“MÁS DE CUATRO MESES DE SILENCIO: MIENTRAS LA ADMINISTRACIÓN
CALLA, EL PATRIMONIO DE CANARIAS SE DESTRUYE”
Asociaciones, colectivos y ciudadanía reiteran su denuncia por inactividad
administrativa y exigen a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural que
cumpla la Ley 11/2019
Canarias, octubre de 2026. — El 5 de junio de 2026, asociaciones, colectivos y
particulares presentamos ante la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del
Gobierno de Canarias un escrito de denuncia y exigencia de cumplimiento de la Ley
11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. El escrito tuvo entrada
efectiva en el Registro General Electrónico del Gobierno de Canarias el 9 de junio de
2026, con el correspondiente justificante acreditativo.
En aquel documento no hacíamos una queja genérica. Denunciábamos hechos
concretos: el incumplimiento sistemático de ayuntamientos y cabildos de sus
obligaciones legales; la ausencia de catálogos municipales e insulares; el abandono de
Bienes de Interés Cultural; la concesión de licencias sin los preceptivos informes de
patrimonio; y la destrucción, alteración o deterioro de bienes arqueológicos, etnográficos,
arquitectónicos e históricos. Pedíamos a la Administración autonómica que ejerciera sus
competencias de coordinación, alta inspección, tutela, inspección y sanción.
Han pasado más de cuatro meses. No hemos recibido resolución expresa, ni
comunicación sobre la tramitación, ni requerimiento de subsanación, ni acuerdo de inicio,
ni archivo motivado, ni respuesta sustantiva alguna. Nada. Silencio administrativo
mientras el patrimonio sigue cayendo.
Ese silencio no es neutral. Mientras la Dirección General calla, los incumplimientos se
consolidan, las obras avanzan, los yacimientos se destruyen y los bienes protegidos se
abandonan. El tiempo no pasa en vano: cada día que transcurre sin actuación
administrativa es un día más de pérdida irreparable para nuestra memoria, nuestra
identidad y nuestra historia.
Por eso hemos presentado una reiteración, denuncia de inactividad administrativa y
requerimiento de actuación. Exigimos que se dicte respuesta expresa y motivada; que
se informe sobre si se ha realizado alguna actuación inspectora, técnica o jurídica; que
se explique el grado de cumplimiento de la Disposición Transitoria Sexta de la Ley
11/2019 sobre catálogos municipales; que se detallen las actuaciones de alta inspección,
coordinación y tutela; y que, cuando proceda, se adopten medidas cautelares y se incoen
los procedimientos sancionadores correspondientes.
La Ley 11/2019 atribuye a la Comunidad Autónoma competencias expresas de
coordinación, alta inspección y tutela (artículo 15). También establece que la inspección
del patrimonio cultural es de inexcusable observancia (artículo 134) y que las
administraciones deben vigilar, controlar, levantar actas, emitir informes y proponer
medidas cautelares (artículo 136). No es una ley decorativa. Es una obligación legal. ElComentarioResaltar
NDP PETICIÓN REITERADA POR SILECIO ADMINISTRATIVO AL GOBIERNO DE CANARIAS
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artículo 21 de la Ley 39/2015 obliga a resolver expresamente, y el artículo 62 regula la
denuncia. La Administración no puede convertir el silencio en su única respuesta.
La ciudadanía no puede seguir siendo testigo impasible de cómo se destruye su
patrimonio mientras la Administración mira hacia otro lado. El silencio administrativo no
puede convertirse en la política patrimonial de Canarias. No vamos a aceptar que la falta
de voluntad política se disfrace de falta de medios, de reformas futuras o de trámites
interminables.
Cada día de retraso es una pérdida irreversible. Cada catálogo que no se aprueba
es un bien más expuesto. Cada licencia sin informe es una autorización para
destruir. Cada silencio es una cómplice dejación de funciones.
Por todo ello, exigimos a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del
Gobierno de Canarias:
1. Respuesta expresa, motivada y notificada a las solicitudes y denuncias
presentadas.
2. Información completa sobre las actuaciones realizadas desde el 9 de junio de
2026.
3. Cumplimiento efectivo de las competencias de alta inspección, coordinación y
tutela.
4. Medidas cautelares y preventivas para evitar daños irreversibles.
5. Incoación de los procedimientos sancionadores que legalmente correspondan.
6. Transparencia sobre el estado de los catálogos municipales e insulares.
No pedimos favores. Pedimos el cumplimiento de la ley. No defendemos un interés
particular. Defendemos el patrimonio de todas y todos. Y no vamos a dejar de denunciar,
reiterar y exigir hasta que la Administración responda y actúe.
El tiempo no pasa en vano. Cada día se destruye nuestro patrimonio, nuestra
historia. Y cada día de silencio también es una forma de destruirlo
