Por: Javier Marrero (Gestor socio-cultural. Miembro de Derecho al Techo)
La caída del llamado “escudo social” no es un trámite parlamentario fallido ni un desacuerdo técnico. Es una decisión política con consecuencias directas y devastadoras sobre la vida de miles de personas. A partir de ahora, se reactivan los desahucios sin alternativa habitacional, se debilita la protección frente a los cortes de suministros y se desmantelan medidas que, aunque insuficientes, servían de contención ante la emergencia social.
Lo que se presenta como una cuestión administrativa es, en realidad, una elección clara: dejar de proteger a quienes más lo necesitan.
Y si esto es grave en cualquier territorio, en Canarias lo es aún más.
Las islas no parten de una situación de normalidad. Aquí el acceso a la vivienda lleva años en crisis. Los precios del alquiler se han disparado al calor de un modelo económico que prioriza la rentabilidad turística por encima del derecho a vivir. Viviendas que antes alojaban a familias hoy se destinan al alquiler vacacional. Barrios enteros se transforman en espacios de tránsito. La población residente es expulsada de su propio entorno.
A esto se suma una realidad persistente: salarios bajos, empleo precario y uno de los parques de vivienda pública más reducidos del Estado. En este contexto, la pérdida de protección no es un retroceso más. Es un salto directo hacia la exclusión.
Detrás de cada desahucio no hay un fallo individual. Hay estructuras que empujan. Hay personas que trabajan y no pueden pagar un alquiler desorbitado. Hay pensionistas que sostienen hogares enteros con ingresos mínimos. Hay familias que, aun cumpliendo con sus responsabilidades, son expulsadas de sus casas.
Sin embargo, se insiste en fragmentar el problema. Se intenta presentar como un conflicto generacional o como una suma de casos aislados. Se enfrenta a jóvenes con mayores, a inquilinas con pequeños propietarios. Pero esa división es una cortina de humo. La mayoría social comparte una misma inseguridad: no poder acceder o mantener una vivienda en condiciones dignas.
El conflicto real no es entre generaciones. Es entre dos modelos: el de la vivienda como derecho y el de la vivienda como negocio.
En Canarias, ese conflicto es especialmente visible. El territorio se ha convertido en un producto. Se incentiva la inversión inmobiliaria, se expande el alquiler vacacional y se profundiza en un modelo económico dependiente del turismo. Mientras tanto, se vacían los barrios, se rompe el tejido comunitario y se expulsa a la población local.
No se puede construir una sociedad digna sobre la base de expulsar a quienes la habitan.
La caída del escudo social agrava aún más esta realidad porque no solo afecta al acceso a la vivienda, sino también a las condiciones básicas de vida. Sin luz, sin agua, sin energía, no hay dignidad posible. Sin techo, los derechos quedan en papel mojado.
Y conviene decirlo con claridad: esto no es inevitable. No es una consecuencia natural del mercado ni una fatalidad económica. Es el resultado de decisiones políticas concretas. Decidir no intervenir los precios del alquiler. Decidir no ampliar de forma significativa la vivienda pública. Decidir no regular el uso turístico de la vivienda. Decidir, en definitiva, no proteger a la población vulnerable.
Quienes han permitido la caída de estas medidas son responsables de lo que ocurra a partir de ahora.
Frente a esta situación, es necesario plantear alternativas claras. Suspender los desahucios sin alternativa habitacional. Garantizar el acceso a suministros básicos. Aumentar de forma decidida el parque de vivienda pública. Regular el alquiler vacacional y establecer mecanismos efectivos de control de precios.
Pero, sobre todo, es imprescindible asumir un principio básico: la vivienda debe estar al servicio de la vida, no del beneficio.
En momentos como este, la respuesta no puede ser individual. La precariedad se combate colectivamente. Inquilinas, pensionistas, trabajadoras, jóvenes. La inseguridad habitacional atraviesa a la mayoría social y solo desde la unidad se puede hacer frente a un modelo que expulsa y precariza.
Porque lo que está en juego no es solo el acceso a una vivienda. Es el derecho a permanecer, a arraigar, a construir comunidad.
En Canarias, quedarse a vivir se ha convertido en un acto de resistencia.
Defender la vivienda es defender la vida.
Y ese, hoy más que nunca, es un conflicto que nos concierne a todas y todos.