La Sala San Borondón del Centro de la Cultura Popular Canaria ha acogido este miércoles la charla-coloquio «La desprotección de los menores víctimas de abusos sexuales», a cargo de Sara Rodríguez Riley, abogada especialista en Derecho Penal, penitenciario y Familia; y Elisa Pérez Rosales, portavoz del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife.
Si cualquier acto de violencia es execrable, la que se comete contra los menores, la que tiene que ver con las agresiones, abusos sexuales y violaciones a niños y niñas es intolerable y nos debe poner en alerta como sociedad, exigiendo en primer lugar políticas de prevención para que no se produzcan, pero también exigiendo que funcionen todos aquellos mecanismos de los que nos hemos dotado y en particular el judicial, para garantizar el interés superior del menor.
Sara Rodríguez Riley es la abogada del caso de dos menores en La Laguna, que presuntamente han recibido malos tratos y agresiones sexuales por parte de su progenitor, que a pesar de la gravedad, sigue manteniendo la custodia compartida. En la denuncia, se solicitó la suspensión del régimen de visitas del padre para proteger a los menores hasta que los hechos sean completamente esclarecidos pero el juzgado rechaza suspender las visitas al padre. La letrada denuncia la situación de desprotección en la que se encuentran los menores.
Riley señala que existe en Canarias desidia y falta de diligencia por parte de los juzgados en los casos de menores víctimas de abusos sexuales. Y lamenta el doble discurso que por un lado anima a denunciar todo este tipo de casos, pero después no se hace caso, ni se protege a quienes denuncian y en especial a los menores víctimas.
También Elisa Pérez Rosales, desde el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, valoró a nivel general la situación en Canarias, resaltando la violencia institucional como concepto fundamental a la hora de analizar estos casos de desprotección de víctimas de agresiones sexuales. «La inacción por parte de las instituciones tiene unas consecuencias terribles para los menores, también para las madres cuya palabra es puesta en cuestión». Pérez Rosales afirmó que es evidente que el sistema no funciona y también señaló el discurso contrapuesto que por un lado invita a denunciar pero después no da una respuesta institucional. «te dicen que tienes que denunciar, sin tener en cuenta las circunstancias particulares que viven las mujeres, los menores y el entorno familiar».
También se destacó que no se debe obviar la existencia de determinados prejuicios de género desde la judicatura. Precisamente el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife en 2022 trasladó a la Diputación del Común su preocupación por el extremadamente bajo porcentaje de órdenes y medidas de protección y seguridad adoptadas en el Partido Judicial de La Laguna, en relación con otros partidos judiciales de la isla.