Escucha la entrevista con Juan Hernández, agricultor y expresidente de la COAG de Gran Canaria
El alza de los precios que se está registrando desde el año pasado es la más pronunciada de las últimas cuatro décadas. El coste de los alimentos para el consumidor se ha incrementado cerca de un 15%, ¿pero ha supuesto eso una mejora en las cuentas de los agricultores? Hablamos en Radio San Borondón con Juan Hernández, campesino grancanario y expresidente de la COAG insular.
“La cesta de la compra está más cara, sí; pero esos incrementos al campo nunca llegan, se queda en el camino entre distribución y los operadores comerciales y el campo sigue con la misma miseria”, subraya Hernández. También para los agricultores se han disparado los precios de casi todos los elementos esenciales para su explotación, los costes de producción han subido hasta el doble en combustibles, abonos, semillas, etc.
“La col cerrá me la están pagando entre 18 y 30 céntimos y luego vas al supermercado y ves esto a 2,50 y 3 euros, dices ¿dónde se justifica eso?”, se pregunta Juan Hernández con indignación. Señala a las grandes cadenas, tres marcas de distribución que acaparan la mayor parte del mercado, por estar aprovechando esta situación para multiplicar sus beneficios. “Yo no quiero participar de ese atraco”, subraya el agricultor, explicando que los precios altos no son convenientes siquiera para los trabajadores del campo, puesto que desincentivan el consumo.
Relata la difícil situación en la que se encuentran los agricultores: “durante el coronavirus nos mantuvimos, pero ahora es imposible”. El aumento de los costes de producción y los grandes obstáculos para vender el producto por encima de su costo están expulsando a muchos trabajadores del campo. Cuenta cómo uno de sus compañeros ha abandonado recientemente el terreno que llevaba años cultivando, que le permitía incluso generar empleo para cuatro o cinco personas, para sacarse el carnet de chófer de camión.
Sin mercado por culpa de las ayudas
Juan Hernández se muestra muy crítico con las políticas desarrolladas desde las administraciones para con el campo. Explica que cada vez que el gobierno habilita una línea de ayudas, el distribuidor que está por encima de ellos lo detraen a los productores del precio de la cosecha.
“¿Que usted me de a mí una ayuda porque el que me compra me compra por debajo de lo que me cuesta producir? Usted no está bien de la cabeza. Yo tengo que sacar mi renta de mi trabajo, no de esperar un año a que me lleguen unos fondos europeos”, argumenta.
Considera Hernández que con este sistema de ayudas, se les ha dejado sin mercado, que lo que hace falta son incentivos para dinamizar la comercialización. “El precio nos lo pone el que nos compra, nosotros sí sabemos cuánto cuesta nuestro trabajo y las semillas y el gasóleo, pero nunca ha podido el campo poner los precios, no ha sucedido ni va a suceder”, afirma.
Rechaza la idea de recortar el AIEM, que pretende proteger la producción local, puesto que no es el causante del aumento de los precios y ello conllevaría peores consecuencias para los trabajadores del campo.