Este jueves 30 de enero a partir de las 19.00 horas, la Sala San Borondón de La Laguna acoge la charla-coloquio «El escándalo de los menores tutelados en Canarias».
Participarán en el acto, que será retransmitido en directo por radio San Borondón y también por el canal Youtube del Centro de la Cultura Popular Canaria, Elsa Baute como presidenta de Deniper, Margarita López Anadón como abogada especializada en derecho de familia, Eloy Cuadra como portavoz de la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta y algunas familias directamente afectadas.
Los participantes pretenden trasladar a la sociedad la realidad de lo que sucede con los menores que retiran a sus familias masivamente en Canarias, y por extensión en España entera. Un asunto que consideran totalmente tabú para buena parte de la ciudadanía, para la mayoría de medios de comunicación y para todo el espectro político en este país, pero que por su dimensión, gravedad, por el dolor que reporta y por el volumen de millones de euros que moviliza de manera fraudulenta, debería centrar la atención y el foco de toda la ciudadanía en España.
Sobre la situación actual, las organizaciones convocantes explican:
«A modo de ejemplo, el asunto de los menores africanos no acompañados, son algo más de 5.000 los que tenemos en Canarias, que no tienen padre ni madre que los cuiden y no hay más remedio que alojarlos en centros, por humanidad. Estos pocos jóvenes tienen a la clase política en España enfrentada, al presidente canario Clavijo dedicado en cuerpo y alma a ellos, y a los medios de comunicación ,especialmente los de Canarias, centrados en este tema como si no hubiera más noticias. En cambio los menores residentes tutelados en Canarias podrían llegar hasta 2.600, un porcentaje elevadísimo, y en España entera podríamos estar en torno a los 52.000 menores tutelados; la mayoría de estos niños tienen padres y madres y no tendrían por qué ser sustraídos a sus familias, familias en su mayor parte con pocos ingresos económicos, de origen humilde, madres jóvenes, solas, con poco apoyo de familiares, a veces por ser extranjeras, pero que en casi ningún caso son malas madres, y todo se arreglaría con una ayuda social y una mínima asistencia o acompañamiento.
En lugar de eso, las administraciones competentes en España prefieren retirar los menores a sus familias y enviarlos a centros o darlos en adopción, en base a un prejuicio de clase que tiende a calificar a estas familias como peligrosas para el menor, por presentar precariedad económica u origen social humilde (aporofobia), y en base también a un interés económico, porque detrás de cada menor tutelado hay en torno a 70.000 euros de entrada y una buena cantidad mensual que se reparten sin mucho control entre ONGs, profesionales, empresas y administraciones, dando forma a una macroindustria de empaquetado de niños que necesita de los niños para seguir funcionando. Y lo peor es que todos éstos, todos los que están en el ajo, en las administraciones, en el tercer sector y en las empresas beneficiarias, olvidan o no quieren ver que detrás de este negociazo y detrás de este supuesto interés superior del menor hay muchísimo sufrimiento, muchísima impunidad y muchísimas familias y niños rotos para siempre».