Escucha la entrevista con Lucía Rodríguez, presidenta de la asociación Hay Raíces
La semana pasada saltaba a los principales medios canarios -y algunos estatales- la denuncia de la asociación Hay Raíces de casos de abusos y explotación sexual sobre los migrantes del campamento ubicado en La Esperanza (El Rosario). Hablamos con Lucía Rodríguez, portavoz de la asociación, en Radio San Borondón.
“Llevábamos dos años denunciando y no se había hecho nada”, afirma Rodríguez. Según les consta, porque así lo han comunicado algunas de las propias víctimas, un número indeterminado de personas frecuenta los alrededores del campamento con la intención de coaccionar a los migrantes aprovechando su situación de vulnerabilidad.
Comenta Lucía Rodríguez que, si bien no existe un perfil concreto de las personas que han cometido estos abusos en cuanto a edad, sí son mayoritariamente hombres los que llevan a cabo estas prácticas. Según relata la presidenta de la asociación Hay Raíces, estas personas habrían estado aprovechándose del contexto de indefensión de los migrantes ofreciéndoles ropa, comida y hasta viajes a la Península para reencontrarse con sus familias.
Estar prácticas delictivas, señala la activista, “desvirtúan la ayuda de verdad de las personas voluntarias porque al final estos chicos acaban desconfiando y dejan de contar sus necesidades reales”.
Nuevas soluciones a dos meses de las elecciones
El revuelo mediático causado por la denuncia pública generó una reunión entre la asociación Hay Raíces y el diputado del Común, Rafael Yanes, donde el funcionario reconocía la dificultad de actuar sobre los casos que ya se habían producido. Sin embargo, les instó a recopilar toda la información que tuvieran para identificar a las personas que habrían estado cometiendo estos abusos y aseguró que buscarán la colaboración junto a la Policía Nacional para desarrollar los protocolos de prevención necesarios.
El diputado del Común también anunció la construcción de un edificio nuevo para alojar a los migrantes en Las Raíces, con recursos jurídicos, sanitarios y educativos. La propuesta llega dos meses antes de las elecciones y después de que el escándalo haya impactado en medios de comunicación generalistas, a pesar de que desde la asociación aseguran que llevaban dos años denunciado esta situación a la Policía Nacional y la entidad que gestiona el campamento.