Por: José Manuel Rivero. Abogado-Analista político.
Caracas ha sido bombardeada por los Estados Unidos en la madrugada de este sábado. No sólo se ha bombardeado a una población civil; ha estallado la máscara cínica del llamado “orden internacional” que pretende vestirse de legalidad democrática mientras normaliza la violencia como herramienta de dominación. No se trata de un “incidente”, ni de una operación quirúrgica, ni de una mera maniobra de presión. Es una agresión criminal, un acto de terrorismo de Estado dirigido contra un pueblo que lleva años resistiendo el asedio económico, los intentos de desestabilización política y la campaña permanente de demonización mediática. Lo que hoy se concreta mediante misiles no es más que la culminación violenta de una ofensiva sostenida contra la soberanía de un país que ha decidido no arrodillarse.
La agresión no cae en el vacío. Aparece inscrita en un tiempo histórico en el que los grandes centros de decisión del imperialismo estadounidense, del sionismo y de la OTAN recurren a la fuerza directa cuando sus mecanismos de dominación blanda dejan de resultar eficaces. No es una decisión aislada ni producto de un arrebato. Responde a una estrategia consciente: disciplinar, castigar y someter procesos políticos que cuestionan jerarquías globales, concepción de la riqueza, distribución del poder y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. La retórica sobre la libertad, los derechos humanos o la estabilidad internacional se deshace ante el estruendo de las bombas que caen sobre una capital que ha resistido sanciones, bloqueos, chantajes financieros y presiones diplomáticas. Todo para expoliar y usurpar los inmensos recursos petrolíferos y minerales de Venezuela.La fuerza sustituye a la argumentación cuando lo que se pretende imponer no es justicia, sino obediencia colonial para el saqueo de los recursos naturales de un pueblo.
Desde Canarias, este hecho no puede contemplarse como una noticia distante o como una tragedia ajena. Nuestras islas están atravesadas por la memoria de la subordinación colonial, por la experiencia de ser territorio estratégico en manos de potencias militares y por el peso de estructuras oligárquicas y neocoloniales que no siempre han respondido al interés de sus gentes. Por eso, el silencio aquí es una forma de colaboración. No cabe mirar hacia otro lado ni refugiarse en la comodidad del “asunto externo”. Hay vínculos históricos, humanos, afectivos, económicos y sociales con Venezuela, pero sobre todo hay una cuestión de dignidad colectiva frente a la injusticia. Lo que hoy sucede allí interpela directamente a lo que somos, a lo que aceptamos y a lo que consentimos.
Canarias no puede continuar siendo plataforma dócil, pieza logística silenciosa ni territorio reducido a función militar ajena. No se trata de un problema sentimental ni de nostalgia migratoria de la llamada “octava isla”. Es una cuestión de responsabilidad política, ética e histórica. Cuando un país es bombardeado por negarse a ocupar el lugar subordinado que se le asigna, quienes hemos conocido distintas formas de dependencia no podemos adoptar la postura del espectador impasible. No podemos permanecer indiferentes.
El Gobierno de España y el Ejecutivo canario no pueden refugiarse en ambigüedades calculadas ni en fórmulas diplomáticas que relativizan lo evidente. Una agresión militar es un acto criminal de guerra de agresión. Una vulneración de la soberanía es una vulneración del derecho a la autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional . Quien intenta justificar este crimen de lesa humanidad, minimizarlo o reconducirlo, avalando o favoreciendo un cambio de gobierno en Venezuela por la fuerza, termina participando de la misma lógica que la hace posible. Si el derecho internacional sirve para algo, es precisamente para proteger a los pueblos frente a la violencia de quienes se consideran impunes. Si la palabra democracia pretende conservar algún contenido real, debe significar también defensa firme de la autodeterminación frente a la ley del más fuerte.
Estamos en un punto en el que el mundo se juega algo más que la resolución de un conflicto concreto. Se está decidiendo si la fuerza armada puede naturalizarse como mecanismo habitual de imposición geopolítica, si las poblaciones “incómodas” pueden ser disciplinadas a bombazos, si las estructuras globales van a consolidarse sobre la violencia estructural. Frente a ello solo existe una salida: construir respuestas colectivas, conscientes y solidarias que pongan límites a la barbarie y reivindiquen la dignidad como principio irrenunciable.
En este contexto, el pueblo canario tiene un papel que no puede ser pasivo. No basta con indignarse en privado ni con consumir el horror en las pantallas. Es el momento de que las calles expresen con claridad que aquí no se acepta la masacre convertida en rutina internacional, que la solidaridad no se reduce a un gesto simbólico y que la memoria histórica sirve para algo más que para actos conmemorativos. Los sindicatos, las organizaciones políticas, sociales, los colectivos populares, el mundo de la cultura, la juventud y toda la ciudadanía que no acepta vivir anestesiada tienen la responsabilidad de convertirse en voz colectiva visible contra la barbarie, tomando las calles y frente a la mentira construida desde grandes aparatos mediáticos del imperialismo estadounidense.
Venezuela no está sola, no solo porque existan lazos afectivos, sino porque la justicia de su resistencia conecta con la aspiración universal a vivir con dignidad. Cada bomba que estalla sobre Caracas, sobre Gaza o contra el pueblo saharaui reverbera también en nuestras conciencias y nos obliga a decidir en qué lado de la historia queremos situarnos. O se normaliza el crimen envuelto en lenguaje técnico y diplomático, o se levanta una respuesta que recuerde que los pueblos no están condenados a resignarse.
Ante la maquinaria de muerte y de terror del imperialismo estadounidense y su lógica de dominación que hoy vuelve a enseñorearse sin pudor, la respuesta que nace de Canarias no puede ser otra que la firme defensa de la soberanía de los pueblos, de la paz con justicia y de la solidaridad activa. Y, por supuesto de un estatuto de neutralidad de Canarias, como territorio de Paz. No como consigna, sino como compromiso real frente a quienes pretenden convertir el mundo en un territorio administrado por la violencia. Porque lo que ocurre hoy en Caracas no es solo una agresión contra Venezuela: es una advertencia al conjunto de la humanidad que todavía cree en su derecho a no vivir de rodillas.