Por: Manuel Marrero Morales
Estos días estamos asistiendo al enésimo escándalo por corrupción en las filas del bipartidismo, que nos gobierna desde los albores de la democracia y que forma parte de un modus operandi, que hunde sus raíces en las familias beneficiarias de la dictadura franquista.
En esa alternancia en el poder, esta vez le ha tocado al PSOE. Pero lo que nunca cambia son los corruptores. Siguen siendo los herederos de las mismas familias a los que el franquismo benefició y que pasaron a formar parte de las empresas del IBEX-35, aquellos que realmente mandan en este país, sin presentarse a las elecciones. No les hace falta, así pasan más desapercibidos y se benefician discretamente del erario público, a cambio de entregarles comisiones a los políticos ávidos de enriquecerse por los favores prestados, por las licitaciones de obra pública y de contratos millonarios que les adjudican de manera discrecional.
Los poderosos corruptores controlan la economía, controlan la política y también controlan los medios de comunicación, por eso no veremos críticas en los medios al uso, por eso apenas aparecen ni siquiera opinando; porque la discreción es una norma básica de quienes no necesitan ostentación; porque son dueños de todo y nada se mueve sin su consentimiento.
Cada vez que salta a la luz uno de estos escándalos, la ciudadanía que vive de su esfuerzo y su sacrificio, se hace preguntas: ¿se va a recuperar el dinero robado? ¿la justicia va a ser justa con los poderosos? ¿se van a tomar medidas para prevenir y atajar esta lacra de la corrupción?… Y desgraciadamente, una parte importante llega a conclusiones espurias del tipo “Si entras en política y no te aprovechas, es que eres tonto…” La desesperanza nos invade y no podemos resignarnos, por lo que tenemos la necesidad imperiosa de exigir soluciones a nuestros gobernantes.
Aquí van algunas medidas para prevenir la corrupción: Transparencia y acceso a la información, debiendo hacerse públicos, de manera comprensible, todos los contratos públicos, las subvenciones, los convenios y el patrimonio de los altos cargos. Reforzar los portales de transparencia, garantizando que la información esté actualizada y sea fácilmente accesible. Mejorar la trazabilidad del dinero público con herramientas digitales de fácil comprobación.
Reforma del sistema de contratación pública, generalizando el uso de licitaciones electrónicas abiertas, limitando los contratos menores y reforzando su control. Así como también Introducir cláusulas éticas y de integridad en las contrataciones. No puede continuar ocurriendo que se adjudiquen contrataciones de obra pública a empresas cuyas ofertas son prácticamente bajas temerarias, porque saben de antemano que luego presentarán innumerables “modificados”, que serán aprobados sin pestañear y que convierten el coste total de la obra en considerables incrementos, que a veces llegan a superar el 100% del presupuesto original.
Es necesario fortalecer los órganos de control, dotando de más recursos humanos, técnicos y económicos a órganos como el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado (IGAE) o las autoridades autonómicas de fiscalización. Hay que garantizar su independencia mediante nombramientos meritocráticos y no partidistas. Y eso exige, entre otras medidas, que se reforme la Administración pública, donde hasta el puesto de director general o equivalente sea ocupado por funcionariado de carrera, que garantice la independencia, frente a cualquier partido de gobierno. Y a la par, se reduzca la pléyade de asesores nombrados a dedo, que rodean a los cargos públicos cuando llegan a las instituciones.
Es fundamental la protección del denunciante. Urge poner en práctica de forma efectiva la ya traspuesta Directiva europea sobre protección de denunciantes (conocida como whistleblower) https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf, estableciendo canales seguros y confidenciales de denuncia, y protección legal contra represalias. Igualmente lo es la presunción de inocencia.
Todo ello debe ir acompañado de otras medidas, tales como Educación cívica y formación ética, incluyendo contenidos sobre integridad pública, ética y lucha contra la corrupción en la educación secundaria y universitaria y programando formación obligatoria en integridad para funcionarios y cargos públicos. Y realizando campañas públicas para que el conjunto de la sociedad conozca sus derechos y sus deberes y no sea tolerante con la corrupción, que parece que nunca tiene ni siquiera un castigo en el plano electoral.
Todo ello debe ir acompañado de otra serie de medidas, como reforzar el poder judicial y asegurar su independencia; crear fiscalías especializadas contra la corrupción con más autonomía y medios; establecer plazos razonables y recursos para evitar la prescripción de delitos complejos; endurecer las sanciones y aumentar las penas para los delitos de corrupción, incluyendo sanciones económicas disuasorias; inhabilitar de forma efectiva para cargos públicos, incluso con condenas firmes por prevaricación o malversación; confiscar y recuperar los activos; aplicar de forma más efectiva la confiscación de bienes ilícitos; reforzar la cooperación internacional para localizar los fondos desviados a paraísos fiscales.
Y todo ello implica una mayor participación ciudadana y un mayor control social, fomentando el papel de observatorios ciudadanos independientes que fiscalicen el uso del dinero público. Potenciar el periodismo independiente de investigación, con medidas de protección frente a presiones legales o económicas. Y todo ello, con implicación del conjunto de las instituciones de todos los niveles en una Estrategia Estatal contra la corrupción. No basta con pedir perdón ni realizar cambios en las ejecutivas ni hacer auditorías externas. Falta voluntad política. Exijámoslo.