Los colectivos han decidido acampar en la Plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria en defensa del derecho a la vivienda y llaman a la ciudadanía a sumarse
Los portavoces del colectivo ‘Derecho al Techo’, Sofía Olivares, Javier Marrero y Sandra Navarro, han comparecido en rueda de prensa desde la acampada por el derecho a la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria para valorar la situación habitacional del archipiélago. Los activistas han condicionado el éxito de los decretos estatales que se debaten esta semana en el Congreso de los Diputados a la gestión interna del Gobierno de Canarias, al que acusan de mantener bloqueada la legislación autonómica.
Exigencia de aplicación de la ley autonómica
Desde el colectivo han advertido que ninguna medida de protección estatal será efectiva si el Ejecutivo liderado por Fernando Clavijo continúa sin aplicar la ley de vivienda canaria, aprobada hace más de tres años. La organización critica que el Gobierno autonómico intente derivar la responsabilidad a Madrid, recordando que la emergencia habitacional en las islas no es un problema nuevo.
La falta de aplicación de la norma autonómica ha impedido, según los portavoces, la declaración de zonas tensionadas y la implantación de mecanismos para regular los alquileres ordinarios. Esta inacción ha supuesto además la pérdida de 90 millones de euros del fondo estatal destinado a territorios con áreas tensionadas, a pesar de que los indicadores europeos sitúan a la mayoría de los municipios canarios en esta categoría.
Críticas al modelo económico y residencial
Los representantes vecinales han vinculado directamente la crisis de la vivienda con el modelo económico del archipiélago, señalando que la turistificación y la planificación rentista expulsan a los residentes de sus barrios. Asimismo, han reclamado transparencia al Gobierno regional respecto a la gestión de la vivienda pública tras publicarse el origen profesional del actual director gerente de Visocán en una inmobiliaria participada por un gran fondo de inversión.
Respecto a la normativa estatal que se vota en las Cortes, el colectivo ha denunciado que la «letra pequeña» del decreto contempla ayudas públicas compensatorias para los propietarios en caso de impago, en lugar de fijar topes efectivos a los precios. A su juicio, esta medida desvía recursos públicos que deberían destinarse a sanidad o educación hacia los grandes tenedores y fondos buitre.
Crecimiento de la protesta y calendario de movilizaciones
La acampada, que se inició a principios de semana con cuatro tiendas de campaña, cuenta ya con cerca de 40 instalaciones y más de 50 personas pernoctando en la plaza. La organización destaca el carácter intergeneracional de la protesta, subrayando que la subida extrema del precio de los alquileres afecta de manera muy severa a la población joven que intenta emanciparse.
Para las próximas jornadas se ha anunciado un calendario de protestas que incluye una «cacharrada» reivindicativa este jueves a las 20:00 horas, una manifestación en el barrio de Chamán de la capital grancanaria el próximo sábado y la convocatoria de una gran asamblea general el día 8 de octubre para coordinar las siguientes acciones frente al incremento de los avisos de desahucio detectados en las islas.
