La organización social Derecho al Techo ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que adopte medidas urgentes para garantizar la difusión y aplicación inmediata del Real Decreto-ley 26/2026, conocido como ‘Decreto Maricarmen’. El colectivo exige que esta nueva normativa llegue a los órganos judiciales antes de que se ejecute cualquier lanzamiento que pueda estar amparado por los nuevos mecanismos de protección a personas vulnerables.
Una aplicación efectiva desde el primer día
La entidad ha matizado que su pretensión no pasa por ordenar la suspensión generalizada de todos los desahucios ni por invadir competencias de los tribunales. El objetivo principal es asegurar que los jueces dispongan de la norma a tiempo para revisar aquellos casos en los que existan personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, evitando así que se produzcan desalojos irreversibles en un vacío de coordinación.
Criterio de legalidad y vulnerabilidad
Desde la organización se subraya que no se piden privilegios ni paralizaciones injustificadas, sino el estricto cumplimiento del nuevo marco legal. Reclaman que se comprueben de forma prioritaria las circunstancias personales y la existencia de alternativas residenciales en todos los lanzamientos previstos, de modo que queden suspendidos únicamente aquellos expedientes que así lo requieran por imperativo de la nueva legislación.
Vigilancia y seguimiento en las islas
Ante la entrada en vigor de la medida, el colectivo ha anunciado que mantendrá una postura de vigilancia activa sobre los procedimientos abiertos en el archipiélago. Derecho al Techo insiste en que detrás de cada expediente administrativo se encuentra una vida humana y recalca la urgencia de que los mecanismos judiciales actúen con la sensibilidad y rapidez que exige el nuevo escenario normativo.
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