierda su hogar», concluyen.
