La no aprobación de la prórroga del denominado escudo social (ómnibus) deja a miles de hogares en una situación de mayor vulnerabilidad e indefensión, justo cuando Canarias se enfrenta a uno de los momentos más críticos en materia de vivienda de las últimas décadas.
Se estima que alrededor de 40.000 contratos de alquiler finalizarán en Canarias a lo largo de 2026, una situación que afectará directamente a más de 97.000 personas, obligadas a renegociar sus condiciones en un contexto de emergencia habitacional.
Derecho al Techo afirma que sin las medidas de protección que contemplaba la prórroga del escudo social, muchas de estas personas quedan expuestas a subidas abusivas, desahucios y desplazamientos forzados. Los incrementos medios del alquiler podrían alcanzar hasta 2.267 euros más al año por hogar, situando a Canarias entre los territorios con mayor presión del mercado del alquiler del Estado.
«Esta realidad se produce en un escenario marcado por salarios bajos, precariedad laboral, escasez de vivienda pública y una creciente especulación inmobiliaria. La retirada o no renovación de mecanismos de protección agrava aún más una situación ya insostenible y coloca a miles de inquilinas e inquilinos al borde de la pérdida de su vivienda», indica el colectivo.
Desde Derecho al Techo denuncia que la mayoría de las personas afectadas carecen de información básica sobre sus derechos, una carencia que se vuelve aún más grave tras la caída del escudo social, y que las sitúa en una clara posición de indefensión frente a propietarios, inmobiliarias y grandes tenedores.
Por todo ello, exigen a las administraciones públicas la creación urgente de espacios de información y asesoramiento especializado en vivienda, de carácter público y gratuito, que permitan a la población conocer sus derechos, las vías de defensa existentes y las alternativas ante situaciones de abuso o riesgo habitacional.
Reclaman implementar servicios de forma proporcional a la población, a nivel municipal o por distritos en los municipios de mayor tamaño, y contar con una difusión amplia y eficaz, tanto presencial como telemática, para garantizar que lleguen realmente a quienes los necesitan.
Asimismo, exigen que se actúe de manera preventiva para evitar desahucios, desplazamientos forzados y situaciones de sinhogarismo, especialmente ante la finalización masiva de contratos de alquiler y la ausencia de un marco estatal de protección suficiente.
«La vivienda es un derecho, no un negocio», exponen los miembros del colectivo e indican que la no prórroga del escudo social es una decisión política con consecuencias reales y dramáticas. No vamos a aceptar que la falta de medidas y de voluntad política condene a nuestra gente a perder su hogar.
Por todo ello advierten que seguirán organizándose, informando y movilizándose hasta que el derecho a una vivienda digna sea una realidad en Canarias.