La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) ha trasladado a los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias un conjunto de enmiendas al proyecto de ley sobre licencias urbanísticas con el objetivo de salvaguardar el control público del uso del suelo y evitar la privatización de funciones que corresponden a la Administración.
El origen de esta iniciativa se sitúa en el Decreto-ley 3/2025, de 21 de abril, aprobado con el objetivo de «agilizar» la tramitación de licencias urbanísticas. Tras los reparos formulados por el Consejo Consultivo de Canarias y por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, así como el malestar generado entre profesionales y colectivos sociales, el texto se tramita ahora como proyecto de ley, lo que permite la presentación de enmiendas.
A partir de las aportaciones recogidas en asambleas celebradas con personal de oficinas técnicas municipales y diversos colectivos sociales de ambas provincias, FSC-CCOO Canarias ha elaborado un paquete de propuestas orientadas a garantizar que cualquier mejora en la tramitación urbanística no debilite las garantías públicas ni el control administrativo del territorio.
Uno de los aspectos que más preocupación genera al sindicato es la introducción de los llamados «informes técnicos de conformidad», que podrían ser emitidos por entidades privadas, colegios profesionales o medios propios personificados. Según advierte CCOO, estos informes sustituirían a los informes técnicos municipales incluso cuando estén en juego potestades públicas vinculadas a la legalidad urbanística, sin requerir verificación ni ratificación por parte del personal técnico municipal.
Para la organización sindical, esta fórmula supondría avanzar hacia la mercantilización del urbanismo y subordinar el interés general a lógicas privadas. En un territorio como Canarias, sometido a una elevada presión urbanística, CCOO considera que esta medida podría degradar la calidad del control público sobre el uso del suelo.
El sindicato subraya además que la redacción actual del proyecto permitiría aplicar este sistema a cualquier tipo de construcción en las islas, incluyendo grandes equipamientos comerciales o de ocio, actuaciones que nada tienen que ver con el acceso a la vivienda. A juicio de FSC-CCOO, el problema de fondo de la vivienda en Canarias no es la tramitación de licencias, sino la falta de políticas públicas que impulsen un parque público de vivienda en alquiler y la adopción de medidas para limitar los precios.
En sus enmiendas, la federación propone reforzar las soluciones desde lo público mediante mecanismos de colaboración interadministrativa, el uso de medios propios del sector público y la creación de mancomunidades o consorcios urbanísticos que permitan apoyar a los municipios con menos recursos técnicos. Asimismo, plantea que cualquier informe externo de carácter técnico deba ser ratificado por los servicios técnicos municipales para garantizar la objetividad, la imparcialidad y la seguridad jurídica.
La organización también defiende la autonomía municipal y su capacidad de autoorganización.
En este sentido, propone que la denominada «cláusula de descuelgue» no pueda aplicarse por silencio administrativo, sino que requiera un acuerdo expreso del pleno municipal para aceptar que informes técnicos externos tengan carácter preceptivo en los procedimientos.
CCOO recuerda que varios ayuntamientos canarios, entre ellos Candelaria, Las Palmas de Gran Canaria o Santa María de Guía, ya han manifestado en sus respectivos plenos su rechazo a la introducción de estos mecanismos. Además, las oficinas técnicas municipales han difundido un manifiesto en el que advierten de los riesgos de privatizar funciones públicas que afectan a principios básicos como la objetividad, la imparcialidad y la seguridad jurídica.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias confía en que el Parlamento de Canarias incorpore las enmiendas necesarias para asegurar que cualquier reforma destinada a mejorar la tramitación urbanística refuerce las capacidades del sector público, sin vaciar de contenido las competencias de las administraciones ni debilitar las garantías democráticas en la gestión del territorio.