Por Gerardo Rodríguez
La Segunda República Española acabó de forma repentina y abrupta, cuando el 18 de julio de 1936 un alzamiento militar desencadenó la Guerra Civil Española que terminó con la victoria fascista tres años después y, lo que había sido una democracia plena para la época, quedó sepultada bajo los escombros producidos por un levantamiento de generales golpistas con el apoyo de la Iglesia y de las fuerzas monárquicas contrarias a todo tipo de progreso y de justicia social. Atrás quedaba un limitado pero intenso periodo de tiempo que supuso un avance sin precedentes en el desarrollo de los derechos de ciudadanía, de igualdad, de distribución de la riqueza y de educación, un oasis cultural y un modelo de Estado cuyas leyes estaban legitimadas por un Parlamento libremente elegido. Todo ello dentro del marco de la Constitución de la República Española de marzo de 1931, cuyo artículo primero dice: “España se constituye en una República democrática de trabajadores de toda clase que se organizan en régimen de libertad y justicia. Los poderes de todos los órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. La bandera española es roja, amarilla y morada.”
La dictadura del general Franco, que gobernó el país después de la Guerra Civil durante cuarenta años, no solo arruinó el proyecto de un Estado Democrático, Social y de Derecho, sino que rompió con la legalidad vigente hasta ese momento y sustituyó la Constitución de 1931, aprobada por voto popular, por las llamadas “Leyes Fundamentales del Movimiento”. Entre esas leyes se encontraba la “Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado” (1947) que establecía que España se configuraba como un Reino, aunque en ese momento no hubiera Rey. Fue el 22 de julio de 1969 cuando Franco designó, a dedo y sin consulta de ningún tipo, a Juan Carlos de Borbón y Borbón como su sucesor en la Jefatura de Estado. El futuro Rey Juan Carlos I, educado bajo la tutela de Franco desde los 10 años, juró entonces los “Principios del Movimiento Nacional” y “Las Leyes Fundamentales del Reino”, es decir, la legislación franquista. A la muerte de Franco, Juan Carlos I es proclamado Rey de España el 22 de noviembre de 1975 y desde entonces, la Monarquía se mantiene como forma de Estado, hoy bajo la figura de su hijo Felipe VI.
La República fue la refutación de siglos de Monarquía corrupta que esquilmó las arcas públicas en connivencia con las oligarquías locales, los caciques de casinos provincianos y la Iglesia, cuyo poder se extendía a la esfera pública, ignorando cualquier separación del Estado. Estos poderes fácticos mantenían en la ignorancia y el analfabetismo a amplias capas populares. Analfabetismo que llegó con altas tasas hasta la Transición.
Somos republicanos por muchos motivos más, yo diría que el último de ellos es el archipiélago de escándalos de todo tipo que envuelve a la Monarquía en los últimos años, protagonizados por un personaje que la historia oficial nos ha trasladado siempre como ejemplar, pero la realidad nos lo ha desvelado como un hombre carente de vergüenza propia y escrúpulos morales. La vida de Juan Carlos de Borbón está llena de capítulos bochornosos y escandalosos que hemos ido conociendo en los últimos años, aún está por resolver qué papel desempeñó en el Golpe de Estado del 13 de febrero de 1981. Digo que este es el último motivo porque podría suceder que tuviéramos un presidente de la República con comportamientos análogos y no por eso dejaríamos de ser republicanos, aunque también es cierto que en último término la República detenta mecanismos de defensa contra estos comportamientos inadecuados en la Jefatura del Estado que la monarquía hereditaria no posee, precisamente por ser no electa y por la inviolabilidad de la figura del rey.
Pero por eso siendo grave todo lo sucedido, en ese sentido no nos hace ser republicanos. Nos hace ser republicanos el hecho de creer que todos los poderes del Estado, incluyendo por supuesto la Jefatura, deben emanar de la voluntad popular y ser legitimados por la ciudadanía, es decir, nos hace ser republicanos el ser demócratas primero. No hay, ni debe haber, herencia recibida cuando se habla de cargos públicos o de responsabilidades de Estado.
El proceso de secularización emprendido en Europa desde el comienzo de la Modernidad, que condujo la separación de la Iglesia y el Estado, tiene una cuenta pendiente: la monarquía, porque la monarquía nos ata a un pasado ancestral donde la “gracia de Dios” juega un papel central en la legitimación del poder de una dinastía: los Borbón, Habsburgo, Braganza, Windsor, etc, siguen siendo reyes por la gracia de Dios. Ese reducto, no legitimado por la voluntad popular expresada en una consulta, debe desaparecer para garantizar la plena democratización de los poderes públicos. Con él también deben desaparecer los privilegios asociados al cargo, como la inviolabilidad que ha hecho posible que Juan Carlos I quedara impune de la mayoría de sus delitos.
Nos hace republicanos, asimismo, el creer que la legalidad quedó interrumpida al finalizar la Guerra Civil, y por tanto, que todo lo que emana a partir de ahí y que tiene su origen en el Régimen Franquista no tiene fuerza “de iure” aunque la tenga “de facto”. La Constitución Española de 1978, que incluyó la monarquía parlamentaria como forma de Estado, estaba condicionada porque fue redactada a posteriori de la propia entronización del monarca, y porque no se produjo una ruptura real con el Régimen Franquista, sino una componenda como fue la “Ley para la Reforma Política” (1977) mediante la cual Las Cortes Franquistas se auto disolvieron para dar paso a una nueva legalidad bajo la condición sine qua non de salvar la monarquía y al Rey nombrado por Franco y, de paso, garantizar la impunidad y el olvido de la represión durante las cuatro décadas de tiranía.
Por todo ello, singularmente también por el hecho de que hace 44 años no se le ha consultado a la ciudadanía sobre la forma de Estado, y teniendo presente este debate abierto, este interrogante sin la debida respuesta, los republicanos de todo el Estado convocamos un Referéndum sobre Monarquía o República que se celebró el 14 de marzo de 2022, al margen de las instituciones, porque entendíamos que la sociedad necesita ser escuchada y estar madura para cuando llegue el momento en que ese Referéndum sea oficial y permitido. También lo convocamos en ese momento porque es necesario forzar la máquina desde la movilización popular y la ciudadanía organizada para que el entramado político-institucional recoja las demandas históricas de la ciudadanía.
No es posible esperar a que se pongan de acuerdo los grandes partidos para reformar la Constitución de 1978, no lo van a hacer sin una movilización previa, y eso es lo que nosotros hicimos y vamos a seguir haciendo.
Los republicanos tenemos el deber de trabajar para la llegada de la Tercera República española y para que en nuestro país todos los poderes emanen de la soberanía popular. Sembramos para recoger, debemos hacer el esfuerzo de mantener viva la llama de la República y de un verdadero Estado Social y de Derecho donde no quepa la pervivencia de reductos del Régimen Franquista enquistados desde 1978. Debemos derrumbar los muros que aún se mantienen levantados y permiten que se atrincheren detrás de ellos los personajes tan peculiares como el rey Emérito, bajo el amparo de la inviolabilidad medieval de los Reyes, y debemos volar los puentes que nos atan a rancios arcaísmos que han sido tradicionalmente los responsables del atraso social, económico, cultural y moral en que se sumergió España por siglos.
Nosotros, los republicanos, continuaremos nuestra lucha.
Gerardo Rodríguez (miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC)