Por: José Manuel Rivero
Canarias se adentra en una nueva y alarmante fase de militarización, impulsada sin consulta ni debate público. Bajo el pretexto del progreso tecnológico, la “innovación aeroespacial” y la “seguridad europea”, se reactiva un plan estratégico de largo alcance: convertir el archipiélago en una plataforma avanzada para operaciones de España, la Unión Europea y la OTAN, con proyección directa sobre el Atlántico y la inestable región del Sahel.
El apoyo del Cabildo de Gran Canaria al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y a su Centro Espacial de Maspalomas trasciende lo científico. Al depender el INTA del Ministerio de Defensa y operar junto a Isdefe, una empresa pública de tecnología militar, lo que se presenta como cooperación civil es, en realidad, la integración progresiva del territorio en el complejo sistema de defensa y comunicaciones estratégicas. Cada antena, cada proyecto de observación terrestre o seguimiento orbital, consolida una red de vigilancia que sustenta operaciones militares e de inteligencia, alejando a las islas de su histórica vocación de ser un espacio de encuentro, no de conflicto.
Esta transformación se acelera con la decisión del Ministerio del Interior de desplegar más de trescientos equipos automáticos de control fronterizo en los aeropuertos canarios. Estos sistemas biométricos, enmarcados como modernización, son la extensión de una lógica de vigilancia total: se vigila el cielo y la frontera; se controlan los satélites y, ahora, también los cuerpos. Así, Canarias se erige en un laboratorio de la “Europa fortaleza”, una frontera tecnificada donde la seguridad se confunde con la desconfianza y la defensa, con el control absoluto.
En paralelo, las maniobras conjuntas de la Brigada Canarias XVI con el ejército francés en La Isleta consolidan el territorio como campo de ensayo para la cooperación militar europea. Coincide significativamente con la celebración, el 9 de octubre en Casa África, de un foro sobre el Sahel auspiciado por el Ministerio de Defensa. Tras la expulsión de Francia de varios países africanos, el archipiélago emerge como el nuevo eje logístico y político para la intervención europea en el continente. Bajo la narrativa de la “seguridad compartida”, Canarias se ofrece como base operativa, puente y escaparate de la proyección militar hacia África Occidental.
Sin embargo, los pueblos tienen memoria. Canarias dijo “No” a la OTAN en 1986, cuando el Estado español decidió incorporarse a la Alianza Atlántica. Aquel rechazo fue un acto de dignidad y conciencia política: la afirmación de que este territorio no debía ser base ni objetivo de conflictos globales. Hoy, ese mandato popular es vulnerado con métodos más sutiles. La colonización militar regresa bajo el rostro amable del desarrollo tecnológico y el empleo, construyendo un consenso artificial que asocia modernidad con sumisión.
Se nos enseña a admirar el progreso mientras se consolida la dependencia; se nos promete innovación mientras se erosiona la soberanía. Así opera el nuevo poder: no imponiendo la fuerza, sino fabricando aceptación. Las antenas de Maspalomas, que un día simbolizaron cooperación científica, se transforman en instrumentos de control; los radares y estaciones, en infraestructuras de guerra; y las maniobras conjuntas, en ensayos para futuras operaciones de agresión. Tras el discurso de la seguridad, se oculta la obediencia a los intereses de las potencias.
El peligro es doble: la militarización no solo convierte al archipiélago en un objetivo estratégico, sino que debilita su soberanía civil y democrática. Las decisiones sobre el uso del territorio se trasladan fuera del control popular, y las islas pierden su capacidad de definir su propio destino. Donde se instalan estructuras militares, el poder civil se diluye y el interés público cede ante la lógica del mando militar atlantista.
Por todo ello, Canarias debe reafirmar con urgencia su condición de Archipiélago de Paz. Es imperativo un Estatuto de Neutralidad que consagre su carácter desnuclearizado, su vocación de cooperación pacífica entre los pueblos y la prohibición absoluta de infraestructuras destinadas a guerras de agresión, ocupación o entrenamiento de ejércitos extranjeros. La neutralidad no es aislamiento, sino la máxima expresión de soberanía: la afirmación de que la seguridad y la justicia no se construyen con radares y cuarteles, sino con dignidad, educación, equidad y solidaridad.
Canarias tiene la historia y la legitimidad para dar este paso. Su posición atlántica la convierte en un puente natural entre continentes, no en una frontera armada. La ciencia, la cultura y la cooperación deben ser los pilares de su proyección internacional, no los satélites de vigilancia ni las maniobras militares. La paz es una política activa, no una declaración decorativa, y exige resistir la militarización para recuperar el control del territorio.
El pueblo canario no puede aceptar que su futuro se decida bajo criterios militares diseñados por los centros belicistas de Estados Unidos, ni por las estructuras de la OTAN y la Unión Europea. Es hora de reclamar un destino propio, cimentado en la paz.