El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4, de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 10 de noviembre de 2025, ha dictado sentencia en relación con el recurso contencioso administrativo interpuesto por ATAN contra la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura, del Cabildo Insular de Tenerife (R0000050970), de fecha 27 de enero de 2023, relativa a la Aprobación definitiva del proyecto de obra denominado “Proyecto modificado de la pista de velocidad en el Parque Internacional del Motor de Tenerife”, en el término municipal de Granadilla de Abona (C-1528/2022) y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 8 de febrero de 2023.
El Juzgado acuerda, en el fallo de su sentencia, estimar el recurso interpuesto por esta asociación, ANULANDO Y DEJANDO SIN EFECTO la Resolución del Cabildo de Tenerife.
Esta sentencia es la cuarta y última de las sentencias dictadas en los cuatro procedimientos en los que el Cabildo de Tenerife dividió la aprobación del Proyecto del Parque Internacional del Motor de Tenerife; tres de las cuales han sido favorables a esta asociación y una de ellas a la institución insular.
Esta última sentencia viene a reforzar la posición que viene manteniendo ATAN desde hace años acerca de que la Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto del año 2011, estaba caducada, por cuanto no se habían iniciado las obras más de doce años después de su otorgamiento, por lo que era de aplicación el motivo de caducidad de la normativa reguladora de la evaluación de impacto ambiental. Es precisamente este el motivo de estimación de la sentencia, la DIA está caducada.
Además, la sentencia también da la razón a ATAN en relación con nuestra demanda de que el proyecto aprobado es contrario a la Ley Catálogo Canario de especies protegidas.
El Cabildo de Tenerife, a pesar de los reveses judiciales sufridos y de conocer la grave afección al territorio, al patrimonio natural y cultural que están causando las obras, ha continuado con su ejecución a todo ritmo con el fin de consolidar por la vía de los hechos consumados los proyectos, sin atender a las consecuencias que podría tener la anulación del proyecto; otra muestra del desprecio de sus representantes por el interés general y los valores de esta isla.
En tal sentido hay que recordar que, como consta en los expedientes, hubo funcionarios del cabildo insular que ya habían alertado, antes de la aprobación definitiva de los proyectos, que la declaración de impacto ambiental estaba caducada; sin embargo, los responsables políticos y los miembros de la comisión insular de evaluación desoyeron estas advertencias de los técnicos.
ATAN va a solicitar del Juzgado la paralización inmediata de las obras anuladas, en ejecución de la sentencia dictada.

