Los residentes del núcleo de Chimiche, en Granadilla de Abona, denuncian una situación de absoluto desamparo debido a la reactivación de la cantera de áridos Las Cármenes, situada a escasos 50 metros de sus viviendas y del colegio Virgen del Pilar.
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La presidenta de la Asociación de Vecinos Vechisur, Montse Gómez, califica la realidad diaria como un «infierno» provocado por constantes nubes de polvo de sílice cristalina. Este material, confirmado al 100% por análisis de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, afecta gravemente las vías respiratorias de un centenar de residentes y 70 alumnos. A pesar de la gravedad sanitaria, los afectados critican la inacción y el silencio administrativo de las instituciones públicas.
Silencio y promesas incumplidas
Los vecinos lamentan recibir una «callada por respuesta» tras presentar denuncias ante la Fiscalía, la Dirección General de Industria y el Diputado del Común. Además, acusan a la Consejería de Industria y al Ayuntamiento de mentir sobre la instalación de medidores de aire exigidos por el Documento de Impacto Ambiental, los cuales siguen sin existir. El consistorio justifica su pasividad alegando falta de competencias para cerrar la instalación, y el alcalde rechazó posicionarse del lado de los afectados en una reunión el pasado 15 de junio, asegurando que se mantendría «neutral».
Los vecinos lamentan recibir una «callada por respuesta» tras presentar denuncias ante la Fiscalía, la Dirección General de Industria y el Diputado del Común. Además, acusan a la Consejería de Industria y al Ayuntamiento de mentir sobre la instalación de medidores de aire exigidos por el Documento de Impacto Ambiental, los cuales siguen sin existir. El consistorio justifica su pasividad alegando falta de competencias para cerrar la instalación, y el alcalde rechazó posicionarse del lado de los afectados en una reunión el pasado 15 de junio, asegurando que se mantendría «neutral».
Avance sin control y amenaza de ampliación
La explotación, concedida por 30 años sin informes previos de Sanidad o Educación, avanza hacia el casco urbano y ya amenaza con situarse a menos de 30 metros de las viviendas. Lejos de solucionarse, la empresa ya ha solicitado permisos para ampliar la actividad extractiva. Desde la asociación vinculan esta celeridad para favorecer proyectos turísticos en el sur de la isla con el olvido de las infraestructuras públicas, criticando que mientras se agilizan estas licencias, el Hospital del Sur lleva 40 años sin terminarse.
La explotación, concedida por 30 años sin informes previos de Sanidad o Educación, avanza hacia el casco urbano y ya amenaza con situarse a menos de 30 metros de las viviendas. Lejos de solucionarse, la empresa ya ha solicitado permisos para ampliar la actividad extractiva. Desde la asociación vinculan esta celeridad para favorecer proyectos turísticos en el sur de la isla con el olvido de las infraestructuras públicas, criticando que mientras se agilizan estas licencias, el Hospital del Sur lleva 40 años sin terminarse.
Exigencia de medidas cautelares
Ante este panorama, el colectivo vecinal recuerda que el Ayuntamiento sí tiene potestad para decretar una suspensión cautelar por motivos de salud pública. Advierten del desgaste psicológico y del riesgo a largo plazo de respirar un agente cancerígeno, especialmente para los niños del colegio. Ante el desamparo institucional total, los afectados intensificarán sus protestas y no descartan trasladar el caso a los tribunales y a las instituciones de la Unión Europea.
Ante este panorama, el colectivo vecinal recuerda que el Ayuntamiento sí tiene potestad para decretar una suspensión cautelar por motivos de salud pública. Advierten del desgaste psicológico y del riesgo a largo plazo de respirar un agente cancerígeno, especialmente para los niños del colegio. Ante el desamparo institucional total, los afectados intensificarán sus protestas y no descartan trasladar el caso a los tribunales y a las instituciones de la Unión Europea.
