El caso de los vertidos ilegales en el polígono industrial de Güímar entra en su fase decisiva tras conocerse que la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel y 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para dos alcaldesas y dos exalcaldes de Tenerife. La petición del Ministerio Fiscal acusa de presuntos delitos de prevaricación por omisión y contra los recursos naturales y el medio ambiente a la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP), y a la de Candelaria, María Concepción Brito (PSOE). La acusación se extiende asimismo al exalcalde de Candelaria, José Gumersindo García Trujillo (PSOE), y al de Arafo, José Juan Lemes Expósito, actual asesor del presidente del Gobierno de Canarias.
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VIOLETA LÓPEZ (Concejala de Unidas Sí Podemos en Candelaria)
La concejala Violeta Gómez ha valorado este escenario en los micrófonos de radio San Borondón, calificando el proceso como el desenlace de una movilización ciudadana y política que se prolonga desde hace más de una década. Gómez recordó que la confluencia de Sí Se Puede e Izquierda Unida formalizó la denuncia en el año 2017, dando continuidad a un conflicto que se originó a principios de los años 2000. Durante todo este periodo, el litoral tinerfeño ha sido escenario de protestas vecinales, sanciones de la Unión Europea y un complejo recorrido judicial derivado de unos vertidos industriales que superabancon creces los límites normativos en metales pesados.
Gómez enfatizó la gravedad de los impactos ambientales y sanitarios que han sufrido las costas de la comarca. Los informes técnicos evidencian que las sustancias contaminantes alteraron de forma severa el medio marino y modificaron la cadena trófica, elevando la presencia de metales pesados en el agua. Esta situación se tradujo en un doble perjuicio que afectó directamente a la biodiversidad costera y supuso un riesgo constatable para la salud pública de los bañistas, evidenciando una prolongada inacción por parte de las administraciones competentes.
Respecto a la postura de su formación ante la petición penal de la Fiscalía, la portavoz municipal mantuvo una línea de prudencia institucional y señaló que políticamente prefieren aguardar al desarrollo de las sesiones judiciales antes de valorar el alcance de las medidas contra los encausados. En cuanto al estado actual de las infraestructuras, Gómez indicó que, según la información disponible, se iniciaron en su momento las actuaciones para implantar una planta depuradora destinada a las aguas industriales, aunque matizó que el grupo desconoce si dicha instalación se encuentra todavía en fase de pruebas o si ya opera de manera plenamente activa.
La concejala se mostró optimista respecto al incremento de la conciencia ciudadana frente a la degradación del litoral canario y lamentó que, a pesar de que el archipiélago ha sido históricamente puntero en tecnologías de depuración de aguas, no se hayan aplicado de forma efectiva estas soluciones técnicas. Gómez confía en que el próximo juicio sirva como un punto de inflexión para frenar el cierre recurrente de playas y forzar a las instituciones a priorizar la protección ambiental. Finalmente, en clave política, defendió la necesidad de consolidar una izquierda unida y fuerte en el territorio, destacando el esfuerzo de Sí Se Puede por construir un espacio común centrado en las coincidencias programáticas y reivindicando el papel histórico de estas formaciones como catalizadoras de avances sociales, transparencia y sostenibilidad en las islas.
