«El Ayuntamiento aplica mano dura contra quienes no tienen vivienda y da facilidades para una actividad empresarial en zona de servidumbre marítimo terrestre»
Los escritos se presentan cuando aún está abierto el trámite de información pública de la solicitud de autorización para ocupar esta zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Los denunciantes consideran necesario que antes de autorizar definitivamente la instalación se acredite de forma rigurosa que no estemos ante un nuevo caso de greenwashing usado para conseguir la autorización, como ocurrió, por ejemplo, con el macroproyecto de Cuna del Alma, toda vez que la empresa en cuestión ha centrado su actividad hasta la fecha en sectores como la construcción o la compra venta de viviendas, no en el ecoturismo.
Conviene recordar que la legislación de Costas establece un régimen especialmente restrictivo para las ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre y que la Administración debe justificar que una ocupación de estas características es compatible con el uso común del litoral y que responde efectivamente a la finalidad que se invoca para obtener la autorización. En este sentido, los denunciantes consideran especialmente relevante que se explique por qué el supuesto proyecto de ecoturismo y turismo cultural necesita instalarse precisamente en este tramo del paseo marítimo y no en otros espacios próximos situados fuera del dominio público o de las zonas sometidas a las especiales limitaciones de la legislación de Costas.
Para los denunciantes, introducir una instalación de este tipo en esta zona puede crear precedente: si se permite esta primera ocupación empresarial, otras actividades privadas podrían reclamar posteriormente un tratamiento semejante y terminar transformando progresivamente un espacio destinado al disfrute y tránsito de toda la ciudadanía.
Los denunciantes quieren denunciar también la doble vara de medir que nos deja el Ayuntamiento con esta autorización a empresarios privados, cuando la semana pasada, el mismo Ayuntamiento de Arona desplegó un amplio operativo policial contra el asentamiento irregular de Los Vivitos, en Malpaso-Buzanada, donde fueron inspeccionadas 64 viviendas, 94 personas fueron identificadas y se precintaron 17 edificaciones, muchas de ellas casetas como la que autorizan en el paseo marítimo.
“Si el Ayuntamiento de Arona afirma que está recuperando el control del territorio y defendiendo el interés general, ese mismo criterio debe aplicarse a todos. No puede existir una legalidad implacable para quien no tiene recursos y otra mucho más flexible cuando aparece una iniciativa empresarial”, sostiene un portavoz de los denunciantes.
Por estos motivos, los denunciantes solicitan a la Dirección General de Costas acceso al expediente completo y que se justifique expresamente la necesidad de ubicar la instalación en el emplazamiento elegido, así como si fueron estudiadas alternativas fuera del dominio público marítimo-terrestre o de su zona de servidumbre. Al Ayuntamiento de Arona le reclaman igualmente el expediente municipal completo, y que ejerzan sus competencias de inspección y protección de la legalidad, incluyendo la comprobación de que cualquier autorización municipal, licencia o título habilitante se corresponde con el uso real de la instalación.
