Colectivos estudiantiles y sociales denuncian trato desigual de la policía: acoso a los estudiantes y protección a los ultras
Este jueves 13 de noviembre, varios colectivos sociales y estudiantes universitarios acudieron a los alrededores de la Plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria, para mostrar nuestro rechazo a la convocatoria realizada por el ultra Vito Quiles. El comunicador, conocido por la difusión de bulos y discursos de odio vinculados a la ultraderecha, tenía previsto acudir a las facultades empresariales de la ULPGC. Sin embargo, tras la suspensión de clases por la borrasca Claudia, anunció en sus redes sociales —el mismo día— que trasladaba su acto a la Plaza de España.
«Desde primera hora nos llamó la atención que ese cambio improvisado de ubicación se hiciera sin ninguna claridad sobre si contaba o no con la comunicación previa obligatoria prevista en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión. Recordamos que tanto la ULPGC como la ULL nos confirmaron que Quiles no había solicitado permiso para entrar en sus campus, algo que coincide con su manera habitual de actuar en su llamada “gira” por distintas ciudades. Por todo ello, tenemos serias dudas de que su convocatoria de hoy estuviera debidamente comunicada a la Delegación del Gobierno», afirman los estudiantes.
Dudas razonables si se tiene en cuenta que pocas horas después del acto el propio Quiles publicó un vídeo en sus redes sociales reconociendo que no contaba con autorización de la Delegación del Gobierno, por lo que sorprende que, pese a ello, la concentración se desarrollara sin impedimentos y con un despliegue policial que actuó como protección del convocante.
Los colectivos estudiantiles explican que se desplegó un desproporcionado dispositivo policial con hasta doce furgones de la Policía Nacional y un helicóptero que bloquearon los accesos a la plaza, impidiéndoles avanzar hacia un espacio público al que cualquier persona debería poder acceder. Durante la concentración, varios jóvenes fueron identificados sin motivo claro, incluso amenazados con sanciones si no abandonaban el lugar —incluido uno que simplemente portaba una bandera republicana— mientras que en el lado de la concentración convocada por Quiles se exhibieron sin problemas símbolos que vulneran la legislación de memoria democrática, como la bandera de Borgoña con el águila bicéfala, además de saludos fascistas. «No nos consta que la Policía pidiera documentación a nadie de esa convocatoria, ni siquiera al propio organizador, pese a que él mismo había admitido no tener autorización para celebrar el acto».
«Queremos denunciar públicamente el trato desigual que recibimos por parte de la policía. Se nos mantuvo apartadas, se nos impidió circular por un espacio que es de todas y se nos solicitó documentación sin explicación alguna, mientras que al otro lado no sólo se permitió una concentración cuya legalidad es altamente cuestionable, sino que además se protegió activamente. Todo ello mientras Quiles pronunciaba afirmaciones que denunciamos como profundamente racistas y cargadas de odio hacia colectivos migrantes y otros grupos vulnerables. Consideramos extremadamente preocupante que se permitiera este discurso sin intervención alguna».
Por todo ello, exigen a la Delegación del Gobierno en Canarias que aclare de forma oficial y urgente si la convocatoria de Vito Quiles estaba comunicada conforme a la ley. Recuerdan que ellos mismos preguntaron ayer a la Delegación sin haber recibido aún respuesta. Consideran que, si no existió tal comunicación —como el propio Quiles reconoció posteriormente—, debe explicarse por qué se permitió su desarrollo, por qué no se identificó a sus participantes y por qué se destinó un dispositivo policial de tal magnitud a proteger una convocatoria improvisada, provocadora y cargada de simbología y discursos antidemocráticos.
Además los estudiantes temen que algunas de las personas identificadas ayer reciban posteriormente sanciones, algo que consideran especialmente grave teniendo en cuenta que quienes protestaban lo hacían de manera pacífica y en defensa de la convivencia democrática.