Por: Santiago Pérez
No hace falta que todos los integrantes de algunos poderes del Estado estén en el ajo. Sólo que los que están alineados con el objetivo de derrocar al Gobierno legítimo estén situados en el lugar y en los momentos adecuados. Perdón, en los procedimientos judiciales adecuados.
Pero hace falta que estén dispuesto a conducirse por sus propias preferencias políticas, por sus prejuicios o por sus “expectativas de destino” y a desobedecer el pleno sometimiento o a la especial sujeción a la Constitución y a la Ley que dan sentido y legitimidad a sus actuaciones como miembros del poder judicial o integrantes de cualquier otro Cuerpo o Administración del Estado.
Ese lugar puede ser el propio Tribunal Supremo, un juzgado de Instrucción donde recaiga la investigación de un asunto “interesante” para hostigar al Gobierno -aunque sea a costa de convertir la instrucción en una pesquisa inquisitorial-, una Unidad Especializada de la propia Guardia Civil o, miren por dónde, hasta un urraca anidado en los Servicios Jurídicos de la Comisión Europea para francotirar contra la Ley de Amnistía. Guárdame una cría!, como se dice por estos lares isleños.
Cada día que pasa tengo la sensación de que mi capacidad de asombro (e indignación democrática) ya han sido desbordados. Que ya “no va más”. Pero no: una y otra vez me equivoco.
Reconozco que me impactó que el mismísimo Tribunal Supremo (no sé si controlado o no por el juez Marchena, como dijo un tal Cosidó) contradijera su propia Sentencia sobre el Procés, re/calificando de “golpe de estado” los incidentes a los que había condenado por sedición; y no por rebelión, que es el delito que cometen los golpistas. Y todo para intentar sustentar, mediante una cuestión de inconstitucionalidad, la desobediencia del propio Tribunal Supremo a la Ley de Amnistía.
El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, que ha sido desechada firmemente por el Tribunal Constitucional, “guardián” y máximo intérprete de la Norma Fundamental, tenía un claro objetivo dilatorio. Y, de paso, proporcionaba en tiempo real un buen manojo de titulares a la escuadra mediática antigubernamental o antisanchista (llámenla como quieran), financiada por los poderes económicos que Vdes. y yo sabemos.
Los magistrados que han inquisitoriado las diligencias judiciales contra el Fiscal General del Estado o contra Begoña Gómez han estado actuando con absoluta deshinhibición; pero no son tontos. Ni han carecido de apoyos en instancias judiciales superiores -y lo saben- para poder manejarse como lo han venido haciendo. Reconozco que me aturdió todo lo relacionado con la orden de registro de los dispositivos del Fiscal General. La desproporcionalidad y la falta de razonabilidad fueron pasmosas. Así como la puesta en riesgo de bienes jurídicos muy relevantes. Pero todo siguió yendo “p´alante”.
De todas las pesquisas y resoluciones de los peinados, hurtados y cía, reconozco que la de desdeñar todas las declaraciones de periodistas que reconocieron haber tenido acceso al correo entre el abogado de Alberto Quirón y la Fiscalía antes que el Fiscal General, para seguir como fuera la hoja de ruta marcada y llevar al banquillo a Álvaro García Ortiz me pareció la más despreciable, si cabe.
Y ayer, otra más: el taconazo -de entrada- y las declaraciones, suposiciones y justificaciones de un teniente coronel de la Benemérita de por qué las pesquisas de la UCO no se habían interesado por todas aquellas personas que podrían haber tenido acceso a los correos del novio de Ayuso, sino exclusivamente por el Fiscal General y su entorno inmediato; y cómo explicaba los recortes que efectuó la UCO en el contenido de algunos e-mails entre el teniente fiscal Diego Villafañe y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para poder dar pié a sus propias suposiciones e ideas preconcebidas…y plomo a sus “balazos” acusatorios contra el F.G.E…bueno, bueno, bueno!!!
Güenos mal que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyas conclusiones sirven casi de “ponencia” de las Sentencias, nos ha dado un poco de alegría-a-tu-cuerpo-Macarena al subrayar bien clarito, frente a tantas insidias, que la Ley de Amnistía “es fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista. No es el resultado de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario, sino de un debate y de una votación democrática en las Cortes Generales”…con la finalidad de “dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.
Así que, entre las conclusiones del abogado general, la victoria de Mamdani en New York New York, la comprobación de que el PP ha dejado de llamar “golpista” a Puigdemont (por lo que pueda pasar, ¿capisci?), aunque el panorama mundial esté “más oscuro que una pelea de cochinos”, que diría Dacio Ferrera, nos queda todavía un ratito de esperanza en la democracia…y en el futuro.

