Escucha la entrevista con José Manuel Rivero, abogado
Un grupo de 150 abogadas y abogados firman en Las Palmas un comunicado exigiendo una solución al ministerio de Pilar Llop a colación de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, que ha afectado ya a más de 300.000 juicios y vistas en todo el Estado. Hablamos con José Manuel Rivero, uno de los abogados firmantes y apreciado amigo del Centro de la Cultura Popular Canaria.
Califica Rivero como “inaguantable” la actitud del ministerio de Justicia ante un conflicto laboral que se ha prolongado ya durante mes y medio. Afirma que dicha movilización es “legítima, legal y un ejercicio justo que están haciendo las Letradas y Letrados de la Administración de Jusiticia del derecho de huelga”.
Destaca el trabajo que hacen los anteriormente llamados Secretarios Judiciales, al ser “pieza fundamental dentro de la administración de justicia, es lo que contrarresta el poder omnímodo de un juez”, señala. En su tarea como fedatarios públicos, explica José Manuel Rivero que estos trabajadores están encargados también de “tutelar los derechos y libertades de los ciudadanos”.
Se muestra el abogado preocupado por la situación que se está viviendo en la justicia y las implicaciones que eso tiene en todos los ámbitos de la vida pública. Sostiene que “se está degradando el Estado social y democrático de Derecho y uno de sus pilares, que es el poder judicial, con un CGPJ que es rehén de la derecha y del fascismo español desde hace más de 4 años”.
José Manuel Rivero es uno de los 150 profesionales del Derecho firmantes de un comunicado que esperan ayude a presionar al ministerio de Justicia a llegar a un acuerdo con los trabajadores en huelga y garantizar el buen funcionamiento de la administración.
Reproducimos a continuación el literal de dicho comunicado:
“Las abogadas y abogados de Las Palmas identificados al pie de este escrito, nos dirigimos a esa Junta de Gobierno a fin de ponerles de manifiesto lo siguiente:
- Más de 1.500 letrados de la Administración de Justicia (LAJ), tras mes y medio en situación de huelga, han demostrado su firme intención de mantenerla el tiempo necesario hasta obtener un acuerdo, prolongándola indefinidamente caso de no alcanzarse.
- La falta de acuerdo está provocando un gravísimo perjuicio, cada vez más teñido de irreparable, del derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva y a contar con un sistema público que persiga una justicia efectiva y accesible, defensora de los derechos en el marco de la presente desigualdad social.
- A día de hoy se ha llegado a las 371.000 demandas pendientes de reparto. Los juicios y vistas suspendidos alcanzan los 311.500. Hay ya 6.000 millones de euros consignados en los Juzgados paralizados en su abono a sus destinatarios.
- El Ministerio de Justicia adquirió unos compromisos con este colectivo en abril de 2022. Es un hecho no controvertido reconocido por ambas partes, que estos acuerdos tras más de un año, no han sido cumplidos. Y que de cumplirse lo que tanto esfuerzo costó pactar en aquella fecha, el conflicto se resolvería de inmediato.
- El Ministerio de Justicia culpabiliza de su incumplimiento al Ministerio de Hacienda.
- Y ante todo ello, la escasez y pereza en convocar las necesaria reuniones de negociación, insistiendo en la habitual técnica de cancelar a la otra parte en conflicto, se denota como agresión al derecho constitucional de promoción mediante el trabajo y a la negociación colectiva.
- El Gobierno afirma que los LAJ reclaman una subida salarial de 1.100€ para cada uno de sus miembros. Y los LAJ responden que jamás se podrá encontrar esa propuesta en ninguna reclamación formulada por el colectivo ni en los Acuerdos de Abril de 2022. Los LAJ insisten en que no existe ninguna línea roja por su parte en esa cantidad. Es obvio que en los grandes conflictos, la verdad es la primera damnificada. No obstante ello, los LAJ muestran los pactos y los números y el Ministerio de Justicia la excusa de que Hacienda es la que no quiere.
- Embarcarse en la lucha por la justicia salarial, utilizando el legítimo instrumento de la huelga, a fin de conseguir que se remunere de manera equitativa y satisfactoria a todos los trabajadores dentro de una organización, de forma que estos satisfagan sus necesidades y las de su familia a la vez que perciben que sus esfuerzos y habilidades son compensados adecuadamente, es algo que redunda de manera decisiva en la conquista de la justicia social y del progreso de la sociedad.
- Han sido muy escasas reuniones para trabajar en el acuerdo. Si el objetivo del Ministerio es humillar a los LAJ, debe tener muy presente que “la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido”, como dijera Friedrich Nietzsche. Si el colectivo LAJ sale ultrajado, vejado o burlado de este conflicto, no hace falta mucha imaginación para pensar en el desmoralizado ambiente de trabajo y en consecuencia el derrumbe de eficiencia y productividad que se habría provocado en los Juzgados.
- Que se negocie con intensidad y lealtad, con transparencia en lo que se pide y en lo que se está dispuesto a aceptar, cuantificando hasta el último detalle, es la única vía de resolver este grave conflicto.
- Consideramos una buena propuesta para avanzar, la que se extiende como la pólvora por los foros de los operadores jurídicos: que el Gobierno convoque inmediatamente la mesa de negociación, con presencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con presencia en calidad de observadores/mediadores de representantes de las organizaciones sindicales y patronales, las asociaciones de jueces y magistrados y fiscales y de las organizaciones colegiales de abogados y procuradores. Y que estas reuniones no se levanten hasta que se logre el acuerdo.
- Se pretende con ello que los usuarios del servicio público de la Administración de Justicia y restantes operadores (abogados, procuradores, funcionarios), dejen de seguir siendo utilizados como rehenes en este conflicto y que las reivindicaciones salariales de quienes en él trabajan, tenga justa satisfacción.
SOLICITAMOS a esa Junta de Gobierno someta a su deliberación lo aquí planteado y adopte acuerdo aprobándolo en su caso, elevándolo al Consejo General de la Abogacía y Presidencia del Gobierno del Estado para su toma en consideración.”
Foto: Miguel Barreto/EFE