Víctor Martín (Tagoror Permanente) detalla los avances judiciales tras lograr que la Fiscalía apoye la causa penal y la jueza reabra el caso.
Los colectivos personados como acusación popular exigen la paralización cautelar total de las obras del macroproyecto turístico en El Puertito de Adeje.
Los colectivos denunciantes del macroproyecto turístico Cuna del Alma, junto con todas las organizaciones ecologistas y numerosas asociaciones, han convocado a la ciudadanía a concentrarse el próximo 13 de agosto, a las 09:30 horas, a las puertas del Juzgado de Arona. Ese día están citados a declarar como investigados (imputados) los máximos responsables de la promotora Segunda Casa Adeje S.L., entre ellos su administrador, Filip Hoste.
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Víctor Martín, miembro del Tagoror Permanente —una de las organizaciones denunciantes—, explicó en los micrófonos de Radio San Borondón que el objetivo principal de esta movilización es visibilizar el rechazo social al proyecto y respaldar la acción judicial para que la magistrada ordene la paralización cautelar total de las obras mientras se dirimen las responsabilidades penales.
Un hito judicial: de la amenaza de archivo al respaldo de la Fiscalía
El proceso judicial ha dado un giro radical gracias a la personación de los colectivos como acusación popular a través de la plataforma Puertito Libre. Aunque el caso fue archivado inicialmente en diciembre, los recursos presentados por los denunciantes provocaron un cambio de postura inédito en el Ministerio Fiscal.
«En septiembre de 2025 logramos que un bufete de abogados de Gran Canaria asumiera el caso, lo que nos dio plenas garantías jurídicas. Tras el intento de archivo a finales de año, presentamos un recurso de reforma. El gran hito fue que la Fiscalía, que hasta entonces sostenía que no había caso, cambió de postura y apoyó nuestro recurso exigiendo que la investigación continuara», detalla Víctor Martín.
Como consecuencia directa de este impulso, la jueza reabrió la causa en enero y procedió a la ratificación de la denuncia en abril. En ese momento se dictó la paralización cautelar de las obras en la Zona de Servidumbre de Protección de la Parcela T2 de 2.500 metros cuadrados, destinada a la construcción de 90 villas de lujo, al apreciar indicios de que las autorizaciones otorgadas podrían ser ilegales.
Declaraciones clave e indicios de extralimitación de competencias
La investigación penal se centra ahora en las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación de los permisos. Tras las recientes declaraciones de dos funcionarios de Costas en calidad de testigos, que Martín califica como «muy contundentes», el calendario de citaciones sitúa en el foco a los responsables políticos y empresariales. Además de la comparecencia de la promotora el 13 de agosto, el juzgado ha citado a declarar como investigado para el 14 de septiembre al director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo de Canarias, Antonio Acosta Felipe.
Los servicios jurídicos de la acusación apuntan a que existen indicios sólidos de que se subvirtió la legalidad vigente para favorecer el proyecto:
«Nos llamó la atención la citación del Director de Costas de la provincia oriental. Los nuevos datos que manejan nuestros abogados apuntan a que personas ajenas a la provincia occidental intervinieron y firmaron documentos fuera del ámbito de sus competencias estrictas», revela el portavoz.
El foco sobre el Ayuntamiento de Adeje
Aunque el alcalde de Adeje no ha sido llamado a declarar de momento, los colectivos no descartan que las próximas testificales obliguen a su citación. Martín denuncia el papel activo del consistorio en la defensa de los promotores a pesar de haber sumado hasta cinco paralizaciones previas por vías administrativas.
«El Ayuntamiento ha otorgado licencias urbanísticas de dudosa legalidad y aprobó un plan plagado de irregularidades desde el minuto uno. Existe un conflicto de intereses evidente, con representantes en la comisión de medio ambiente que primero firmaban los proyectos para la empresa y luego decidían sobre su aprobación. Las tres claves de la destrucción del Puertito señalan directamente a la administración autonómica, al Ayuntamiento de Adeje y a la empresa promotora», concluye Martín.
Los colectivos denunciantes, Tagoror Permanente Rotativo, Rebelión Científica Canarias, La Gaveta 20A, la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN) y el particular Juan Francisco Galindo, confían en que el informe pericial de los daños ecológicos ya causados, sumado a las declaraciones de los investigados el próximo 13 de agosto y el 14 de septiembre, declinen definitivamente la balanza judicial para lograr detener por completo las obras en El Puertito de Adeje.
